El dato de inflación anual en junio de 2025 (4,82 %) ha sido celebrado con entusiasmo por el Gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro, desde su cuenta de X, afirmó que “la inflación ha sido controlada” y sugirió que la tasa de intervención del Banco de la República debe reducirse “de inmediato” para evitar una potencial estanflación (Petro, 2025). Se trata de un logro significativo: frente al mismo mes del año anterior, la inflación se redujo en 2,36 puntos porcentuales (DANE, 2025a), lo que representa un alivio macroeconómico relevante en un entorno marcado por tensiones fiscales internas y volatilidad internacional.
Sin embargo, la lectura política promovida por el Ejecutivo corre el riesgo de sobredimensionar un resultado puntual. El boletín técnico del DANE (2025a) indica que buena parte del ajuste inflacionario se explica por la caída de precios altamente volátiles como la papa (-37,2 %), el tomate de árbol (-14,7 %) y el arroz (-3,8 %), productos con un peso significativo en la canasta del IPC. Entretanto, rubros más persistentes como arriendos, transporte urbano, gas, educación y restaurantes mantienen variaciones por encima del promedio nacional. Esta divergencia plantea dudas razonables sobre la sostenibilidad de la convergencia inflacionaria.
En paralelo, el panorama fiscal sigue deteriorándose. Como advierte Fedesarrollo (2025a), tras la decisión de aplazar el cumplimiento de la regla fiscal hasta 2027, el déficit proyectado para este año se ubica en 7,5 % del PIB, con una deuda pública que podría alcanzar el 62,8 %. Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “este va a ser el segundo déficit más alto en la historia del país (…) y es realmente muy difícil la situación en el frente fiscal” (Mejía, 2025). Así, los avances inflacionarios podrían reflejar más una demanda debilitada que un entorno macroeconómico robusto. Como advierte un reciente editorial de El Espectador, “la estabilidad macroeconómica no se consigue solo con bajas tasas de inflación, sino con una economía fiscalmente responsable” (El Espectador, 2025, párr. 4).
A la espera de la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) el último viernes de julio, analistas del mercado y bancos de inversión anticipan una reducción moderada de la tasa de intervención, probablemente de 25 puntos básicos (Fedesarrollo-BVC, 2025; Corficolombiana, 2025; Bancolombia, 2025; Fedesarrollo, 2025b). Aunque la inflación anual se ha moderado, las expectativas siguen por encima del rango meta del Banco (3 % ± 1 pp), y los precios regulados mantienen presión. Por ello, la JDBR ha sostenido una estrategia de desinflación gradual, evitando giros prematuros. En palabras del propio emisor: “la política monetaria debe mantenerse en terreno restrictivo hasta garantizar la convergencia de la inflación a la meta” (Banco de la República, 2025a, p. 12).
En esa misma línea, Laura Moisa, codirectora del Banco, recordó que “las decisiones monetarias no pueden responder a ciclos políticos, sino a fundamentos macroeconómicos robustos” (Moisa, 2025, 00:14:30). Leonardo Villar, gerente general del Banco, advirtió en la Convención Bancaria que “el país ha logrado avances en el control de la inflación, pero aún persisten riesgos asociados al entorno internacional y al deterioro fiscal” (Villar, 2025, párr. 3). Si el desorden fiscal persiste y la prima de riesgo no cede, el margen para recortes agresivos será limitado.
Así como la coyuntura exige prudencia monetaria y responsabilidad fiscal, también obliga a revisar los fundamentos institucionales que permiten que esas decisiones se adopten con independencia y rigor técnico. En efecto, el Banco de la República no es solo un ejecutor de política monetaria: es una institución constitucionalmente diseñada para actuar como contrapeso técnico al ciclo político. Su función esencial —preservar el poder adquisitivo de la moneda— fue consagrada en el artículo 373 de la Constitución, y desarrollada por la Ley 31 de 1992. Esta arquitectura institucional fue deliberadamente blindada durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, bajo una lógica que, desde la teoría normativa, puede leerse como una aplicación del velo de la ignorancia de Rawls: al no saber quién gobernaría después, los constituyentes optaron por un diseño que resistiera los vaivenes del poder político (Morón, 2010).
