SANTA MARTA_ La prolongada crisis de abastecimiento de agua potable en Santa Marta quedó bajo seguimiento judicial. El Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó la creación de un Comité de Verificación de Cumplimiento, encargado de supervisar las acciones que deberán ejecutar las entidades responsables para solucionar los problemas estructurales del sistema de acueducto y saneamiento básico de la ciudad.
La decisión forma parte de un fallo de primera instancia, proferido el pasado 30 de septiembre, mediante el cual la corporación amparó los derechos colectivos de los samarios ante las deficiencias que durante años han afectado la prestación de estos servicios públicos.
La sentencia, con ponencia de la magistrada Maribel Mendoza Jiménez, establece obligaciones relacionadas con la identificación de nuevas fuentes de abastecimiento, la modernización de las redes de distribución, la reducción de pérdidas de agua y el mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado sanitario y pluvial.
Entre las medidas contempladas se encuentra la priorización de recursos para la Planta de Tratamiento de Agua Potable de El Curval, así como el diseño y construcción de la planta de Toribio. También se exige avanzar en la adopción de un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que permita establecer las inversiones y obras necesarias para superar las actuales deficiencias.
Uno de los puntos centrales de la decisión judicial está relacionado con las alternativas de abastecimiento a largo plazo. En este sentido, se ha planteado la necesidad de evaluar el aprovechamiento de los ríos Don Diego y Buritaca, provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, antes de avanzar con propuestas de captación desde el río Magdalena.
Este aspecto adquiere especial relevancia frente a la iniciativa del Gobierno nacional denominada El Milagro del Agua, que contempla el aprovechamiento del río Magdalena como alternativa para garantizar el suministro a la capital del departamento.
El representante a la Cámara Felipe Hernández solicitó al Tribunal agilizar la instalación del comité y requerir a las entidades involucradas para que designen a sus delegados. Asimismo, insistió en que las decisiones sobre nuevas fuentes de abastecimiento deben ajustarse a las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en la sentencia.
El seguimiento judicial también abarcará las obras destinadas a mejorar el alcantarillado sanitario y pluvial, la recuperación de las rondas hídricas de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, y la quebrada Bureche, además de las medidas para proteger las fuentes de agua y controlar los impactos ambientales.
El comité contará con la participación de entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Santa Marta, la Essmar, la Gobernación del Magdalena, Corpamag y organismos del orden nacional vinculados al sector de agua potable y saneamiento básico.
Estas instituciones deberán presentar informes de avance cada dos meses, con el propósito de que el Tribunal pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones y establecer si las medidas adoptadas se traducen en resultados efectivos para la población.
La decisión judicial representa una nueva etapa en la búsqueda de soluciones a una problemática que afecta a miles de habitantes de Santa Marta, quienes continúan enfrentando dificultades en el acceso permanente al agua potable.
Con la conformación de este mecanismo, las entidades responsables estarán sometidas a una vigilancia periódica sobre sus compromisos, inversiones y actuaciones administrativas, en un escenario donde el principal desafío será pasar de los anuncios y estudios a la ejecución de obras que permitan garantizar una solución sostenible a la crisis hídrica de la ciudad.
