Aunque los modelos neoclásicos de Solow (1952) postulan que la convergencia territorial debería reducir las brechas al suponer que las regiones con menor ingreso per cápita crecen más rápido, en Colombia ha ocurrido lo contrario. Desde los estudios de Cárdenas, Pontón y Trujillo (1993) hasta la evidencia más reciente, las disparidades regionales persisten o se han ampliado, consolidando un patrón de divergencia (Bonet y Meisel, 1999; Galvis, 2002; Galvis, Galvis y Hahn, 2017). El patrón predominante es de divergencia. Las regiones centrales concentran infraestructura, capital y recursos fiscales, mientras la periferia —Caribe, Pacífico y Orinoquía— arrastra rezagos. Bogotá genera uno de cada cuatro pesos del país (DANE, 2025).
La política fiscal ha reforzado esa concentración territorial. El gasto público ha favorecido a entidades con mayor capacidad de gestión, trayectoria institucional o influencia política (Rocha y Vivas, 1998; Franco y Raymond, 2009; Parada et al., 2010). Aunque el Sistema General de Participaciones (SGP) fue concebido como mecanismo redistributivo, sus criterios siguen premiando el desempeño fiscal, sin corregir los puntos de partida desiguales (Hernández, Pacheco y Morón, 2005; Bonilla, 2021). Las regiones más rezagadas tienen menos capacidad para recaudar, planear y ejecutar.
En lugar de construir capacidades, el diseño actual ha profundizado la dependencia financiera, el estancamiento fiscal y una autonomía limitada (Zapata-Cortés, 2016; Pabón et al., 2024). La propuesta de elevar el SGP al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación, sin respaldo fiscal, podría aumentar el déficit y trasladar rigideces al sistema, sin resolver los rezagos estructurales (Ospina-Tejeiro et al., 2024). Como advierte Hofstetter (2024), ‘más mermelada sobre más tostadas’ puede terminar en menos desarrollo si no se fortalece la institucionalidad local.
La literatura ha superado el enfoque centrado en el PIB per cápita e incorporado capacidades sociales e institucionales. Aguirre (2005), Bejarano (2008), Royuela y García (2015), y Jaramillo y Parra (2008) coinciden en que, sin condiciones de base equivalentes, el crecimiento amplía las brechas. Colombia ejemplifica este fracaso. Incluso dentro del Caribe, Atlántico y Bolívar avanzan, mientras Cesar, Sucre, Córdoba y La Guajira permanecen rezagados.
El diagnóstico reciente del Magdalena expone rezagos que condicionan su posibilidad de converger. Con métodos multivariantes, Durán, Ordóñez y Morón (2025) evidenciaron que las brechas en conectividad vial, calidad educativa, capacidades fiscales e institucionalidad territorial explican la trayectoria divergente del departamento. Las decisiones públicas enfrentan restricciones no solo presupuestales, también de gobernanza y articulación.
En el ámbito laboral, Orozco y Portillo (2025) hallaron que el 84 % de la población rural ocupada del Magdalena trabaja en informalidad, con ingresos bajo el mínimo legal y sin afiliación al sistema de protección social. En zonas urbanas, la tasa supera el 62 %, y el subempleo por ingresos afecta al 41 % de los ocupados. Según la Cámara de Comercio de Santa Marta (2025), se cancelaron 776 empresas y se depuraron 5.928, lo que refleja una base empresarial de escasa sostenibilidad. La informalidad se consolida como estrategia de supervivencia ante un mercado laboral restringido.
La desconexión juvenil es un síntoma estructural. El 25,46 % de los jóvenes entre 14 y 28 años en el Magdalena no estudia ni trabaja. Son más de 92.000 personas, el 78 % mujeres dedicadas a tareas domésticas no remuneradas (Arévalo, De la Torre y Morón, 2025). Este indicador NEET refleja la ruptura entre educación, trabajo y política social, y obstaculiza la acumulación de capital humano.
Según el DANE (2024), el 61,1 % de la población del Magdalena está en condición de pobreza monetaria y el 24,4 % en pobreza extrema. La pobreza multidimensional afecta al 23 %, frente al 11,5 % nacional. Solo el 48,4 % de los hogares rurales tiene acueducto y apenas el 3,2 % cuenta con alcantarillado (PDA Magdalena, 2025). Esto afecta salud pública, bienestar y sostenibilidad ambiental, especialmente en zonas sin redes de saneamiento.
