Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
El dato sorprende, pero sobre todo exige contexto. Según el boletín técnico del Índice de Precios al Consumidor, en marzo de 2026 Santa Marta registró la variación anual más baja entre las principales ciudades del país: 3,58%, casi dos puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de 5,56% (DANE, 2026). En una lectura rápida, el resultado podría interpretarse como una señal de estabilidad económica o incluso de bienestar relativo. Sin embargo, la pregunta relevante no es que la ciudad tenga la inflación más baja de Colombia, sino por qué. Y la respuesta, cuando se examina con detenimiento, dice más sobre la estructura económica de Santa Marta que sobre su desempeño coyuntural.
Antes de avanzar en las causas, conviene precisar qué significa este resultado para los hogares, particularmente los más vulnerables. Una desaceleración de precios implica, en principio, una recuperación del poder adquisitivo real. En efecto, los hogares clasificados como pobres registraron una variación mensual de 0,74%, ligeramente por debajo del promedio nacional de 0,78% (DANE, 2026). La dirección es positiva y no debe minimizarse. Sin embargo, el alcance de este alivio es limitado: la variación anual acumulada para este grupo sigue siendo de 5,44%, en una ciudad donde la mayoría de los trabajadores opera en condiciones de informalidad y con ingresos inestables. En este contexto, la mejora en precios no se traduce automáticamente en bienestar sostenido, sino en un alivio parcial y frágil.
Para entender el resultado, es necesario entrar en la estructura del IPC. El componente de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que representa el 33,12% de la canasta, es el principal determinante de la diferencia entre Santa Marta y el promedio nacional. Mientras que a nivel país esta división creció 4,15% anual en marzo de 2026, en Santa Marta apenas alcanzó 1,18% (DANE, 2026). Esta brecha de casi tres puntos porcentuales en el componente de mayor peso explica una parte significativa de la baja inflación local.
Pero este no es un fenómeno aislado. El patrón se replica en otras ciudades del Caribe: Valledupar (2,11%), Riohacha (1,03%), Barranquilla (2,31%) y Cartagena (2,79%), mientras que ciudades del interior presentan variaciones sustancialmente más altas como Medellín (5,99%), Manizales (5,87%) y Bogotá (4,20%) (DANE, 2026). El factor común en el Caribe tiene nombre propio: Air-e, empresa que suministra la energía en los departamentos de Atlántico, La Guajira y parte del Magdalena (18 de los 30 municipios).
La empresa encargada de la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira llegó a cobrar $1.215 por kilovatio-hora en enero de 2024, uno de los valores más altos del país. Su crisis financiera —con un pasivo cercano a $1,8 billones— derivó en la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. A partir de ese momento, el Gobierno nacional implementó una política de contención tarifaria que redujo el costo a $796 por kilovatio-hora en 2026, incluso por debajo del promedio nacional, y anunció que no se incrementarán las tarifas durante el año (El Tiempo, 2026).
El efecto sobre el IPC regional es directo: mientras la electricidad subía en el resto del país, en el Caribe se contenía. Sin embargo, este resultado debe leerse con cautela. En términos económicos, la intervención no elimina el costo del servicio, sino que altera su forma de transmisión. La propuesta de trasladar la deuda de la empresa —cercana a los $2 billones— a los usuarios mediante un recargo tarifario confirma que el ajuste no desaparece, sino que se difiere en el tiempo (El Tiempo, 2026).
Aquí conviene recordar un principio básico de la economía: no existen almuerzos gratis (Mankiw, 2021). La reducción actual en tarifas no implica la desaparición del costo, sino su redistribución entre agentes y periodos. Lo que hoy aparece como alivio en el IPC puede convertirse en presión futura sobre precios, impuestos o tarifas.
Desde la economía de mercado, este punto es crucial. Cuando los precios dejan de reflejar plenamente las condiciones de oferta y demanda, pierden su capacidad de transmitir información eficiente. Como planteó Hayek (1945), el sistema de precios funciona como un mecanismo de coordinación descentralizada que permite asignar recursos a partir de información dispersa. Alterar esas señales puede generar lecturas equivocadas sobre los costos reales de la economía. En este caso, una inflación más baja puede estar reflejando no una mejora estructural, sino una distorsión temporal en los precios relativos.
