BARRANQUILLA_ Los accionistas de Air-e preintervención emitieron un comunicado para aclarar lo divulgado sobre la gestión de los proyectos Prone en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según el documento, las acusaciones sobre un supuesto mal manejo son infundadas, destacando que los recursos fueron auditados mensualmente por el Ministerio de Minas y Energía, mientras la Contraloría General de la República tenía acceso en tiempo real. Además, las obras fueron inspeccionadas en 12 ocasiones por la Superintendencia de Servicios Públicos.
El comunicado afirma que los llamados “hallazgos” son situaciones previamente reportadas por la anterior administración a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y al Ministerio de Minas y Energía a través de más de 100 comunicaciones. Esta información también fue compartida al primer agente interventor, Carlos Diago, en una reunión presencial.
Los accionistas subrayaron que los retrasos en algunas obras Prone fueron causados por factores sociales y macroeconómicos. Entre los ejemplos citados está Carraipia, donde los bloqueos en los trabajos provocaron una crisis sanitaria en el municipio. Además, señalaron que el aumento en los costos de materiales y mano de obra, causado por la alta inflación, afectó la ejecución de los proyectos. En diciembre de 2023, Air-e solicitó la terminación anticipada de ciertos contratos y devolvió los recursos intactos al Ministerio de Minas a través de una fiducia.
Respecto a los 70 mil millones de pesos de anticipo, aseguraron que los fondos están seguros en una fiducia y no están perdidos ni en riesgo. “Será decisión del interventor si los devuelve al Ministerio o procede con las obras. Cabe mencionar que el primer agente interventor pudo devolverlos en su momento, de acuerdo con la respuesta del Ministerio de Minas”, puntualiza el comunicado.
Finalmente, los accionistas destacaron que varios proyectos muestran avances significativos, con un progreso certificado por la interventoría externa que varía entre el 40 % y el 83 %.
