BARRANQUILLA_ En un contexto de preocupación generalizada, el significativo incremento en el costo del servicio de energía eléctrica ha encendido las alarmas tanto entre los consumidores como entre las empresas distribuidoras en la región Caribe. Este aumento, considerado uno de los más pronunciados dentro de la canasta familiar, ha motivado acciones legales por parte de la empresa distribuidora Air-e.
Representada por los abogados Mauricio Velandia y Jaime Lombana, Air-e ha presentado una denuncia administrativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En dicha denuncia, Velandia y Lombana acusan a varias compañías generadoras de energía, entre ellas Empresas Públicas de Medellín (EPM), Emgesa, Isagen, Empresa de Energía del Pacífico (Celsia) y AES Chivor, de prácticas restrictivas de competencia. Según los abogados, estas empresas “estarían incurriendo en posibles acuerdos de precios para manipular el costo de la energía en bolsa, trasladando ese costo a los usuarios y obteniendo utilidades exorbitantes”.
La denuncia se fundamenta en el incremento del precio de la energía en bolsa en octubre de 2023, que registró un aumento aproximado del 400% en comparación con el precio medio de 2022, pasando de 216 pesos por kilovatio hora a 1.017 pesos. Este incremento fue justificado por una proyectada escasez de agua en los embalses del país, situación que finalmente no se materializó. En noviembre de 2023, se registró un exceso de agua en los embalses, obligando a los generadores a verter agua que hubiese podido generar la misma energía consumida por los departamentos de La Guajira y Magdalena durante un mes.
Un comunicado de la oficina de abogados señala que “las generadoras se beneficiaron económicamente de un incremento de precios basado en una expectativa de escasez que nunca ocurrió, lo que constituye un enriquecimiento injustificado a expensas de los consumidores”. Además, los abogados sostienen que los generadores han preferido no vender energía a los mercados de población vulnerable, optando por llevarla a la bolsa de energía donde pueden especular y cobrar precios más altos. Esta práctica, según ejemplifican, afectó a los departamentos de Magdalena, Atlántico y Guajira, a los cuales solo se les vendió el 3% de la energía requerida entre 2022 y 2023.
Jaime Lombana subraya la necesidad de investigar estos incrementos injustificados, no solo por evidenciar una posible cartelización, sino también por el trato injusto hacia los consumidores. “Las pruebas que hemos venido recolectando demuestran que esas generadoras están actuando en bloque, lo que se conoce como un paralelismo ilegal entre competidores”, añade.
Los abogados también consideran paradójico que los consumidores colombianos paguen cada mes un cargo por confiabilidad en sus facturas de energía, destinado a impedir fluctuaciones abruptas de precios. Sin embargo, en febrero de 2024, el país estuvo en riesgo de un apagón, y a pesar de esta circunstancia, los generadores impidieron la activación del mecanismo, provocando un aumento de precios.
Por su parte, Isagen ha emitido un comunicado en el que asegura que su estrategia comercial se centra en vender despachos de energía a través de contratos a largo plazo, buscando la sostenibilidad financiera y estabilidad de precios para sus clientes. La compañía afirma que “la venta en la Bolsa de energía no es la actividad principal de la compañía”, y que en momentos de baja hidrología y altos precios de Bolsa, ha sido comprador neto de energía.
En preparación para el fenómeno del Niño en 2023, Isagen decidió incrementar el nivel de sus embalses hasta el 92% de su capacidad, lo que les permitió cumplir sus compromisos comerciales y garantizar el abastecimiento eléctrico durante la sequía extrema a principios de año. Además, en el marco de la iniciativa de Justicia Tarifaria del Gobierno Nacional, otorgó descuentos voluntarios en contratos de largo plazo, sumando 21 mil millones de pesos para Air-e en 2022-2023.
Isagen reitera que cumple rigurosamente con todas las regulaciones del sector eléctrico y las normas generales de competencia. Mientras tanto, Lombana y Velandia esperan que la SIC los llame pronto para ampliar la queja y aportar más pruebas de lo que consideran un esquema de precios elevados y prácticas anticompetitivas.
