Durante cinco siglos desde su fundación en 1525, Santa Marta ha contado con más de 300 alcaldes, entre titulares e interinos, bajo distintos regímenes políticos. La cifra se estima con base en los ciclos administrativos: el colonial (1525–1810), el republicano centralista sin elección popular (1810–1988) y la democrática posterior a la descentralización, dado que no existe un registro oficial consolidado. En la época colonial, durante 285 años, el Cabildo designaba en promedio dos alcaldes ordinarios —de primer y segundo voto— siguiendo el modelo castellano, con funciones de justicia, policía y administración (Tirado, 1982). En la etapa republicana sin elecciones, los alcaldes eran designados por el gobernador o el Ejecutivo nacional, sin participación ciudadana y con alta rotación por razones políticas, administrativas o militares (Viloria de la Hoz, 2014; Registraduría Nacional, 2013). La descentralización introducida con el Acto Legislativo 01 de 1986 instauró la elección popular de alcaldes, vigente desde 1988 (Congreso de Colombia, 1986). Desde entonces fueron elegidos Alfonso Vives Campo, José Ignacio Vives Echeverría, Hugo Gnecco, Edgardo Vives Campo, Jaime Solano, nuevamente Gnecco, José Francisco Zúñiga y Juan Pablo Díazgranados.
Por más de una década, Santa Marta fue gobernada por Fuerza Ciudadana bajo la promesa de cambio. Entre 2012 y 2023 se ejecutaron tres planes de desarrollo —Equidad para Todos, Ciudad del Buen Vivir y Corazón del Cambio— con un presupuesto acumulado superior a $9,7 billones constantes de 2024, centrados en infraestructura, recuperación de espacios y ampliación de coberturas sociales (Alcaldía de Santa Marta, 2023). Se intervinieron más de 300 calles, se construyeron 70 parques, se formuló el proyecto hídrico El Curval, la cobertura en salud superó el 90 % y en educación básica y media alcanzó el 81,6 %. A 18 meses del nuevo gobierno y en vísperas del quincentenario, la pregunta sigue siendo: ¿cuánto cambió la vida cotidiana en barrios como Gaira, Cantilito o El Pando?
La pobreza monetaria, que había descendido de 39 % en 2012 a 33,4 % en 2017, aumentó nuevamente tras la pandemia, alcanzando el 37,9 % en 2024, según los datos más recientes publicados por el DANE (2025). La informalidad laboral se mantuvo entre 62 % y 68 %, afectando a jóvenes y mujeres (ORMET Magdalena, 2025). En Santa Marta, la informalidad responde a exclusión institucional más que a evasión deliberada. En educación, el rezago es marcado: la extraedad en media es 28,4 %, la deserción del 6,5 %, y más de 40 colegios están en categorías C o D. Solo el 38 % de los bachilleres accede a educación superior, en su mayoría a programas técnicos de baja calidad y alta deserción (SNIES, 2023; ICFES, 2024). El promedio Saber 11 fue de 238, puesto 20 entre 23 capitales. Sin movilidad educativa no hay movilidad social.
La ciudad sigue anclada en sectores de bajo valor agregado: comercio informal, transporte precario y turismo desarticulado. En 2024, 2,2 millones de turistas visitaron Santa Marta; solo el 32 % usó servicios formales, el resto accedió a oferta informal (Cotelco Magdalena, 2024). El 60 % del empleo turístico es informal y el 71 % de las viviendas turísticas no tiene licencia ni RNT (MinCIT, 2024). Según Escobar, Mercado y Cormane (2024), la parahotelería digital erosiona la base tributaria, genera competencia desleal y desordena el territorio. Pese a su riguroso diagnóstico y propuestas de diversificación, el Plan Maestro de Turismo 2016–2025 no se articuló con las políticas de ordenamiento ni las estrategias presupuestales del Distrito. Bayona (2025) plantea que Santa Marta, como ciudad centenaria, podría convertirse en polo de atracción internacional si articula su patrimonio con turismo sostenible y biodiversidad, siguiendo modelos como Sevilla.
Más de 25.000 personas dependen del mototaxismo, que representa más del 6 % del PIB local. Sus ingresos diarios promedian $35.000, sin afiliación a seguridad social ni protección laboral (Mendoza y Morón, 2012; Arévalo y Morón, 2025). Esta forma de subsistencia refleja la incapacidad del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), inconcluso hace más de una década. En 2023, el 71,5 % del parque automotor distrital eran motocicletas y solo 260 buses operaban formalmente (RUNT, 2024). En 2024, se registraron 131 muertes por siniestros viales, un aumento del 14 % frente a 2023 (ANSV, 2024; Opinión Caribe, 2025). El 66 % de los fallecidos eran motociclistas, lo que evidencia la urgencia de reformular estrategias de movilidad, seguridad vial e inclusión laboral.
