En el lenguaje técnico internacional, el término NEET (por sus siglas en inglés: Not in Employment, Education or Training) se ha consolidado como la categoría que describe a jóvenes que no estudian, no trabajan ni se capacitan. Adoptado por organismos como la OIT y la OCDE, este concepto trasciende el uso estadístico y se utiliza como herramienta analítica para examinar procesos estructurales de exclusión (OIT, 2020; OECD, 2021). En Colombia, y particularmente en regiones como el Magdalena, su adopción permite comparar condiciones juveniles bajo criterios internacionales y enfocar intervenciones públicas con mayor precisión.
El Magdalena registra una de las proporciones más altas de jóvenes (14–28 años, Ley 1622 de 2013) en condición NEET en Colombia. De acuerdo con la Universidad del Rosario (2024), más del 40 % de los jóvenes en edad de trabajar (18–24 años) no se encontraban vinculados a actividades educativas ni laborales. Esta proporción supera tanto el promedio nacional como el de departamentos como Antioquia, Atlántico, Santander y Bogotá, y se aproxima a los reportados en territorios como Chocó, La Guajira y Cauca. Según el Boletín técnico del mercado laboral del ORMET Magdalena (2025), en el trimestre febrero–abril, el 37,7 % de los jóvenes en el Magdalena no se encontraban matriculados en ninguna institución educativa ni ocupados en el mercado de trabajo. Esta situación convierte al Magdalena en uno de los territorios con mayor proporción de jóvenes desconectados del sistema educativo y laboral, lo que demanda intervenciones urgentes y sostenidas.
De la Torre y Morón (2023) estimaron que cerca de 100.000 jóvenes se encuentran en condición de NEET en el Magdalena. El 62 % de este grupo son mujeres. La mayor concentración se registra en los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Fundación y El Banco. La probabilidad de estar fuera del sistema educativo y del mercado laboral aumenta en hogares con baja escolaridad, ingresos informales, alta incidencia de pobreza, escasa conectividad digital y localización en la ruralidad. Además, se evidenció que el 47 % de quienes están en esta situación no alcanzó a culminar la educación media, y que el 42 % buscó empleo durante más de nueve meses sin éxito.
A nivel individual, los jóvenes NEET enfrentan pérdida de capital humano, menor probabilidad de acceder a ingresos sostenibles y alta exposición a trayectorias marcadas por la informalidad y la precariedad (OIT, 2020). La desconexión temprana del sistema educativo y laboral tiende a perpetuarse en el tiempo, limitando la movilidad social (Banco Mundial, 2017). A nivel social, se incrementa la presión sobre los sistemas de protección, se profundiza la desigualdad intergeneracional y se reduce la productividad potencial de largo plazo (OCDE, 2016). Aguila, Kapteyn y Weidmer (2013) estimaron que cada punto porcentual adicional de jóvenes fuera del sistema educativo y laboral en América Latina puede representar entre 0,5 y 1 punto porcentual de pérdida en el crecimiento potencial del PIB.
El fenómeno de desconexión sintetiza una serie de exclusiones cruzadas que afectan de manera estructural a la juventud. Esta condición evidencia fallas persistentes en la articulación entre el sistema educativo, el mercado laboral y las políticas dirigidas a la población joven, lo que refuerza la asociación entre rezago educativo, barreras estructurales de acceso al trabajo y persistencia en la inactividad (Morón, Pedrozo y Torres, 2013; Saavedra y Medina, 2014; OCDE, 2016; Banco Mundial, 2017; CEPAL y OEI, 2020). El acceso de los jóvenes al mercado laboral en Colombia está condicionado por un conjunto de obstáculos simultáneos. Entre ellos destacan las altas tasas de informalidad, la escasa capacidad de absorción del aparato productivo y la exigencia de experiencia laboral previa o certificaciones técnicas, que excluyen a quienes no han accedido a educación superior o carecen de trayectoria formal (Mejía y Fernández, 2021; Ham, Maldonado y Guzmán, 2019; Conpes 4040, 2021; De la Torre y Morón, 2023).
A estas se suman rigideces institucionales como la limitada flexibilidad contractual, la segmentación normativa entre trabajadores formales e informales y la escasa implementación de políticas activas de empleo, que dificultan la inclusión laboral juvenil en condiciones dignas y sostenibles (Banco Mundial, 2017; Saavedra y Medina, 2014; OCDE, 2016). Estas condiciones se agravan por la concentración del empleo formal en las principales ciudades, lo que limita las oportunidades para quienes habitan en municipios intermedios o rurales, donde la estructura económica es menos diversificada (DNP, 2021). A su vez, factores externos como el envejecimiento poblacional, la migración venezolana y los procesos de automatización amplifican la exclusión, al reducir el ritmo de renovación generacional, aumentar la competencia en empleos informales y desplazar ocupaciones de baja calificación (ACNUR, OIM, OIT & Mejía, 2022; Morón, 2022; Acemoglu y Restrepo, 2019; Autor, 2015).
