Hace unas semanas mencioné en mi columna cómo las múltiples desigualdades sociales y económicas existentes en el mundo, finalmente eran las que determinaban la salud, la vida o la muerte de las personas (Cuando las desigualdades deciden quién vive, quién enferma y quién muere). Hace solo unos días, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) generó un informe sobre la salud de la población en 18 países de América Latina y abordó un nuevo tipo de desigualdad en estos países: la desigualdad racial.
Es así como en el reporte público que dicha agencia hizo del estudio antes mencionado (Las personas afrodescendientes de América Latina viven en condiciones muy desiguales que repercuten en su salud y bienestar, según un estudio de la OPS), se enfatiza que en el 80% de estos países de América Latina, la población afrodescendiente, además de tener menor acceso a la educación, al empleo, a la vivienda adecuada y a los servicios básicos como el agua potable y el saneamiento, sufre afectación en la salud y el bienestar de esta población, lo que se ve evidenciado en mayores tasas de mortalidad materna, entre otros indicadores.
Para la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne, las inequidades en salud de los afrodescendientes “se dan en un contexto de discriminación y racismo institucional”, lo que en ocasiones se exacerba por las desigualdades de género.
Incluso, para Etienne, la condición de salud de la población afrodescendiente está en desventaja desde los primeros años de vida frente a otras poblaciones en estos países y los riesgos de salud acumulados se agravan con la edad, lo que produce “diferencias significativas en los niveles de mortalidad y esperanza de vida”. La funcionaria identificó por los menos 4 factores que condicionan negativamente la salud de esta población: la discriminación, la estigmatización, las desigualdades de género y las desventajas sociales y económicas. Estos factores son razones suficientes para explicar los malos resultados en materia de salud de las personas afrodescendientes.
Como era de esperarse, la pandemia por Covid-19 encontró escenarios ideales para impactar de una forma significativamente mayor a la población afrodescendiente que a las otras poblaciones, dada la mayor exposición que las comunidades afro tienen en los países de América Latina por las desigualdades en materia de salud que se han exacerbado justamente por la pandemia, tanto en sus efectos directos como indirectos, a criterio de Etienne.
El impacto de esta situación de muy limitado acceso a la atención sanitaria de los 134 millones de personas que se identifican como afrodescendientes en América Latina, se puede constatar con las altas tasas de mortalidad materna, embarazos precoces, así como en los perfiles epidemiológicos en los que predominan la anemia y enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, y el mismo VIH.
La Vicepresidenta de la República de Costa Rica, Espy Campbel mencionó durante la presentación del estudio que el continente está viviendo “en un contexto de racismo sistémico contra los y las afrodescendientes”, explicando que lo de sistémico es porque “está encerrado en el sistema de organización político, económico, social, y cultural”, lo que implica que “la salud tiene incorporada esa realidad de exclusión racial de pueblos afrodescendientes y también por supuesto de pueblos indígenas”
Por su parte, la Jefa de Gabinete del Secretario General Adjunto (OEA), La Celia A. Prince, fue más allá en su análisis, pues advirtió que mientras la población afrodescendiente siga en situación de vulnerabilidad, enfrentándose a la invisibilidad y la exclusión, viviendo en la pobreza, y no puedan acceder a la cobertura sanitaria universal, el lógico resultado será que los objetivos de Desarrollo sostenible seguirá estando fuera del alcance de esta población y por tanto de los países del área.
Hace un año publicamos una columna en la que abordamos el tema del racismo, la discriminación y la salud pública en plena pandemia (Racismo, discriminación, salud pública y pandemia) y justamente este informe de la OPS nuevamente coloca en la agenda pública internacional la misma problemática, lo que invita a que de manera inaplazable en todos los países de América Latina se mejoren las políticas de salud pública para los afrodescendientes incorporando, como lo dice esta agencia, «los conocimientos específicos y las prácticas ancestrales del pueblo afrodescendiente, el respeto a su autonomía, cultura y costumbres, y la creación de escenarios participativos que propicien la igualdad de oportunidades para todas las personas afrodescendientes«.
En resumen, a los gobernantes de estos países les asiste ahora una tarea muy importante que no admite espera, pues se trata de la vida de 134 millones de personas que hoy siguen muy distantes de tener un escenario de vida que les permita tener y disfrutar lo que ya otras poblaciones tienen y disfrutan. Tener y disfrutar de acceso adecuado a la educación, al empleo, a la vivienda digna y a los servicios básicos como agua potable y el saneamiento, no son un lujo, hacen parte del portafolio de derechos básicos que cualquier persona, independiente de su raza, les debe garantizar el Estado.
No darles esa posibilidad, en este caso a la población afrodescendiente, es colocarlos en riesgo de perder su vida, es mantener a esas personas en discriminación, estigmatizadas, bajo desigualdades de género y con desventajas sociales y económicas que le significan no tener salud y gran riesgo de perder sus vidas, y que se traduce en las ya conocidas mayores tasas de mortalidad materna, embarazos precoces, anemia, VIH y enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.
Tal y como dice el informe de la OPS, esta problemática requiere consideraciones y soluciones “urgentes e impostergables”, si es que se quiere que en estos países se puedan asegurar procesos equitativos reales, efectivos e incluyentes que garanticen el derecho a la salud de todas las personas afrodescendientes.
De lo contrario, estas perversas realidades como la discriminación y el racismo, sumadas a las ya conocidas desigualdades sociales y económicas, constituirán una auténtica bomba mortal para los 134 millones de afrodescendientes que habitan América Latina.
Lo más grave es que además del inmenso daño causado a la población afrodescendiente en estos 18 países del continente americano, el perjuicio se extiende también a las poblaciones indígenas que se encuentran en similares condiciones, pues resultan poco favorables para la preservación de la salud y la vida, pero sí muy predisponentes a la enfermedad y la muerte.
