SANTA MARTA_ El Consejo de Estado emitió un fallo en el que advierte que la ciudad de Santa Marta carece de supervisión técnica adecuada del sistema que vierte aguas residuales al mar Caribe, lo cual representa un riesgo ambiental significativo para los ecosistemas costeros y la salud pública .
La sentencia señala que el emisario submarino —una tubería que transporta aguas residuales tratadas— opera sin control riguroso; no se han instalado sensores de telemetría, no se realizan inspecciones periódicas ni estudios modelación para prevenir afectaciones Además, se evidenciaron incidentes como una fisura en 2019, sin que se evaluaran las consecuencias ambientales.
Investigaciones de buzos cerca de Taganga revelaron que residuos emergen a la superficie, dañando biodiversidad marina y generando inquietud en comunidades locales. Según el fallo, el monitoreo actual es insuficiente y no incluye parámetros clave como calidad del agua, infraestructura submarina o impactos ecosistémicos.
El problema se agrava ante informes técnicos que muestran deficiencias en el sistema de alcantarillado: la Estación de Bombeo del Norte de Santa Marta sufrió 53 incidentes entre enero de 2022 y marzo de 2023, además, el 60 % del agua potable se pierde por fugas y solo el 49 % de las aguas residuales reciben tratamiento primario.
Sumado a ello, una denuncia de una ciudadana que afirmó haber perdido parte de su cuerpo por una infección bacteriana tras bañarse en la bahía —aunque sin respaldo clínico— intensificó la preocupación ciudadana sobre la calidad del agua.
El alto tribunal ordenó a la Alcaldía de Santa Marta y a Corpamag realizar, en un plazo máximo de un año, estudios técnicos sobre los efectos del vertimiento en ecosistemas y salud humana, que deberán ser revisados por una comisión intersectorial.