SANTA MARTA_ Un certero golpe a la minería ilegal asestaron en el Magdalena el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con Corpamag, al desmantelar un complejo de extracción ilícita de oro a cielo abierto, de tipo aluvial.
El operativo tuvo lugar en estribaciones de la Sierra Nevada, en un sitio limítrofe de los municipios de Ciénaga y Zona Bananera.
Operaba mediante un sistema altamente mecanizado, empleando maquinaria pesada tipo retroexcavadoras sobre orugas, estructuras modulares para la clasificación de material y equipos industriales de bombeo para la captación ilegal de agua.
No poseía título minero otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y sin licencia ambiental otorgada por Corpamag, lo que constituye una grave infracción a la normatividad vigente.
El oro tipo aluvial es aquel que se encuentra libre en forma de pepitas, escamas o polvo en los depósitos de sedimentos (arena, grava) de ríos, arroyos y playas, desprendido de su roca madre por erosión.
LAS AFECTACIONES
El accionar de la infraestructura minera causó un grave daño a los recursos naturales del sector, evidenciándose un nivel crítico de degradación ambiental, en un área de intervención directa de aproximadamente 5 hectáreas.
El equipo técnico de Corpamag identificó el arrasamiento total de la cobertura vegetal nativa, la alteración severa de los suelos a través de profundas excavaciones y zanjas, y una afectación directa a la dinámica hídrica de la zona.
Además, los cuerpos de agua sufrieron vertimientos continuos de lodos y sedimentos, a lo que se suma el inminente riesgo de contaminación química por combustibles que caen directamente sobre el suelo.
“Esta ha sido el área de actividad minera más grande encontrada en el departamento del Magdalena. La Corporación impondrá una medida preventiva de suspensión inmediata de actividades en el área intervenida”, aseguró Gustavo Valdés Pertuz, Subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag.
LLAMADO DE ATENCION
La práctica de estas actividades ilegales conlleva implicaciones penales contempladas en la Ley 599 de 2000, entre las que se encuentran el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, la explotación ilícita de yacimientos mineros, los daños en los recursos naturales y el ecocidio, entre otros delitos.
«Instamos a la opinión pública a denunciar de manera oportuna ante las autoridades competentes, llámese Corpamag, Policía, Ejército, Fiscalía) cualquier actividad sospechosa relacionada con el ingreso de maquinaria pesada a zonas rurales, la tala indiscriminada o la contaminación inusual de nuestros ríos», dijo Alfredo Martinez, director de Corpamag.
Agregó que «combatir este flagelo y detener la degradación de nuestros ecosistemas es un deber compartido que requiere el apoyo activo de todos los ciudadanos».
