Cuando terminé el bachillerato, por allá en la primera parte de la década de los noventa, ni a mí ni a mi entorno familiar se nos pasaba por la cabeza que Santa Marta fuera una opción de vida. Entre otros aspectos, en ese entonces Plato, mi terruño, tenía más afinidad con Barranquilla: había más hinchas del Junior que del Unión Magdalena (soy hincha irredento del América de Cali), se comía más yuca con suero que el plato insignia del norte del departamento: el cayeye. Esta preferencia se explicaba, en parte, por la dificultad de llegar hasta la Samaria.
La hoy llamada vía de los contenedores (su nombre se debe a la cantidad de transporte de contenedores que transitan desde el interior del país hacia el puerto de Cartagena) era barro puro en épocas de lluvia. Por esos días, aún las cabañuelas de Roberto Calderón predecían el año lluvioso (ver video), y cuando era así, la única forma de atravesar esa carretera era a bordo de El Cubano (ver foto), un Ford modelo 56 que tomaba entre cinco y diez horas para cruzar los 110 kilómetros entre Villa Concepción de la Plata y Bosconia. Desde ese punto, llegar a Santa Marta era otra odisea: había que tener paciencia para encontrar transporte disponible. Era toda una travesía. En suma, Santa Marta estaba muy lejos.
Este aislamiento físico no constituye únicamente una anécdota del pasado, sino que ha generado implicaciones estructurales persistentes sobre el desarrollo regional. Diversos enfoques de la geografía económica han mostrado que la distancia a los centros urbanos actúa como un determinante crítico en las decisiones de localización, afectando directamente el acceso a servicios públicos, empleo formal y oportunidades educativas. En esta línea, Alesina y Spolaore (2003) argumentan que las divisiones políticas mal configuradas generan desigualdades territoriales persistentes al no corresponderse con dinámicas funcionales o económicas reales. Por su parte, Krugman (1991) demuestra cómo las fricciones espaciales—como los altos costos de transporte o la baja conectividad—limitan la provisión de bienes públicos y tienden a reforzar la concentración económica en polos urbanos ya consolidados.
En el caso colombiano, las fricciones territoriales han sido intensificadas por una débil configuración institucional y geográfica. La división política de los departamentos no siempre corresponde con dinámicas funcionales, lo que ha obstaculizado procesos de integración regional. Romero (2006) argumenta que las fronteras administrativas del Caribe colombiano fueron establecidas a partir de acuerdos de dominación histórica, más que de criterios de articulación territorial, lo que ha contribuido a rezagos estructurales en inversión pública y planificación económica. En esta misma línea, estudios empíricos han demostrado que la proximidad geográfica a centros urbanos influye significativamente en las trayectorias de desarrollo regional. Las regiones más aisladas tienden a registrar menores tasas de crecimiento económico, mientras que los departamentos con mejor infraestructura de transporte y mayor accesibilidad exhiben mayores niveles de convergencia (Mendoza, Morón y Rodríguez, 2009; García y Montenegro, 2009; Galvis, 2010). En conjunto, estas investigaciones subrayan la importancia de considerar los determinantes espaciales del desarrollo, especialmente en contextos como el Caribe colombiano, donde la geografía, la historia y las instituciones se entrelazan para explicar las desigualdades territoriales persistentes.
En el caso del Magdalena, esta fragmentación se manifiesta con claridad al comparar los determinantes ambientales definidos por Corpamag (2024) con las delimitaciones y prioridades de la administración departamental. Tal como lo advierte el diagnóstico territorial elaborado por la Universidad del Magdalena (2018), existe un desajuste entre la vocación agrológica del suelo y las zonas de conservación ambiental, y los usos reales que se impulsan desde algunos planes de inversión o de expansión agroindustrial. Esta tensión genera conflictos estructurales entre la planificación ambiental, la seguridad hídrica y el crecimiento desordenado de actividades como la ganadería extensiva de un solo propósito o el incremento de la frontera de producción agrícola.
Este desajuste no es solo técnico ni reciente; tiene raíces más hondas en la desconexión histórica entre las políticas de desarrollo y las realidades territoriales. Esa fractura se expresa, con especial dramatismo, en la forma como distintos sectores sociales han tenido que recurrir a la movilización y al bloqueo de vías para exigir lo que la institucionalidad no ha sido capaz de garantizar. En el último año, el Magdalena ha sido escenario de múltiples paros cívicos y bloqueos viales que han interrumpido la circulación de bienes y servicios, afectando la productividad agropecuaria, la conectividad intermunicipal y la estabilidad del comercio regional. Estas protestas, detonadas por demandas históricas de inversión en vías, educación, agua potable y saneamiento básico, han puesto en evidencia los déficits estructurales de un modelo económico excluyente, basado en sectores primarios, con baja penetración tecnológica y una institucionalidad fragmentada.