En lo económico, el PIB del Magdalena creció solo 2,1 % en el primer trimestre de 2025, por debajo del 2,7 % nacional y del 4,4 % de Bogotá. Su economía continúa dominada por agricultura tradicional, comercio y servicios personales; la industria representa solo el 4,5 % del PIB (DANE, 2025). La escasa articulación del puerto de Santa Marta con las cadenas productivas limita su impacto.
La infraestructura vial sigue siendo una barrera. Solo el 9 % de las vías del departamento está pavimentada; más del 90 % de la red terciaria se encuentra deteriorada o sin intervención (Gobernación del Magdalena, 2025a). Aunque se avanzó con la Vía de la Agricultura entre Guamal y Astrea, la densidad vial sigue entre las más bajas del país. Transportar una tonelada de banano desde la Zona Bananera al puerto cuesta $26.800 por tonelada/kilómetro, casi el doble que en otras regiones (DNP, 2022).
Desde la perspectiva de convergencia regional, el Magdalena refleja una desconexión entre crecimiento económico, empleo y reducción de pobreza. La UTB–IDEEAS (2023) demostró que entre 2012 y 2021, aunque el departamento creció ligeramente por encima del promedio nacional, la pobreza aumentó 2,8 puntos. El crecimiento no ha sido ni inclusivo ni redistributivo.
El problema trasciende la escasez de recursos: responde a fallas de diseño institucional, gobernanza y acumulación de capacidades. La convergencia requiere inversión y reformas en la gobernanza territorial. El reciente aguacero que afectó a más de 40 barrios en Santa Marta —con suspensión de clases y efectos extendidos— evidenció la fragilidad institucional. Si la capital no puede atender emergencias, menos lo harán los municipios de sexta categoría. Los problemas son locales, pero los recursos siguen a 2.600 metros y mil kilómetros de distancia.
A esto se suma la salida de Rafael Martínez de la Gobernación, tras la nulidad de su elección por doble militancia. La decisión del Consejo de Estado provocó una disrupción institucional: paralizó convenios nacionales, interrumpió fases contractuales y debilitó la dirección del Plan de Desarrollo 2024–2027. La administración interina limita la interlocución nacional y retrasa decisiones estratégicas.
La convergencia no puede basarse en acciones simbólicas. Requiere reformas estructurales. Primero, un Fondo Nacional de Compensación Regional, asignado según desigualdades estructurales, ingresos propios y desempeño fiscal, excluyendo municipios con alta concentración de regalías. Esta propuesta, de Bonet y Álvis (2007), debe incorporarse al Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ministerio de Hacienda, 2025). Puede financiarse sin aumentar el déficit si se racionalizan gastos y se redistribuyen recursos.
Segundo, es urgente redefinir el sistema de competencias. El Acto Legislativo 03 de 2024 duplicó la participación territorial en ingresos corrientes (de 20 % a 39,5 %), lo que exige reemplazar la Ley 715 de 2001 por una nueva ley que clarifique funciones exclusivas, concurrentes y compartidas, fortalezca la articulación submunicipal y defina bienes públicos regionales.
Tercero, se necesita una reforma tributaria regional que fortalezca la autonomía financiera. Esto implica actualizar el catastro, ampliar la base del predial e introducir tributos acordes con la vocación local. También se requiere facilitar el acceso a la banca de desarrollo y mecanismos de cofinanciación no dependientes del nivel central. Sin poder fiscal, la descentralización es nominal (OCDE, 2022).
Cuarto, fortalecer las capacidades técnicas departamentales. Se necesita personal técnico en planta, acuerdos con DNP, DANE, Planeación Nacional y universidades, y consolidar sistemas regionales de información, planeación y evaluación. La evidencia debe producirse en el territorio. El próximo gobernador del Magdalena deberá acordar con Nación y municipios la continuidad de políticas estructurales.
La convergencia también exige una narrativa cultural. Elementos como la cumbia, el cayeye o las leyendas del Hombre Caimán pueden integrarse a estrategias de turismo cultural, educación con raíz territorial e identidad simbólica.
Como advirtió Bonet hace más de quince años, persistir en el actual modelo —recursos mal asignados, competencias asimétricas y centralismo— no solo perpetúa las brechas: puede fragmentar el proyecto nacional. En municipios como Plato, Zapayán o El Retén, hel rezago es experiencia cotidiana. El Festival Macondo, por ejemplo, plantea fortalecer el turismo cultural en torno a la obra de Gabo, pero requiere la concurrencia de MinCultura, Gobernación y Alcaldía. El espíritu de la convergencia, como en el cuento de Cepeda Samudio: ‘Todos estábamos a la espera’. La convergencia territorial no es función del mercado ni resultado del crecimiento: es una decisión política sobre el país que queremos construir.
