SANTA MARTA_ La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Juez Novena Penal del Circuito con Función de Conocimiento que emita un sentido de fallo condenatorio contra el exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, dentro del proceso que se adelanta por presuntas irregularidades en la contratación de la denominada Red de Parques de la ciudad.
Durante los alegatos de conclusión, el fiscal delegado sostuvo que Caicedo habría incumplido requisitos esenciales de la contratación estatal al modificar la licitación pública 011 de 2014, inicialmente destinada a obras de embellecimiento y recuperación urbana en Santa Marta.
Según la Fiscalía, el proyecto pasó de contemplar cinco parques a incluir 16 y su presupuesto aumentó de cerca de $6.000 millones a más de $19.000 millones. El ente acusador señaló que esas modificaciones se habrían realizado sin nuevos estudios técnicos, análisis de costos, planos, estudios de geotecnia ni documentos de viabilidad.
La acusación se concentra, entre otros, en los contratos 390 y 413 de 2015. Para la Fiscalía, las actuaciones investigadas habrían desconocido los principios de planeación y responsabilidad previstos en la contratación pública.
El delegado del ente acusador afirmó ante el juzgado que las pruebas practicadas durante el juicio permitirían, en criterio de la Fiscalía, sustentar una condena más allá de toda duda razonable.
Caicedo es procesado por la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo y sucesivo, a título de dolo y en calidad de autor.
El proceso tiene su origen en obras adelantadas durante 2015, cuando Caicedo ejercía como alcalde de Santa Marta. La Fiscalía sostiene que algunas de las actuaciones investigadas también se extendieron posteriormente durante su etapa como gobernador del Magdalena.
Sin embargo, la solicitud presentada por la Fiscalía no equivale a una condena. La defensa del exmandatario aún podrá exponer sus argumentos y será la Juez Novena Penal del Circuito la encargada de valorar las pruebas y definir, en primera instancia, si existe o no responsabilidad penal.
