Recientemente, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) informó que, en el primer trimestre de 2025, el ingreso de divisas por concepto de turismo alcanzó los USD 2.865 millones. Esta cifra superó los ingresos generados por las exportaciones de café y carbón, consolidando una dinámica que se mantiene desde 2019 (Anato, 2025; El Espectador, 2025). En 2024, ingresaron al país 6,7 millones de visitantes internacionales (MinCIT, 2024), lo que representó un incremento del 8,5 % frente a 2023, con un gasto total de 50,8 billones de pesos (DANE, 2024a). El valor agregado del sector representó el 2,3 % del PIB nacional y generó aproximadamente 1,3 millones de empleos (DANE, 2024b; MinCIT, 2022).
En 2024, la ciudad de Santa Marta recibió más de 2,2 millones de visitantes, con una ocupación hotelera promedio del 65 % y un ingreso estimado por turismo de 422.000 millones de pesos (Cotelco Magdalena, 2024). A partir de estos datos, podría interpretarse que la ciudad se consolida como uno de los siete destinos más visitados por extranjeros, y que su aeropuerto ha venido posicionándose entre los de mayor tráfico nacional. En enero de 2025, el Aeropuerto Simón Bolívar movilizó más de 170.000 pasajeros, y se proyectó un flujo superior a 700.000 personas entre diciembre de 2024 y enero de 2025 (Cotelco Magdalena, 2024).
Además, el turismo internacional ha crecido un 23 % en lo corrido de 2025 (Radio Nacional de Colombia, 2025). Según el Registro Nacional de Turismo, la ciudad concentró el 97,5 % de los prestadores de servicios turísticos del departamento, con 6.866 inscritos activos, en su mayoría vinculados a viviendas turísticas (Confecámaras, 2024). De acuerdo con el DANE, el gasto turístico diario por persona fluctuó entre $125.000 y $137.000, concentrándose en alojamiento, alimentación y transporte (DANE, 2024c). El sector ha registrado avances en materia de visitantes, ocupación e innovación de servicios. Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan su consolidación como motor de desarrollo económico sostenible, competitivo e inclusivo.
Uno de los problemas estructurales más graves es la informalidad. Cerca del 60 % de los trabajadores vinculados a actividades turísticas no cuentan con contrato laboral ni afiliación a la seguridad social (ORMET Magdalena, 2023). El segmento de alojamiento y servicios de comida representa el 10,2 % de la población ocupada en el Distrito (DANE, 2023), lo que evidencia su peso específico dentro de la estructura laboral. Los prestadores formales también son limitados y desigualmente distribuidos. Según Cotelco Magdalena (2024), existen 834 establecimientos de alojamiento registrados, con más de 31.600 camas y aproximadamente 5.355 empleos directos. Según Acodres Magdalena, solo una fracción de los restaurantes del Distrito está formalmente agremiada. La mayoría de los establecimientos opera al margen de la regulación, lo que refleja una amplia informalidad en el sector gastronómico.
La seguridad representa una limitante estructural severa. La ciudad registró una tasa de homicidios de 34,6 por cada 100.000 habitantes (Santa Marta Cómo Vamos, 2025). Esta cifra ubica al destino entre las siete ciudades más violentas del país. A ello se suman hechos de alto impacto mediático, como el asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti en la Sierra Nevada y las denuncias de secuestros en hoteles del Parque Tayrona, donde turistas fueron retenidos por grupos armados en abril de 2025 (El Heraldo, 2025). Además, operativos del Gaula reportados por medios nacionales revelaron redes criminales que exigían pagos extorsivos a prestadores turísticos —incluyendo agencias, operadores náuticos y comerciantes— con cobros que oscilaban entre $15.000 y $5.000.000 mensuales por establecimiento (El Tiempo, 2024; Diario La Libertad, 2025). Este entorno de riesgo ha generado un deterioro en la percepción de seguridad, afectando especialmente al turismo, dada su sensibilidad a la reputación internacional del territorio.
