SANTA MARTA_ En un nuevo paso hacia la justicia agraria y la reparación histórica en el Caribe colombiano, el Gobierno nacional avanza en el departamento del Magdalena con la formalización de 1.800 hectáreas de tierra y la entrega de más de 400 hectáreas a mujeres campesinas.
Estas acciones garantizan seguridad jurídica a familias rurales que durante décadas resistieron el despojo, la violencia y el abandono estatal.
La formalización y entrega de tierras, liderada por la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, representa un acto de reparación histórica para las mujeres rurales del Magdalena, muchas de ellas víctimas del conflicto armado, quienes hoy cuentan con seguridad jurídica y con la tranquilidad de sembrar e invertir en sus proyectos productivos.
En el corregimiento de Monterrubio, jurisdicción del municipio de Sabanas de San Ángel, comunidades campesinas que habitan el predio El Concilio 1 celebran este avance como un paso hacia la reparación. Este territorio fue durante años escenario de violencia paramilitar y desplazamientos masivos, bajo el dominio del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandado por alias Jorge 40. Esta situación provocó el despojo de tierras y la ruptura del tejido social campesino.
Actualmente, en el departamento del Magdalena funcionan 30 Comités de Reforma Agraria, espacios de participación en los que las mujeres desempeñan un papel protagónico. En total, 192 mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, muchas de ellas madres cabeza de hogar y víctimas del conflicto, hacen parte activa de estos espacios de decisión sobre el futuro del campo.
Para Helena Meza Olarte, integrante de la Asociación Antoñazo Campesino, este proceso representa el inicio de una nueva etapa: “Durante años nuestras familias vivieron el miedo, el desplazamiento y la incertidumbre. Hoy, con estos procesos de formalización, sentimos que el Estado empieza a reconocer nuestra lucha. Tener un título de tierra significa seguridad para nuestras familias, pero también esperanza para seguir sembrando vida en el territorio”, comentó.
Por otro lado, en el sur del departamento, en jurisdicción del municipio de Pijiño del Carmen, las comunidades del predio El Martirio, ubicadas en el complejo cenagoso de Pijiño, también avanzan en procesos de restitución y retorno campesino. Esta región, situada en la parte baja del río Magdalena, fue azotada por el accionar del frente William Rivas, lo que provocó desplazamientos y el abandono de tierras por parte de numerosas familias campesinas.
“Para nosotros recuperar el acceso a la tierra es recuperar la vida. Después de tantos años de violencia y desplazamiento, volver al campo con seguridad jurídica significa volver a sembrar, volver a trabajar y reconstruir nuestras comunidades. Esta tierra representa el futuro de nuestras familias”, expresó Deniris Morales Anaya, presidente de la Asociación Semilla de Mostaza.
Damián Alfonso Marañón Romero, director territorial de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) Magdalena, destacó la dimensión histórica de este proceso. “La formalización de 1.800 hectáreas y la entrega de más de 400 hectáreas representa un paso decisivo en la transformación del campo. No se trata solo de títulos de propiedad; estamos devolviendo dignidad, seguridad jurídica y oportunidades a estas guardianas del campo que durante décadas resistieron el despojo y el abandono del Estado. Con la Reforma Agraria del gobierno del presidente Gustavo Petro avanzamos en saldar una deuda histórica con las mujeres campesinas y étnicas del Magdalena”, enfatizó.
