MEDELLÍN_ Cristian Camilo López Pontón, joven Juez de la República oriundo de Santa Marta, enfrenta un panorama crítico tras recibir dos amenazas de muerte este año relacionadas con su labor judicial en el municipio de Guadalupe, Antioquia. López Pontón, nombrado como Juez Promiscuo Municipal en abril de 2022, denunció que las medidas de protección otorgadas son insuficientes para garantizar su seguridad y la de su familia, en un contexto donde los actores violentos aún representan un peligro latente.
El juez relató que la primera amenaza ocurrió en febrero, vinculada a un caso de violencia intrafamiliar en el municipio de Carolina del Príncipe. A pesar de solicitar medidas de protección de inmediato, estas solo se implementaron seis meses después y consisten en un único escolta asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, la situación se agravó el pasado 13 de noviembre, cuando recibió un mensaje intimidante que involucraba a su esposa y al escolta asignado, esta vez por un proceso judicial relacionado con el embargo de una finca en Gómez Plata.
“La amenaza dice que si llego a rematar ese predio, me van a matar a mí, a mi mujer y al ‘patico’ que me pusieron para cuidarme, haciendo referencia al funcionario de la UNP”, expresó López Pontón, evidenciando el alto riesgo que enfrenta.
Ante este escenario, el juez hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro, pidiendo mayor equidad en la asignación de medidas de seguridad. “No es justo que un gestor de paz esté protegido con cuatro camionetas blindadas y diez hombres, mientras un juez que enfrenta solo la administración de justicia tenga apenas un personal de custodia”, manifestó, criticando la prioridad otorgada a actores armados sobre los servidores públicos en zonas vulnerables.
Las autoridades locales han condenado los hechos y aseguraron que tomarán las acciones necesarias para proteger al juez y su entorno. Sin embargo, la situación pone de relieve la precariedad con la que muchos operadores judiciales enfrentan amenazas mientras intentan impartir justicia en regiones afectadas por la violencia.
López Pontón continúa con su labor, pero reiteró la urgencia de un respaldo más contundente por parte del Estado para salvaguardar a quienes, como él, enfrentan la criminalidad desde las instituciones judiciales.