En servicios públicos, los déficits son estructurales. Solo el 79,6 % de los hogares tiene acueducto y el 73,3 % alcantarillado (DANE, 2024a). En barrios como Altos de Delicias o Nueva Frontera, el déficit supera el 60 % (Alcaldía de Santa Marta, 2023). La Corte Constitucional suspendió licencias de construcción en zonas sin alcantarillado (T-290 de 2024), reflejando la desconexión entre crecimiento urbano y capacidad instalada. Aunque la cobertura en salud supera el 90 %, no se traduce en acceso efectivo: el 70 % de los hospitales públicos tiene déficit financiero, las citas especializadas tardan más de 40 días y solo hay 1,3 camas por cada 1.000 habitantes, por debajo del estándar OMS (Supersalud, 2024; MinSalud, 2025).
En seguridad, en 2023 hubo 195 homicidios (tasa de 35,1); en 2024 subió a 206 (tasa de 36,7) (DANE, 2024d; El Tiempo, 2024). Don Jaca, Pescaíto o Bonda están bajo control de estructuras armadas que imponen fronteras invisibles, control territorial y extorsión (INMLCF, 2024; Vera, 2025). Entre enero y mayo de 2025, se registraron 11 asesinatos sistemáticos de mototaxistas y 23 desmembramientos, con esclarecimiento inferior al 15 % (Dimas, 2025). La represión sin prevención ni justicia local no ha reducido la violencia, que impacta a jóvenes populares.
La percepción ciudadana expresa fractura social. Según Santa Marta Cómo Vamos (2024), el 67,4 % de los estratos bajos percibe deterioro económico y el 70,3 % de las mujeres considera que la ciudad va por mal camino. El 37,8 % de los hogares comió menos de tres veces al día. Solo uno de cada cuatro delitos es denunciado y el 60 % de la población se declara insatisfecha con agua y energía. No es que no crean en las instituciones: es que no se lo han ganado.
Fiscalmente, la ciudad depende de transferencias. Entre 2012 y 2023, el 67 % del presupuesto provino del SGP y regalías; los ingresos propios fueron apenas el 8 % (DNP, 2024). El Índice de Desempeño Fiscal fue 66,2 en 2023. Según el ICC (2024), Santa Marta está en los últimos lugares en sostenibilidad fiscal, gobierno digital y articulación institucional. La capacidad de ejecución y planeación de largo plazo sigue siendo baja. A esto se suman una baja eficiencia del gasto y una débil institucionalidad contractual. La ciudad ha sido más gestora de transferencias que promotora de transformación estructural.
El nuevo Plan de Desarrollo “Santa Marta 500+” plantea cinco propósitos estratégicos, 419 metas y un presupuesto plurianual de $7,6 billones. Incluye iniciativas como el Sello Trabajo Digno, Zonas de Innovación Productiva, la Ruta de Formalización y Talento Santa Marta (Alcaldía de Santa Marta, 2024; Universidad del Magdalena, 2024). Pero como advierte Rodríguez (2022), los impactos solo se materializan con sistemas estables, no con planes episódicos. Como señalaron Berner y Milani (2019), la continuidad sin calidad termina por erosionar la legitimidad institucional. La efectividad del plan también dependerá de su articulación con los instrumentos de planificación sectorial existentes. La falta de armonización entre el POT vigente y los planes maestros de servicios públicos, movilidad y turismo ha limitado la coherencia territorial, dificultando la gestión del suelo y la inversión pública multianual.
Las propuestas de actores locales cobran relevancia. Pro Santa Vital impulsa la economía creativa y la revitalización del centro; Cajamag desarrolla formación dual para jóvenes; la Cámara de Comercio articula clústeres productivos. La Universidad del Magdalena lidera estudios sobre informalidad, NEET y turismo sostenible (De la Torre y Morón, 2023). El ORMET Magdalena genera estadísticas laborales que deberían orientar la planificación distrital. Sin embargo, la articulación interinstitucional es débil y los espacios de gobernanza no logran integrar estos insumos en decisiones efectivas. Es indispensable fortalecer las capacidades técnicas del Distrito para sistematizar datos, evaluar impacto y tomar decisiones basadas en evidencia. Sin gestión del conocimiento, la política pública será reactiva y fragmentada.
Santa Marta requiere una política integral de empleo juvenil con enfoque de género, reconversión gradual del mototaxismo y una transición educativa que articule media, técnica y superior. El turismo debe gestionarse con un fondo distrital de formalización, enlazado con cadenas de valor locales y estándares internacionales. Es urgente una política de movilidad que combine integración de modos informales, acceso seguro, sostenibilidad operativa y formalización progresiva con incentivos reales. La reconversión laboral debe incluir certificación de saberes, ingresos mínimos de transición y esquemas de protección. En salud, debe priorizarse la prevención, la atención territorializada y la articulación entre actores del sistema. En educación, se requiere una estrategia de transición educativa con orientación vocacional y permanencia. En seguridad, la respuesta no puede ser solo punitiva: se requiere articulación entre justicia local, prevención comunitaria y una política criminal ajustada al contexto urbano de frontera.
La sostenibilidad fiscal del Distrito depende de mejorar los ingresos propios, institucionalizar la planeación multianual y aumentar la eficiencia del gasto. No basta con más planes ni con retóricas del cambio. Lo que ha sido durante cinco siglos no justifica no mejorar en los próximos cincuenta. Porque, como advertía Sabina con amarga lucidez, “al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver”, salvo que vuelvas a corregir lo que hiciste mal.
