En política fiscal se enseña que, a lo largo del tiempo, los ingresos y gastos públicos deben mantener un equilibrio intertemporal que preserve la estabilidad macroeconómica (Mankiw, 2018). Déficits persistentes elevan la prima de riesgo, encarecen el crédito, presionan la tasa de cambio y afectan la inversión productiva. La condición de no-Ponzi establece que la deuda no puede sostenerse indefinidamente con más deuda, sino que debe estar respaldada por superávits primarios futuros (Blanchard y Johnson, 2017). Sobre esa base, la equivalencia ricardiana sostiene que, si los hogares anticipan impuestos futuros para atender la deuda, ajustan su consumo y ahorro presentes, volviendo irrelevante si el gasto se financia con impuestos o deuda (Barro, 1974, citado en Sachs y Larraín, 2013). En síntesis, el gasto público no debería superar la capacidad de una generación para pagar las obligaciones que transfiere a la siguiente.
En economías emergentes como la colombiana, estas condiciones rara vez se cumplen. Factores como restricciones de liquidez, alta preferencia por el consumo presente, diferencias en la propensión marginal a consumir, fricciones financieras, institucionalidad débil e inconsistencias dinámicas en la política económica limitan la operatividad de la hipótesis ricardiana en la práctica (Morón, 2012). Cuando la informalidad laboral supera el 55 %, el ahorro es reducido y no existe cobertura total para las personas en edad de jubilación, la capacidad de anticipar impuestos futuros y ajustar el comportamiento económico actual se ve severamente restringida.
Las advertencias sobre los riesgos de un manejo laxo de las finanzas públicas no son nuevas. Restrepo (2000) planteó la necesidad de combinar control del gasto con ingresos estructurales; Wiesner (2004) señaló que el origen del desequilibrio fiscal es tanto político como institucional, y que las reglas fiscales deben anclarse en un marco constitucional y operativo; Clavijo (2025) advirtió que déficits superiores al 4 % del PIB erosionan la credibilidad fiscal; Steiner (2002) subrayó que las reglas fiscales son esenciales para coordinar política monetaria y fiscal; y Echeverry, Fergusson y Querubín (2003) documentaron las inflexibilidades presupuestales. Kalmanovitz (2001) aportó una visión histórica del desarrollo fiscal e institucional, mientras que Carrasquilla (1999) alertó sobre la vulnerabilidad externa de una política fiscal laxa. En el plano territorial, Bonet (2004) y Bonet y Meisel (2006) mostraron cómo la estructura fiscal centralizada y la dependencia de transferencias refuerzan desigualdades; Bonet, Pérez y Montero (2016) y Ordoñez y Pedraza (2016) evidenciaron que, sin fortalecer la capacidad fiscal local, la descentralización puede reproducir inequidades.
La coyuntura reciente confirma estos riesgos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estableció como meta para 2025 un déficit primario anual del 1,0 % del PIB, pero a mayo ya se acumulaba un déficit de 2,4 %, es decir, 1,4 puntos porcentuales por encima de la meta programada para ese momento del año. El déficit fiscal total se situó en 7,1 % del PIB tras la activación de la cláusula de escape, y el Fondo Monetario Internacional respalda un ajuste gradual, advirtiendo que la consolidación exige credibilidad y disciplina política. Moody’s y S&P rebajaron la calificación soberana, y Fitch alertó que la nueva senda fiscal incrementa la incertidumbre, señalando la necesidad de respaldar con recursos efectivos cualquier expansión del gasto.
En septiembre de 2024, el Congreso negó la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025 por un faltante de 12 billones de pesos, consecuencia de la no aprobación de una ley de financiamiento. Por primera vez desde 1991, el presupuesto fue expedido por decreto. Paralelamente, el Gobierno expidió un “decreto tributario” para anticipar el recaudo de renta de 2026 a 2025 y mejorar la caja fiscal. Desde la óptica de la equivalencia ricardiana, esta medida no genera riqueza: adelanta ingresos y debilita la confianza. La falta de coherencia entre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Presupuesto General de la Nación 2026 agrava el panorama: mientras el primero reconoce la necesidad de prudencia y ajuste, el segundo eleva el gasto a 557 billones de pesos, apoyado en una reforma tributaria proyectada para recaudar 26 billones sin respaldo político asegurado. El Espectador (2025) sintetizó la situación: “el presupuesto no suma y debe ser reducido”, señalando que 26,3 billones carecen de financiación viable.
