SANTA MARTA_ De los integrantes de la Unión Temporal ‘Centros Poblados’, firma protagonista del millonario escándalo con el MinTic en este 2021, una en específico hizo paso contractualmente en los gobiernos de Luis Miguel y Rosa Cotes.
Un informe de la Contraloría General de la República revela que en 2020, ambas administraciones firmaron 3 contratos por un valor total de $39 mil 746 millones 508 mil 343 pesos con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics), representada por Juan Carlos Cáceres Bayona.
De acuerdo al objeto contractual, Funtics se comprometió a desarrollar el programa Ondas en 320 sedes educativas del departamento, teniendo un total de beneficiados de 110.880 estudiantes y 3368 docentes. En el informe de la Contraloría se determinó que las herramientas generadas por el programa fueron utilizadas por 55 personas durante los períodos de ejecución del contrato (2016, 2017,2018 y 2019), o sea, un 0.04%.
El contrato, con número 1929, fue firmado por el entonces gobernador Luis Miguel Cotes Habeych 17 días antes de acabar su periodo y fue ejecutado en el tiempo de su sucesora Rosa Cotes con 36 meses de plazo, costando $26.656 millones, ya con la entrega de un anticipo del 50%, o sea, $13.328 millones, como indica la Contraloría. Pero la administración Cotes de manera complementaria rubricó los contratos 1931 y 1943, bajo el concepto de capacitaciones para maestros en el área de las TICs por valor de $13.089 millones, en el mismo objeto contractual de Funtics.
La Fundación tenía el compromiso contractual de diseñar 3 plataformas tecnológicas por valor de $519 millones, denominadas: ‘Chimila’, ‘Gózate la ciencia’ y ‘Macondo’, ideadas para formar a la comunidad educativa en competencias científicas y la apropiación de las herramientas virtuales, entre otros ítems. Pero, de acuerdo con el informe de la Contraloría, entre 2016 y 2020 las páginas registraron 7.858 visitas, pocas versus a la esperadas.
Ante este escenario, la Contraloría al término de la auditoría de julio del año pasado, concluyó que “no hubo uso de las plataformas tecnológicas educativas desarrolladas para el cumplimiento del objeto, alcance y fines del proyecto concebido. Lo anterior denota que, al tener un desuso, adolece de su fuerza contractual y/o convencional, puesto que, si lo general no se desarrolló, lo particular tampoco”.
La gobernadora Rosa Cotes (2016-2019) también celebró un nuevo contrato por valor de $1.599 millones con Funtics, para llevar conectividad a 23 municipios del departamento en el marco del programa ‘Conexión Total’ del Ministerio de Educación, pero éste también tuvo una adición de $208 millones. Diversas sedes educativas, como pudo comprobar el ente de control, no gozaron de la conexión de manera óptima.
Y a este contexto se suma un tercer elemento a los contratos y la herencia de Centro Poblados en el Magdalena: la misma Contraloría destacó las observaciones con incidencia fiscal y administrativa por el valor de las plataformas no utilizadas que fueron comunicadas a la gobernación el 7 de julio de 2020 de la cuales “no se allegó respuesta, lo que se puede concluir que están aceptando la observación y por lo tanto el detrimento patrimonial”, es decir, la administración departamental no atendió los argumentos presentados por el ente de control.