Las carencias en infraestructura turística también limitan el desarrollo. Persisten problemas estructurales en la prestación de servicios básicos en las zonas turísticas: suministro intermitente de agua potable, tratamiento insuficiente de aguas residuales, disposición inadecuada de residuos sólidos, señalización deficiente y baja accesibilidad para personas con discapacidad (ESSMAR E.S.P., 2024; Cotelco Magdalena, 2024). Estos déficits afectan tanto la experiencia del visitante como la sostenibilidad del modelo turístico actual.
El Distrito aún no cuenta con un plan integral para la atención de cruceristas, lo que se traduce en un claro subóptimo del turismo náutico. No se han identificado estudios de costo-beneficio actualizados que permitan evaluar con rigurosidad el impacto fiscal, ambiental y el retorno económico de este segmento. A ello se suma una conectividad terrestre limitada hacia destinos rurales o zonas de alta demanda turística, precaria en cobertura, regularidad y condiciones de seguridad. Y aunque se han registrado avances en conectividad aérea, la ausencia de integración entre medios de transporte sigue siendo un cuello de botella que restringe la movilidad eficiente de los turistas y debilita la competitividad del destino. Urge avanzar en la ampliación y adecuación de la carretera Santa Marta–Barranquilla.
En cuanto a la oferta turística, prevalece un modelo centrado en sol y playa, mientras segmentos como el turismo cultural, religioso, académico, gastronómico, de naturaleza y de bienestar permanecen sin desarrollo estructurado. Santa Marta cuenta con un centro histórico de alto valor simbólico y arquitectónico, cuya riqueza se expresa en su trazado colonial. En este entorno, el Museo del Oro Tairona – Casa de la Aduana constituye el único espacio museal de acceso permanente, al que se suma el Claustro San Juan Nepomuceno, habilitado para actividades culturales y exposiciones. Muy cerca, la Quinta de San Pedro Alejandrino representa un nodo histórico de escala nacional, con capacidad para anclar narrativas libertadoras, científicas y artísticas que hoy permanecen dispersas.
La ciudad también dispone de recursos culturales vivos que se manifiestan en la oralidad, la música, la gastronomía, las prácticas religiosas y el orgullo barrial. Pescaíto, por ejemplo, condensa identidad futbolera, religiosidad popular y una historia viva que aún no ha sido traducida en relato turístico. La cocina tradicional del Magdalena —el cayeye, el arroz de chipichipi, el salpicón de bonito, entre otros— es parte del patrimonio inmaterial de la región, pero sigue ausente de las estrategias de promoción y comercialización. Los sabores locales también construyen territorio. Esa dimensión cultural, que entrelaza saberes populares, paisaje y memoria colectiva, no ha sido integrada en una narrativa de ciudad que convoque al visitante desde la autenticidad.
En el campo académico y ambiental, Santa Marta dispone de activos diferenciadores con escasa visibilidad. La Universidad del Magdalena ha consolidado dentro de su campus el Museo Etnográfico, un bosque seco tropical que cumple funciones educativas, científicas y de conservación, y un espacio museal en el centro histórico. Estos espacios, junto con la diversidad biológica del Caribe seco, la cercanía con la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande, permiten estructurar productos de turismo de naturaleza, como el aviturismo o el senderismo, así como experiencias de turismo académico y científico. La estabilidad climática del territorio también abre oportunidades para el turismo de bienestar y salud. Sin embargo, en todos estos casos, el problema no es la carencia de recursos, sino su fragmentación, su desvinculación del mercado turístico y la ausencia de una narrativa territorial común que transforme estos activos en experiencias sostenibles, comercializables y representativas de la pluralidad del Distrito.
