SANTA MARTA_ En el marco de su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la Personería de Santa Marta llevó a cabo una nueva jornada de atención para las mujeres privadas de la libertad en el centro penitenciario Rodrigo de Bastidas, con el objetivo de analizar cada caso y determinar la aplicabilidad de los beneficios contemplados en la Ley 2292 de 2023 o Ley de Utilidad Pública para mujeres cabeza de familia.
Esta ley sancionada el 8 de marzo del año 2023 por el presidente Gustavo Petro creó una medida de sustitución de la pena de prisión para mujeres condenadas que sean cabeza de familia. Esto significa que las mujeres que accedan a este beneficio podrán conmutar su condena -en libertad- a través de la prestación de servicios de utilidad pública también conocidos como servicios comunitarios.
Durante la jornada, se recolectaron datos, se conformaron los expedientes y fueron seleccionadas aquellas internas que podrían cumplir con los requisitos para acogerse a esta normativa.
La ley establece que, previa valoración y aprobación del juez, pueden acceder al beneficio quienes sean mujeres cabeza de familia; que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el hurto o los estupefacientes; o que su condena no exceda los ocho años de prisión y que hayan cometido el delito en condiciones de marginalidad.
Desde el año 2024, la Personería de Santa Marta ha realizado cuatro visitas a este centro penitenciario. La primera de ellas se llevó a cabo en colaboración con el Ministerio de Justicia, entidad que brindó capacitación a las internas sobre los alcances de la Ley 2292.
De esta manera, la Personería de Santa Marta garantiza que las mujeres privadas de la libertad accedan a los beneficios que les otorga la Ley de Utilidad Pública, que es la primera norma que contempla la posibilidad de ejecutar una sanción penal de manera restaurativa, en donde la pena se traduce en actividades de impacto social para resarcir el daño y generar oportunidades para su reinserción a la sociedad.