Más allá de su impacto inmediato, estos paros cuestionan la efectividad de las políticas públicas y reflejan una tensión persistente entre el Estado y las dinámicas del territorio. Según estimaciones razonables, teniendo en cuenta el peso del PIB departamental frente al nacional y las cifras de producción diaria del país, cada día de paro en el Magdalena podría representar pérdidas económicas cercanas a los 38.000, e incluso 49.000 millones de pesos, afectando no solo al aparato productivo, sino también al empleo, la educación y la circulación de bienes esenciales (@jaimemoron, 2025).
Ahora bien, según el DANE, en 2022 el Magdalena aportó el 1,35 % del PIB nacional, con un PIB per cápita de USD 3.141, frente a un promedio nacional de USD 6.649. Su estructura económica sigue siendo concentrada en sectores de bajo valor agregado: agroindustria tradicional, comercio, administración pública y servicios personales. La producción bananera y palmera, aunque relevantes en términos de exportación, presentan escasos encadenamientos con proveedores locales, y concentran el valor en etapas extraterritoriales de la cadena.
Para el segundo mes de 2025, la proporción de informalidad laboral de los centros poblados y áreas rurales del departamento del Magdalena alcanzó el 85,7 %, ubicándose 28,5 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (Orozco y Portillo, 2025; DANE, 2025). Esta alta tasa de informalidad impide el acceso a seguridad social, crédito formal y mejores ingresos. De acuerdo con el análisis econométrico de Orozco y Portillo (2025), el principal determinante de la informalidad rural en el Magdalena es el bajo nivel educativo, seguido por el tipo de ocupación y la rama de actividad.
Este hallazgo demuestra que no se trata de una informalidad coyuntural, sino de una condición estructural que se sostiene por la falta de alternativas productivas sostenibles, el rezago en infraestructura y la ausencia de políticas de transición laboral hacia sectores más complejos. El autoempleo responde más a estrategias de subsistencia que a procesos emprendedores. Las mujeres rurales enfrentan múltiples barreras de acceso a ingresos autónomos, tierra productiva y formación pertinente.
En educación, el Magdalena obtuvo un puntaje promedio de 218 en las Pruebas Saber 11 del año 2024, ubicándose en el último lugar entre los departamentos de la región Caribe. Esta situación refleja la baja calidad de la educación media, las dificultades de continuidad educativa en la ruralidad, y la desconexión entre la oferta educativa y las oportunidades reales de empleo. La tasa de absorción educativa estimada se encuentra alrededor del 42 %, por debajo del promedio nacional (Cálculos propios con base en Ministerio de Educación, 2025). Los estudios recientes sobre jóvenes desconectados del sistema educativo y laboral (anteriormente denominados NINI) en el departamento del Magdalena (Morón Cárdenas & De la Torre, 2023) confirman este desfase entre el sistema educativo y la inserción laboral.
La pobreza monetaria afectaba en 2022 al 61,1 % de la población del Magdalena, mientras que la pobreza extrema alcanzaba el 24,4 %, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2023). A pesar de haberse reducido en 32,4 %, la pobreza multidimensional mantiene una alta prevalencia en zonas rurales. En competitividad, el departamento ocupa el puesto 21 de 33, con baja puntuación en variables como infraestructura, ciencia y tecnología, sofisticación empresarial y educación básica, según el Índice Departamental de Competitividad (Consejo Privado de Competitividad, 2023).
El estudio de Durán y Ordóñez (2025), sitúa al Magdalena en el grupo de departamentos con bajo desarrollo competitivo, una clasificación coherente con los hallazgos del IDC 2018. Según este índice, el Magdalena se ubicó en la posición 17 a nivel nacional, con un puntaje general de 4,36 sobre 10, lo que lo ubica en la tercera etapa de desarrollo. Esta etapa se caracteriza por economías con mediano desarrollo estructural, baja complejidad productiva y limitada diversificación industrial.
En materia logística, el puerto de Santa Marta movilizó 8,6 millones de toneladas en 2021, siendo uno de los terminales más profundos de América Latina (Analdex, 2021). Sin embargo, su efecto dinamizador sobre el resto del Departamento es limitado, debido a la escasa articulación con corredores logísticos, centros de acopio e infraestructura secundaria.
Uno de los problemas más estructurales del Departamento es la concentración de la tierra. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC (2024), el coeficiente de Gini predial rural nacional es de 0,77, mientras que en el Magdalena asciende a 0,89, ubicándolo entre los departamentos con mayor desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia. Este indicador da cuenta de una estructura agraria que limita el acceso equitativo a los factores productivos y reproduce la pobreza rural. El diagnóstico del Plan de Ordenamiento Departamental confirma que el uso del suelo no corresponde a su vocación agrológica: aunque solo el 7,84 % del territorio departamental tiene aptitud para actividades ganaderas, esta actividad ocupa cerca del 67 % del área intervenida. En contraste, el 46,74 % del suelo del Magdalena posee vocación agrícola, pero su aprovechamiento sigue siendo mínimo (Universidad del Magdalena, 2018).