En el plano territorial, los ingresos propios de departamentos y municipios se mantienen en torno al 3,2 % del PIB desde hace dos décadas. El Gobierno central recauda el 85 % de los ingresos y financia funciones esenciales mediante el Sistema General de Participaciones, limitando la autonomía fiscal. En este contexto, durante los actos por los 500 años de Santa Marta, el presidente Gustavo Petro anunció un paquete de inversiones por $1,4 billones, que incluye dos plantas desalinizadoras, una granja solar y obras de saneamiento y acueducto. El 70 % de los recursos provendría de la Nación, el 30 % del Distrito, y se contarían con aportes adicionales de la CAF que, en su mayoría, se canalizarían como cofinanciación. Aunque la propuesta responde a rezagos históricos, persiste la incertidumbre sobre su viabilidad fiscal, pues el Presupuesto General de la Nación 2026 no incorpora plenamente estos compromisos y parte del cierre financiero depende de ingresos aún inciertos.
Superar esta situación exige articular la planeación de mediano plazo con la ejecución anual, evitando que las metas fiscales se reduzcan a declaraciones retóricas. No basta anunciar reformas tributarias genéricas o recortes difusos: se requiere un plan de ajuste selectivo que no sacrifique el crecimiento, que garantice ingresos permanentes y que priorice inversiones con alto impacto en productividad y cohesión social. Esto implica ampliar la base tributaria reduciendo la dependencia de tributos empresariales, fortalecer la tributación de renta personal en los segmentos de mayores ingresos y consolidar impuestos verdes con diseño progresivo para evitar efectos regresivos, incentivando al mismo tiempo cambios productivos y de consumo compatibles con los compromisos climáticos. También es indispensable revisar exenciones y tratamientos preferenciales de bajo rendimiento recaudatorio y alto costo fiscal.
En el gasto, se debe implementar una auditoría independiente de programas, con evaluaciones de impacto ex ante y ex post, eliminando o reformulando aquellos sin retornos claros. Es prioritario contener el crecimiento de plantas temporales y contratos de prestación de servicios, sin afectar la operación de programas esenciales, y avanzar hacia una política de empleo público más eficiente y estable que reduzca la precarización laboral en el sector estatal. En paralelo, se debe garantizar transparencia y trazabilidad publicando trimestralmente los avances frente a las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo, incluyendo la ejecución presupuestal y los pasivos contingentes.
En materia de deuda, es fundamental diversificar las fuentes de financiamiento, privilegiando emisiones internas de largo plazo y operaciones de manejo de pasivos externos para reducir el riesgo de refinanciamiento. Un manejo prudente del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, evitando déficits cuasi fiscales, permitiría liberar recursos para inversión pública sin aumentar la vulnerabilidad macroeconómica.
En el ámbito territorial, la modernización de la Ley 715 de 2001 —o Ley de Competencias y Recursos— debe definir con mayor precisión las funciones de cada nivel de gobierno, cerrando duplicidades y vacíos que encarecen la gestión pública. Incrementar transferencias sin más autonomía fiscal y capacidad de gestión perpetúa la dependencia. Es necesario fortalecer la tributación local con actualización catastral masiva, modernización del impuesto de industria y comercio y, eventualmente, una sobretasa nacional al IVA con destinación territorial que permita financiar incrementos graduales del Sistema General de Participaciones sin comprometer la estabilidad macro. La responsabilidad fiscal local debe incorporar prácticas de planeación multianual y evaluación periódica de resultados, facilitando el acceso a financiamiento en mejores condiciones.
La coordinación entre el gobierno central y las entidades territoriales es decisiva para que proyectos estratégicos —como los anunciados en Santa Marta— no dependan únicamente de coyunturas políticas, sino que tengan respaldo financiero garantizado y se inserten en un plan de desarrollo coherente. Esto requiere alinear la planeación nacional con las capacidades y prioridades locales, estableciendo mecanismos de cofinanciación basados en criterios de impacto, sostenibilidad y retorno social.
Persistir en déficits elevados sin un plan creíble de ajuste es asumir que la economía ignorará las señales de alerta. Ahí es donde está el detalle: las reglas fiscales y la disciplina presupuestal no son simples herramientas técnicas, sino condiciones esenciales para sostener el crecimiento y evitar que los costos de la inacción recaigan sobre las generaciones futuras. En el realismo mágico de la política se puede creer que las deudas se evaporan y que las reglas se doblan a conveniencia, pero la macroeconomía, a diferencia de la literatura, no concede licencias poéticas.
