SANTA MARTA_ El Tribunal Administrativo del Magdalena negó la solicitud de aclaración interpuesta por la mesa directiva de la Asamblea Departamental, reafirmando que la elección de la actual directiva presentó serias irregularidades y que sus actuaciones carecen de validez jurídica. Con esta determinación, el fallo cautelar que suspendió provisionalmente a la mesa directiva se mantiene y debe ser acatado de manera inmediata y sin excepciones.
La noticia fue dada a conocer en las últimas horas durante una rueda de prensa presidida por los diputados Margarita Guerra, María del Socorro Charris, Linda Cabarcas, Yohan Pinedo, Rafael Noya y Edgar Arias. Durante el encuentro, se enfatizó que, pese al auto judicial, los integrantes de la mesa suspendida han continuado sesionando, lo que podría constituir un claro acto de desacato a la decisión judicial.
“El respeto por la institucionalidad y la separación de poderes son pilares fundamentales del orden democrático. Desconocer las decisiones de los tribunales genera un grave precedente y pone en riesgo la legitimidad de los actos administrativos que se realicen bajo esta mesa directiva suspendida. La Asamblea Departamental debe operar dentro del marco de la legalidad para garantizar que sus decisiones sean válidas y legítimas” manifestó la diputad Margarita Guerra.
Los diputados aseguran que el incumplimiento a la media cautelar es una burla a la institucionalidad “Con esta decisión, se ratifica lo que hemos denunciado desde el principio: la elección de esta mesa directiva fue ilegal, y cualquier sesión o decisión tomada por ella carece de validez jurídica” sostuvo el diputado Yohan Pinedo.
“Esto no solo representa un acto de rebeldía frente al Estado de derecho, sino que también pone en grave riesgo la legitimidad de la Asamblea Departamental del Magdalena y de todas sus decisiones.” Manifestó la disputada Linda Cabarcas.
LLAMADO ENTES DE CONTROL
Ante la situación, se hizo un llamado enfático a las autoridades competentes para que velen por el estricto cumplimiento de las decisiones judiciales. Se ha pedido a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, instándolas a que adopten las medidas necesarias para garantizar que la Asamblea Departamental actúe conforme a la ley.
“El fallo del Tribunal Administrativo es claro e inapelable. La mesa directiva suspendida debe cesar sus funciones inmediatamente. No hay excusas, ni margen para interpretaciones o desacato. Quien siga actuando en contra de la justicia, deberá asumir las consecuencias”, enfatizó el diputado Rafael Noya.