La sostenibilidad ambiental enfrenta serios desafíos. Las playas más visitadas de la ciudad —tanto urbanas como rurales— exceden con regularidad su capacidad de carga turística; los senderos ecológicos muestran deterioro por erosión, compactación del suelo y tránsito no controlado; y no se ha implementado un sistema de monitoreo ambiental en tiempo real que permita tomar decisiones basadas en evidencia. Esta situación se agrava ante la ausencia de mecanismos de gestión adaptativa frente al cambio climático y el uso intensivo de ecosistemas frágiles. Santa Marta no cuenta con certificaciones ambientales reconocidas internacionalmente como Blue Flag o Biosphere, ni aplica tasas diferenciales por visitante no residente que permitan financiar mecanismos de compensación ambiental. Aguirre, Piraquive y Morón (2023) han advertido que la falta de institucionalización de la sostenibilidad ambiental en la planificación turística del Caribe seco colombiano amenaza con colapsar los ecosistemas estratégicos de playa, montaña y manglar que soportan la actividad turística regional.
El modelo vigente ha crecido sobre una lógica de uso intensivo de los recursos naturales, sin reinversión significativa en su protección ni coordinación efectiva con las autoridades ambientales competentes, como CORPAMAG y el DADSA. El crecimiento de las viviendas turísticas informales constituye otro desafío. En 2024, el 71 % de los prestadores registrados en el Registro Nacional de Turismo eran casas o apartamentos turísticos, concentrados principalmente en zonas como El Rodadero (Confecámaras, 2024). En muchos casos, estas unidades admiten más huéspedes de los permitidos, operan sin supervisión de las autoridades distritales y ejercen presión sobre la infraestructura básica urbana, especialmente en los servicios públicos domiciliarios y en el mercado inmobiliario local.
Aunque existe el Acuerdo Distrital 002 de 2007, que reconoció legalmente el uso turístico de la vivienda y estableció condiciones para su operación, su implementación ha sido limitada y carece de mecanismos eficaces de inspección, control y sanción. Como lo mencionan Escobar, Mercado y Cormane (2024), la masificación del uso de plataformas digitales como Airbnb, Booking, Despegar, Expedia y Trivago ha promovido un tipo de “automatización del alojamiento” que opera al margen de la regulación local y sin responsabilidad fiscal, laboral o ambiental. Esta situación ha generado una competencia desleal con la hotelería formal y ha fragmentado el sistema de gobernanza turística, debilitando los mecanismos de coordinación institucional y tributaria.
La fragmentación institucional afecta directamente la gobernanza turística en Santa Marta. A pesar de contar con instrumentos como el Plan Sectorial de Turismo 2022–2026 (MinCIT, 2022) y la Agenda de Competitividad Territorial, aún no existe una implementación articulada ni un sistema de seguimiento operativo efectivo. Esta debilidad estructural impide consolidar una visión de largo plazo sobre el desarrollo turístico local y limita la capacidad del Distrito para coordinar actores, movilizar recursos y garantizar continuidad en la gestión pública del sector. Solano (2023) sostiene que, si bien se ha formulado un relato coherente sobre turismo con enfoque territorial y comunitario, no se ha consolidado un modelo operativo que permita traducir esa narrativa en inversiones concretas, resultados tangibles o mejoras institucionales sostenibles.
Usma (2025) coincide en que las entidades responsables han priorizado entregables intangibles —como eventos, diplomados o campañas promocionales— por encima de dotaciones básicas como baños públicos, señalización, senderos, infraestructura de acceso o recuperación de fachadas patrimoniales, particularmente en el Centro Histórico.
Frente a los desafíos estructurales identificados en el diagnóstico del sector turístico de Santa Marta, se propone una hoja de ruta basada en cinco líneas estratégicas de acción.
La primera línea prioritaria es la formalización del empleo turístico. Dada la alta proporción de trabajadores sin afiliación a la seguridad social, se propone estructurar una política distrital de empleo digno que articule incentivos tributarios para las empresas formales, acceso preferente a convocatorias de promoción y un sistema de reconocimiento público a través del “Sello Santa Marta Trabajo Digno”. Esta política debe complementarse con programas de formación dual, en alianza con el SENA y las universidades locales, así como con campañas de sensibilización sobre los beneficios de la formalización, especialmente dirigidas a jóvenes y mujeres (ORMET Magdalena, 2023; De la Torre y Morón, 2023).