Un segundo componente que contribuye a la moderación de precios es el alojamiento, y aquí opera una lógica distinta: la estacionalidad turística. Santa Marta presenta dos picos claros de demanda —diciembre-enero y Semana Santa— y largos periodos de demanda intermedia o baja. En Semana Santa de 2026, la ciudad registró una ocupación hotelera cercana al 70%, con más de 186.000 turistas y una derrama económica superior a los $178.560 millones (ODECS, 2026). Sin embargo, fuera de estos picos, la amplia oferta de alojamiento —más de 75.000 camas, de las cuales cerca del 89,8% corresponde a viviendas turísticas y parahotelería— presiona los precios a la baja (Cotelco Magdalena, 2026).
El resultado es un efecto estadístico claro: el IPC recoge un promedio anual donde los meses de baja ocupación compensan los incrementos de temporada alta. No se trata de un mercado estructuralmente barato, sino de un mercado volátil, altamente dependiente del ciclo turístico.
Hasta aquí, dos factores explican buena parte del comportamiento del índice: energía contenida y alojamiento estacional. Pero hay un tercer elemento, más estructural, que resulta menos evidente y más determinante: la debilidad de la demanda interna.
En una ciudad donde el 59,5% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, la capacidad de consumo de los hogares es necesariamente limitada (ORMET Magdalena, 2026). Los trabajadores informales consumen menos, acceden a bienes de menor precio y ejercen una presión reducida sobre los mercados locales, especialmente en bienes no transables. En términos de mercado, esto implica una demanda débil que no logra tensionar los precios al alza.
Dicho de otra manera, la inflación baja no necesariamente refleja eficiencia económica, sino un equilibrio de bajo nivel: precios moderados porque los ingresos son bajos y la capacidad de gasto es restringida. Es un resultado consistente con mercados poco profundos y con limitaciones estructurales en la generación de empleo formal (Lewis, 1954).
Esta lectura se complejiza cuando se incorporan dimensiones que el IPC no captura plenamente. El caso del transporte es ilustrativo. Aunque el índice registra una caída mensual de -0,22% en este componente, impulsada por la reducción en combustibles (-2,83%) (DANE, 2026), la realidad de movilidad en la ciudad es distinta. El mototaxismo —principal medio de transporte para amplios sectores de la población— no está incluido en la medición oficial, y sus tarifas responden a dinámicas propias (Arévalo & Morón, 2025).
En consecuencia, parte del costo de vida real de los hogares no se refleja en el indicador oficial. En economías altamente informales, esta diferencia entre inflación medida e inflación efectiva no es menor, sino estructural.
Adicionalmente, no todos los componentes del IPC siguen la misma tendencia. Mientras algunos sectores muestran moderación, otros presentan incrementos significativos. El caso más evidente es la educación. En Santa Marta, este rubro registró una variación anual de 10,21%, muy por encima del promedio nacional de 7,54% (DANE, 2026).
Este comportamiento responde a los incrementos autorizados en matrículas y pensiones en el sector privado (Ministerio de Educación Nacional, 2025), en un contexto donde la educación pública enfrenta limitaciones de calidad percibida. Como resultado, los hogares destinan una proporción creciente de su gasto a este servicio. Desde la teoría microeconómica, se trata de un bien con demanda relativamente inelástica, lo que permite incrementos sostenidos en precios.
Finalmente, el mercado laboral cierra el análisis. Santa Marta registra una tasa de desempleo de 10,7%, una tasa de ocupación de apenas 52,6% y un desempleo juvenil de 20,4% (ORMET Magdalena, 2026). En términos económicos, la relación es clara: sin empleo formal suficiente, no hay demanda robusta, y sin demanda robusta, los precios difícilmente crecen de manera sostenida.
En síntesis, Santa Marta tiene la inflación más baja del país por una combinación de factores: contención tarifaria en energía, estacionalidad del turismo, debilidad de la demanda interna e informalidad laboral. Lejos de ser un resultado exclusivamente positivo, este indicador refleja una economía donde los precios no están completamente determinados por dinámicas de mercado plenas.
Como advirtió Milton Friedman, “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario” (Friedman, 1963), pero su manifestación concreta depende de las condiciones reales de la economía. En el caso de Santa Marta, la moderación de precios no parece responder a una expansión productiva ni a un fortalecimiento del ingreso, sino a una combinación de señales parcialmente distorsionadas, demanda débil y ajustes diferidos.
Conviene, entonces, hacer una lectura más exigente del dato. Porque el problema no es que la inflación sea baja, sino asumir que esa baja inflación es evidencia de bienestar económico. En Santa Marta, más que un logro, el indicador parece reflejar —conviene decirlo sin rodeos— una economía que aún no logra traducir su potencial en crecimiento sostenido, empleo formal y mercados suficientemente profundos.
