BARRANQUILLA_ El agente interventor de la empresa Air-e, Edwin Palma, ha solicitado al nuevo procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, que inicie gestiones para garantizar que los funcionarios públicos que representan a entidades oficiales con millonarias deudas en el servicio de energía, cumplan con su obligación de pago.
En una carta enviada al procurador, Air-e detalló una ficha técnica con los diez usuarios oficiales más morosos ubicados en los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena, donde la empresa presta el servicio. La información proporcionada incluye la ubicación, categoría, actividad, número de facturas en mora y el saldo pendiente hasta el 30 de diciembre de 2024, el cual superaría los $94 mil millones.
Palma explicó que tras la toma de posesión de Air-e bajo la modalidad de administración temporal con fines liquidatorios, según lo dispuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se encontró un grave deterioro financiero, atribuido en gran parte a la morosidad de los usuarios oficiales.
«La mora en el pago de la energía por parte de las entidades oficiales es especialmente preocupante, dado que los funcionarios públicos representan a los distintos estamentos del Estado y deben servir de ejemplo a la comunidad», manifestó Palma en la comunicación. Además, subrayó que la mayor parte de la cartera está concentrada en bienes constitucionalmente protegidos, donde la ley impide la suspensión del servicio, lo que ha sido utilizado por los funcionarios como un pretexto para el incumplimiento de sus obligaciones.
En su misiva, el interventor de Air-e citó los artículos 12 de la Ley 142 de 1994 y 49 de la Ley 143 de 1994, que establecen sanciones disciplinarias severas, incluida la destitución, para los representantes de entidades que no presupuesten y paguen oportunamente el servicio de energía. Palma insistió en que la falta de pago compromete la operación financiera de la empresa y afecta la prestación continua del servicio, lo que a su vez atenta contra la finalidad social del Estado.
La carta concluye reiterando la urgencia de tomar medidas disciplinarias y fiscales contra los responsables del incumplimiento, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera de Air-e y la continuidad en la prestación del servicio eléctrico a la comunidad.