La segunda línea se refiere a la infraestructura turística. La Cámara de Comercio de Santa Marta (2023) ha identificado proyectos estratégicos como el desarrollo de miradores, paradores turísticos, un nuevo muelle de cruceros, teleféricos y la ampliación del aeropuerto Simón Bolívar. Se recomienda priorizar la ejecución de estas inversiones mediante alianzas público-privadas (APP) y estructurar un Plan Maestro de Infraestructura Turística Distrital, que incluya equipamientos básicos como baños públicos, señalización, senderos accesibles y puntos de información. Estas obras deben cumplir con estándares de accesibilidad universal y criterios de sostenibilidad ambiental (Alcaldía Distrital de Santa Marta, 2024; Cotelco Magdalena, 2024).
En tercer lugar, es urgente diversificar la oferta turística. El modelo actual, basado en sol y playa, debe evolucionar hacia productos estructurados y comercializables, como el turismo cultural, académico, de salud, gastronómico y de naturaleza. El PEDCTI (Universidad del Rosario, 2013) y el CUE Sierra Nevada (Universidad del Magdalena, 2025) han propuesto fortalecer el turismo rural comunitario y consolidar circuitos patrimoniales con identidad territorial, como lo plantea el Plan Sectorial de Turismo Sostenible. Magdalena 2040 (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2023b). Esta diversificación requiere asistencia técnica, infraestructura especializada y alianzas con el sector educativo para el diseño de contenidos turísticos y la organización de eventos ancla.
La sostenibilidad ambiental constituye la cuarta línea. Dado que los municipios no tienen competencia para crear tasas, se recomienda no establecer una “tasa ambiental” sin habilitación legal expresa. En su lugar, se propone crear un Fondo Distrital de Sostenibilidad Turística a través de esquemas de cofinanciación con Fontur, cooperación internacional y convenios con CORPAMAG y DADSA. Este fondo deberá destinarse al monitoreo ambiental, la recuperación de playas, el control de capacidad de carga y la obtención de certificaciones internacionales como Blue Flag o Biosphere (Aguirre, Piraquive y Morón, 2023).
La quinta línea corresponde al fortalecimiento institucional y normativo. En términos normativos, debe actualizarse el Acuerdo Distrital 002 de 2007, que regula las viviendas turísticas. Esta revisión debe incluir nuevas disposiciones sobre inscripción en el RNT, límites de capacidad, responsabilidad fiscal, condiciones sanitarias y articulación con plataformas digitales como Airbnb o Booking (Escobar, Mercado y Cormane, 2024). La reforma debe contemplar una tipología diferenciada y un sistema de inspección apoyado en herramientas tecnológicas. En paralelo, se debe formalizar una Mesa Técnica de Turismo liderada por la Alcaldía Distrital, con participación del CUE Sierra Nevada, la Comisión Regional de Competitividad, Cotelco, CORPAMAG, el ORMET, el SITUR y la Cámara de Comercio. Esta instancia debe contar con funciones de coordinación, presupuesto y mecanismos de evaluación de impacto. Como lo han planteado los gremios en la Agenda 2030, es necesario migrar hacia un modelo de gobernanza territorial del turismo, con enfoque multisectorial y perspectiva de largo plazo (Cotelco Magdalena, 2019).
Santa Marta posee los recursos naturales, la historia y la ubicación estratégica para consolidar el turismo como una alternativa estructural de desarrollo económico y social. Sin embargo, su transformación en un motor sostenible de crecimiento exige superar limitaciones históricas relacionadas con la informalidad laboral, la inseguridad, las deficiencias en infraestructura básica, la debilidad institucional y la falta de articulación entre actores.