Ante este panorama, se hace indispensable avanzar hacia una política pública estructural con enfoque territorial que supere la lógica de programas asistencialistas o intervenciones fragmentadas. Una propuesta prioritaria es la creación de un Programa Departamental de Formalización Rural, estructurado en tres pilares fundamentales: educación técnica y tecnológica pertinente en alianza con la Universidad del Magdalena y el CUE Sierra Nevada; dinamización de cadenas agroindustriales con valor agregado; y fortalecimiento del tejido asociativo campesino. Este programa debe incluir rutas de acceso progresivo a la seguridad social, con mecanismos diferenciados para jóvenes rurales, mujeres y población étnica, articulando con los lineamientos del Sistema Nacional de Cualificaciones y el SENA.
En paralelo, la ampliación de la oferta educativa y formativa debe alinearse con las vocaciones productivas de cada subregión, armonizando la infraestructura construida por la Gobernación con las capacidades de la Universidad del Magdalena. Esto supone la implementación de centros de innovación y acopio, así como la mejora de la conectividad mediante vías terciarias que fortalezcan los circuitos productivos. Aunque los recursos del Sistema General de Regalías en ciencia, tecnología e innovación son de competencia nacional y se asignan por convocatoria, los departamentos pueden y deben liderar procesos de formulación de proyectos integrales que conjuguen productividad, inclusión y sostenibilidad.
La política de competitividad del Magdalena necesita una visión de largo plazo basada en el fortalecimiento institucional en ciencia, tecnología e innovación. El Plan Estratégico Departamental de CTI (Universidad del Rosario, 2013) requiere actualización con enfoque subregional e intersectorial, incorporando la participación activa del sector privado, la academia y las organizaciones sociales. Este documento identificó específicamente al sector cafetero en la Sierra Nevada y la cadena acuícola —respaldada por la riqueza hídrica del departamento y los desarrollos científicos de la Universidad del Magdalena— como dos sectores estratégicos por su potencial de escalabilidad, sostenibilidad e innovación. Esta articulación debe estar enmarcada en los instrumentos del ecosistema nacional de innovación, reconociendo que, aunque los recursos de MinCiencias y del Fondo Nacional de Regalías no están bajo control departamental, sí requieren liderazgo técnico desde el territorio.
Asimismo, se debe consolidar una política de ordenamiento territorial que contribuya a disminuir la concentración de la tierra, promueva un uso eficiente del suelo y cierre brechas históricas. Esto incluye implementar planes de zonificación productiva participativa, actualizar el catastro multipropósito con enfoque social y ambiental, y fomentar prácticas como la ganadería sostenible y la agricultura regenerativa, particularmente en la Ciénaga Grande, el sur del departamento y las cuencas del río Magdalena.
Las competencias departamentales, conforme a lo establecido en la Ley 1454 de 2011 y la normativa de ordenamiento territorial, permiten la formulación de políticas en desarrollo rural, educación técnica, asociatividad campesina, planificación del uso del suelo y competitividad territorial. Sin embargo, el limitado acceso a fuentes propias de financiación sigue siendo una barrera estructural. Aunque no se ha aprobado una reforma tributaria territorial, su discusión continúa vigente. Entre tanto, las Leyes 2277 de 2022 y 2294 de 2023 han fortalecido el acceso de los entes territoriales a recursos del Sistema General de Regalías y han creado instrumentos financieros que podrían potenciar la implementación de políticas diferenciales, si se emplean con criterio estratégico y visión de largo plazo.
Como profesor universitario y habitante de este territorio, sé que más allá de los indicadores económicos y las brechas sociales, el Magdalena alberga un capital simbólico, cultural, gastronómico y natural de enorme valor estratégico. Su ubicación geográfica le permite articular una de las mayores diversidades ecosistémicas del país: zonas marino-costeras, manglares, sabanas, bosques secos tropicales, sistemas de ciénagas interconectadas —como Zapatosa, Chilloa, La Rinconada, Cerro de San Antonio y otras—, extensos humedales y corredores hídricos que atraviesan el territorio de sur a norte, además de las áreas de piedemonte y montaña en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Esta riqueza natural convive con una diversidad cultural profunda, expresada en la coexistencia de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, palenqueras, campesinos y poblaciones urbanas que han tejido una historia colectiva desde la resistencia y la creatividad. Sus manifestaciones culturales incluyen celebraciones emblemáticas como la Fiesta Nacional de la Cumbia en El Banco, el Festival del Hombre Caimán en Plato y el Festival del Caimán Cienaguero en Ciénaga. En lo gastronómico, el departamento ofrece una cocina de gran identidad regional: el cayeye, el arroz de lisa envuelto en hoja de bijao, el pastel de arroz, el pescado frito con yuca, el cabrito guisado, el bollo limpio y una diversidad de dulces tradicionales.
Esta identidad plural representa una reserva ética, estética, cultural y productiva desde la cual repensar el desarrollo en clave de sostenibilidad y arraigo local. Ese es el verdadero desafío: cerrar las brechas históricas —geográficas, institucionales y sociales— que aún mantienen al Magdalena en condición de rezago, para que este territorio, largamente postergado, deje de estar lejos y, finalmente, el futuro le quede cerca.
