SANTA MARTA_ En lo que va del año 2025, el departamento del Magdalena ha registrado 12 feminicidios, una cifra que no solo evidencia la pérdida de vidas, sino también la brutalidad con la que estas mujeres fueron asesinadas: muchas con sevicia, premeditación y exposición pública de sus cuerpos. En la mayoría de los casos, los agresores eran parejas o exparejas, lo que refleja un patrón de violencia intrafamiliar sostenida y no atendida a tiempo.
Los municipios de Santa Marta, Ciénaga, El Banco y Zona Bananera concentran las tasas más alarmantes de violencia estructural contra la mujer. La capital del Magdalena, en particular, aparece de forma reiterada entre las diez ciudades con mayores índices de violencia de género a nivel nacional.
Sin embargo, el feminicidio es apenas la punta del iceberg. Detrás de cada asesinato hay historias de violencia sexual, amenazas, tentativas de homicidio y múltiples formas de maltrato que se reproducen en un contexto cultural machista, con un sistema institucional que falla en proteger a las víctimas.
“La ruta de protección solo parece activarse cuando una mujer es asesinada”, advierte la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar. Según ella, las campañas institucionales no son suficientes para erradicar el problema. “Se necesita un enfoque estructural que intervenga desde los colegios, universidades y espacios culturales para desarticular este ciclo de violencia desde la raíz”.
Uno de los puntos más críticos del sistema, asegura Vera, es el acompañamiento judicial. A pesar de algunos avances promovidos por convenios entre la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer, estos esfuerzos suelen estar limitados a casos mediáticos o que cuentan con el respaldo de periodistas y activistas. “La mayoría de mujeres enfrentan un sistema que primero las revictimiza, luego no les garantiza defensa jurídica efectiva y mucho menos atención psicológica especializada”, enfatiza.
La impunidad continúa siendo el denominador común. Según cifras extraoficiales, más del 90% de los casos de violencia intrafamiliar no terminan en condena, y las tentativas de feminicidio rara vez previenen nuevos ataques, a pesar de denuncias previas contra los agresores. En los casos de abuso sexual, la impunidad supera el 75%, y las amenazas feminicidas alcanzan el 90%.
A esto se suma un sistema de salud que obliga a las víctimas a iniciar el proceso en medicina general, con personal que en muchos casos no cuenta con formación para atender situaciones de violencia de género. Esta primera barrera hace que muchas mujeres desistan, dejándolas aún más expuestas al riesgo.
Cada feminicidio en el Magdalena es un reflejo del fracaso de un sistema que no ha logrado prevenir ni sancionar de manera efectiva la violencia contra las mujeres. Mientras tanto, cientos de ellas siguen atrapadas en ciclos de maltrato, en un territorio donde ser mujer, lamentablemente, sigue siendo una condición de alto riesgo.