La composición escalonada de la JDBR materializa ese blindaje institucional. Está conformada por siete miembros: el ministro de Hacienda, el Gerente General del Banco y cinco codirectores, cuyos periodos son de cuatro años con posibilidad de reelección, pero no coinciden con el cuatrienio presidencial. Esto implica que, en condiciones regulares, un presidente solo puede nombrar dos o tres codirectores. Solo en los casos de reelección inmediata —como ocurrió con Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos— se logró nombrar cuatro de los cinco codirectores durante un mismo gobierno, algo que con la prohibición de reelección ya no volverá a suceder (Pérez, 2023). Esta estructura impide la captura política del Banco y refuerza su carácter técnico y colegiado.
Este diseño, sin embargo, no está exento de cuestionamientos. Parada y Cepeda (2011) advierten que una independencia extrema puede tensionarse con la legitimidad democrática, dado que las decisiones sobre crédito, tasas de interés o inflación afectan directamente el bienestar de los hogares. Desde su perspectiva, la autonomía del emisor debe articularse con mecanismos de coordinación macroeconómica y control ciudadano sobre los lineamientos del desarrollo. También han señalado que el uso sostenido de tasas elevadas para contener la inflación puede terminar castigando desproporcionadamente a sectores sociales con escasa representación ante el emisor.
A pesar de ello, la evidencia empírica muestra que la autonomía ha fortalecido la credibilidad del Banco. Kalmanovitz (2000) y Blinder (1998) sostienen que los bancos centrales autónomos logran mejores resultados en estabilidad de precios, siempre que sus mandatos sean claros y su gobernanza, técnica. En ese sentido, la actual Junta —con tres codirectoras nombradas por el presidente Gustavo Petro: Olga Lucía Acosta, Lina Salazar y Laura Moisa— refleja una ampliación del enfoque sin que ello comprometa el mandato principal. Como destaca Muñoz (2025), la pluralidad técnica no ha debilitado la coherencia del emisor, sino que ha reforzado su legitimidad.
Los avances en materia inflacionaria en 2025 no pueden entenderse sin el arreglo institucional adoptado hace más de tres décadas. Desde la Constitución de 1991 y la Ley 31 de 1992, el país definió una arquitectura robusta para su banco central, con autonomía funcional y un mandato orientado a la estabilidad de precios. Esa decisión, sustentada en una racionalidad intertemporal y diseñada bajo el velo de la ignorancia (Morón, 2010), permitió aislar la política monetaria de las presiones de corto plazo, consolidando un ancla creíble de expectativas.
Como señala Kalmanovitz (2000), la independencia del banco central no es un tecnicismo sino una condición necesaria para la credibilidad. En la misma línea, Rosende (2007) subraya que la autonomía y la transparencia del banco son atributos clave para contener sesgos inflacionarios de corto plazo. La literatura sobre instituciones y desarrollo ha mostrado que estas reglas del juego, cuando están bien diseñadas, reducen la incertidumbre, estabilizan los ingresos reales y generan condiciones para la inversión productiva (North, 1990; Acemoglu y Robinson, 2012; Chang, 2006).
No obstante, como advierte Morón (1998), las capacidades estatales son asimétricas a nivel territorial, lo que limita la traducción de la estabilidad macroeconómica en mejoras sustantivas del bienestar en muchas regiones. Wiesner (2004) ya advertía que la desconexión entre instituciones nacionales fuertes y gobiernos subnacionales débiles genera círculos viciosos de desigualdad y baja legitimidad.
Ahí es donde está el detalle. El desafío no es solo preservar la independencia del Banco o mantener la inflación dentro del rango meta. El verdadero reto institucional consiste en territorializar los beneficios de la estabilidad macroeconómica, mediante el fortalecimiento de capacidades estatales locales, reglas de coordinación multiescalar y presencia pública efectiva. Como plantea Parada (2023), las instituciones no deben limitarse a administrar el statu quo: deben cerrar brechas históricas y corregir desigualdades acumuladas. Esa sí que es una tarea pendiente.
