En una carta abierta, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios SEUP S.I., se pronunció sobre la salida de la Cárcel Judicial ‘Rodrigo de Bastidas’, de Santa Marta, del recluso Farid Zúñiga, mediante una boleta de libertad falsa, hecho en el que involucran al abogado Javier Redondo, asesor jurídico de dicho establecimiento penitenciario.
En el escrito hacen constar que lo ocurrido va en contravía de los principios éticos y legales que rigen el comportamiento de los funcionarios que allí laboran.
El documento a la letra dice:
El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios SEUP S.I., expresa su profunda preocupación y rechazo ante los recientes eventos relacionados con el señor Javier Redondo, asesor jurídico del establecimiento penitenciario y carcelario de Santa Marta.
Nos vemos en la obligación de informar a la comunidad sobre las acciones inaceptables que han salido a la luz recientemente.
Se ha tenido conocimiento de que el señor Javier Redondo, en su calidad de asesor jurídico, habría participado en la presunta falsificación de una boleta de libertad de un privado de la libertad de nuestro establecimiento.
Esta situación es contraria a los principios éticos y legales que rigen el comportamiento de los funcionarios que laboran en este centro carcelario y va en contra de los valores fundamentales de nuestra institución.
Los trabajadores del establecimiento penitenciario y carcelario de Santa Marta, rechazamos categóricamente cualquier forma de corrupción, fraude o actuación ilícita.
La integridad y el respeto a la legalidad son fundamentales para mantener la confianza de nuestra comunidad y garantizar el correcto funcionamiento y los fines esenciales de los que se nos encomendó.
Ya el INPEC y la oficina de control interno ha iniciado de inmediato la activación de los mecanismos disciplinarios que permitan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de todas las partes involucradas.
Queremos informar a la comunidad y a todas las partes afectadas que estamos comprometidos con la transparencia y la lucha incansable contra la corrupción.
Reiteramos nuestro compromiso con los más altos estándares éticos y legales, para garantizar un entorno seguro y justo para la población privada de la libertad y los funcionarios de este establecimiento.