El sistema educativo colombiano enfrenta limitaciones estructurales que afectan especialmente a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Una de las principales barreras es la baja pertinencia de la oferta formativa frente a las demandas del entorno productivo. La formación técnica y tecnológica no logra responder con oportunidad ni calidad a las necesidades sectoriales, mientras que los modelos de formación dual presentan baja cobertura (Conpes 4040, 2021). Esta situación se ve agravada por la débil articulación entre los sistemas educativos y el aparato productivo, lo que genera desajustes entre los perfiles formativos y la demanda del mercado laboral (OCDE, 2016; Banco Mundial, 2017; CEPAL y OEI, 2020). La desconexión percibida alimenta la deserción, sobre todo en la educación media, donde también incide la escasa presencia de mecanismos efectivos de orientación vocacional.
Por otro lado, persisten profundas brechas de calidad y equidad. Aunque se han ampliado las coberturas, se mantienen desigualdades entre zonas urbanas y rurales, y entre jóvenes de distintos niveles socioeconómicos (Ferguson y Flórez, 2021). Esto afecta el tránsito hacia la educación superior, donde muchos jóvenes acceden sin condiciones adecuadas de permanencia (Mejía, 2024).
Finalmente, aún persisten tensiones conceptuales respecto al enfoque de la política educativa. Mientras algunos sectores promueven una formación alineada con las necesidades del mercado laboral, otros advierten sobre el riesgo de perder el carácter humanista y emancipador del sistema educativo (Bonnett, 2025; El Espectador, 2025). Esta disyuntiva genera ambigüedad institucional y fragmenta las políticas públicas, debilitando su capacidad de orientar trayectorias formativas integrales.
En Colombia, el abordaje normativo del fenómeno de jóvenes NEET ha sido parcial y disperso. La legislación vigente exige que los entes territoriales formulen políticas públicas de juventud con enfoque diferencial y mecanismos de seguimiento (Ley 1622 de 2013; Ley 1885 de 2018; CONPES 4040, 2021). Aunque no existe una política específica para esta población, se han implementado medidas que promueven su inserción laboral, como incentivos para contratar jóvenes sin experiencia (Ley 2043 de 2020), cuotas de prácticas en el sector público (Ley 2097 de 2021) y la regulación de prácticas académicas (Ley 2225 de 2022). También se han impulsado programas de formación, orientación y emprendimiento como rutas de inclusión productiva (Mintrabajo, 2023). A nivel internacional, organismos como la OCDE, la OIT y la CEPAL recomiendan a Colombia implementar políticas integradas que combinen educación, empleo, salud mental y protección social para reducir la desconexión juvenil y enfrentar de forma estructural la informalidad y la exclusión.
A partir de este marco, es urgente reconocer que el Departamento no cuenta con una política pública de juventud actualizada ni con un documento técnico que incorpore de manera sistemática el enfoque de los jóvenes NEET, lo que dificulta su priorización presupuestal y programática. El diagnóstico territorial de juventud más reciente data del año 2014 en el caso del Distrito de Santa Marta, y varios municipios no han formulado ni implementado políticas conforme a lo establecido por la Ley 1885 de 2018. Esta ausencia de planificación limita el acceso a recursos del orden nacional y obstaculiza la articulación con estrategias como “Jóvenes en Paz” o el programa Estado Joven (Fundación Corona, 2023; Universidad Javeriana, 2024). Sin documentos técnicos ni líneas base actualizadas, la condición de miles de jóvenes desconectados permanece invisibilizada en los instrumentos de planeación territorial.
La actualización de la política pública de juventud en el Departamento del Magdalena y en el Distrito de Santa Marta requiere incorporar de manera explícita la categoría de jóvenes desconectados como población prioritaria. En la actualidad, no existe un documento vigente en el ámbito departamental que reconozca esta problemática de forma estructurada ni con indicadores verificables. En el Distrito de Santa Marta, la política pública de juventud 2014–2025 requiere revisión técnica, actualización de sus indicadores y vinculación con programas nacionales como Jóvenes en Paz, Estado Joven y Sacúdete. Se propone que ambas entidades formulen políticas públicas integradas, con metas específicas orientadas a reducir la proporción de jóvenes desconectados, diferenciando las estrategias según las condiciones rurales, urbanas y étnicas del territorio. Estas políticas deben contemplar mecanismos de seguimiento interinstitucional, fortalecimiento de las plataformas juveniles y articulación con estrategias de inclusión educativa, acompañamiento psicosocial y generación de ingresos autónomos.
La inclusión productiva de los jóvenes en el Magdalena exige una estrategia interinstitucional ajustada a las condiciones del aparato productivo local. Esta estrategia debe integrar líneas de acción como la formación por competencias, la mentoría laboral, el emprendimiento de subsistencia con formalización progresiva y programas de primer empleo con acompañamiento. Estas acciones deben articularse con programas nacionales existentes, pero respondiendo a las limitaciones del mercado laboral regional, especialmente en sectores como el comercio, los servicios y la agroindustria (Universidad del Rosario, 2023). Se requiere la elaboración de un mapa de oportunidades productivas por subregión que permita orientar la formación técnica y tecnológica, así como el diseño de incentivos para empleadores que incorporen jóvenes sin experiencia. La creación de un fondo nacional de estímulo a la contratación juvenil, coordinado entre el SENA, el ICBF y las entidades territoriales, permitiría focalizar recursos en municipios con alta prevalencia de jóvenes NEET y evitaría trasladar cargas fiscales a territorios con baja capacidad institucional.
En este contexto, la reforma laboral aprobada por el Congreso en 2025 introduce disposiciones que afectan directamente los mecanismos de transición escuela-trabajo. La transformación del contrato de aprendizaje en contrato laboral ordinario y la monetización de la cuota de aprendizaje a 1.5 salarios mínimos legales mensuales incrementan los costos laborales para las micro y pequeñas empresas, reduciendo los incentivos para la contratación de aprendices (El Espectador, 2025). Además, el Banco de la República (2025) advierte que el aumento de recargos dominicales y nocturnos afectará negativamente a sectores que tradicionalmente absorben mano de obra juvenil. Estas medidas contrastan con las recomendaciones de la OIT (2020) y la OCDE (2023), que proponen esquemas diferenciados, subsidios al primer empleo y rutas de vinculación progresiva. Frente a este panorama, las entidades territoriales deben fortalecer sus sistemas de intermediación laboral, formación dual y formalización por etapas, sin asumir responsabilidades que superan sus competencias técnicas y fiscales.
En el plano educativo, una de las prioridades debe ser el fortalecimiento de la orientación vocacional desde la educación inicial, aprovechando la oferta interinstitucional de la Universidad del Magdalena, el SENA regional, el INFOTEP Humberto Velázquez García, Cajamag y las demás instituciones de educación superior con presencia en el territorio. Esta medida debe articularse a los planes territoriales de educación, currículos basados en competencias, y orientarse hacia las vocaciones productivas identificadas en cada subregión. Investigaciones recientes muestran que la falta de orientación oportuna es una causa central de deserción y desconexión (Mejía, 2024; Ferguson y Flórez, 2021). Municipios como El Banco, Plato y Ciénaga, donde se proyecta la construcción de infraestructura educativa, podrían desarrollar experiencias piloto de transición escuela-trabajo.
En la educación superior, es fundamental fortalecer iniciativas como el programa ‘Talento Magdalena’, diseñado e implementado por la Universidad del Magdalena, para ofrecer cupos universitarios gratuitos a jóvenes con alto desempeño académico provenientes de municipios no certificados. Este año, la misma universidad implementó el programa ‘Talento Santa Marta’ (Universidad del Magdalena, 2025). Para maximizar su impacto, estos programas deben complementarse con esquemas de prácticas profesionales, acompañamiento académico, vinculación con clústeres productivos regionales y una conexión formal con el mercado laboral. Asimismo, se propone profundizar en el desarrollo de rutas integradas entre la formación técnica, tecnológica y profesional, con el fin de incrementar el nivel de absorción y asegurar la continuidad en la trayectoria formativa (Mejía, 2024).
La implementación de ciclos propedéuticos, el reconocimiento de saberes previos y la validación de experiencias y certificados de competencias laborales impactarían positivamente. Asimismo, la adopción de metodologías flexibles y ambientes de aprendizaje remotos, con conectividad y equipos adecuados, sería beneficiosa para las áreas rurales y la población actualmente fuera del sistema educativo
La Universidad del Magdalena, en este escenario, debe consolidarse como articulador del sistema regional de formación para el trabajo, liderando procesos de investigación aplicada e intervención territorial en contextos de exclusión juvenil.
La respuesta institucional frente al fenómeno de jóvenes NEET en el Magdalena requiere la articulación entre política pública, mercado laboral y sistema educativo. La desconexión de miles de jóvenes del sistema formativo y productivo responde a una estructura que no logra traducir el potencial de la juventud en oportunidades concretas. Actualizar las políticas territoriales, rediseñar las estrategias de empleabilidad y reconfigurar las trayectorias educativas son pasos necesarios para revertir esta tendencia. Solo a través de una intervención intersectorial y sostenida será posible avanzar hacia un modelo de inclusión juvenil con resultados verificables y sostenibles.
