Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
La diferencia de ingreso per cápita entre un colombiano promedio y un estadounidense sigue siendo abismal. Según el Banco Mundial, en 2024 un colombiano generaba en promedio apenas el 9 % del ingreso anual de su homólogo estadounidense (World Bank, 2024). Esta brecha ha inquietado a la teoría económica desde hace más de siete décadas: ¿qué factores explican la capacidad de las economías para acumular capital, elevar productividad e impulsar innovación? El fenómeno se réplica al interior del país: Bogotá registra un PIB per cápita cercano a 50 millones de pesos, mientras el Magdalena apenas alcanza 14,6 millones. En términos simples, un bogotano produce en un año lo que un magdalenense tarda casi cuatro en generar (DANE, 2023). Son datos que invitan a reflexionar sobre las razones del rezago departamental y sobre qué nos impide converger hacia territorios más prósperos.
La respuesta clásica la ofrece el modelo de Solow, que mostró que en ausencia de progreso tecnológico el crecimiento se agota. Esa intuición llevó a pensar que países con tasas de ahorro y crecimiento poblacional similares tenderían a converger, siempre que accedieran a la misma tecnología (Solow, 1956). Sin embargo, la evidencia fue ambigua. Barro (1991) documentó que la convergencia no era automática sino condicional: las economías pobres solo crecían más rápido que las ricas si compartían niveles semejantes de capital humano, ahorro e instituciones. Años más tarde, Barro (1997) incorporó variables adicionales como fertilidad, educación, salud, estabilidad política e inflación, mostrando que el crecimiento depende de un entramado complejo donde el capital humano y la calidad institucional son determinantes. En Colombia, se documentó que, durante el siglo XX, el país apenas creció 2,3 % anual per cápita y que la principal limitación no fue la inversión física, sino la baja productividad total de los factores y la escasa innovación (Urrutia, Posada y Pontón, 2000).
La transformación conceptual llegó con los modelos endógenos. Lucas (1988) situó el capital humano en el centro del crecimiento, al demostrar que la educación y el aprendizaje generan rendimientos crecientes y benefician a toda la sociedad; además, en economías más educadas crece la demanda por instituciones inclusivas. Romer (1990) destacó la innovación deliberada y el I+D, recordando que las ideas son bienes no rivales capaces de sostener trayectorias de crecimiento indefinido. Mankiw, Romer y Weil (1992) ampliaron el modelo de Solow incluyendo la educación y concluyeron que hasta un 80 % de las diferencias de ingreso entre países se explica por capital humano. Benhabib y Spiegel (1994) reforzaron esta visión al mostrar que la educación no solo eleva productividad, sino que acelera la adopción de tecnologías externas. Galor y Moav (2004) argumentaron que, tras la Revolución Industrial, el motor del desarrollo dejó de ser la acumulación física y pasó a ser la acumulación de capital humano. Y Patel, Sandefur y Subramanian (2021) documentaron que desde mediados de los noventa se observa un proceso de convergencia no condicional, aunque tan lento que América Latina seguirá rezagada por décadas.
El giro institucional enriqueció la discusión. Acemoglu, Johnson y Robinson (2001) sostuvieron que la colonización dejó instituciones extractivas en América Latina, perpetuando desigualdad y frenando la inversión. Engerman y Sokoloff (2002) mostraron que las dotaciones iniciales de factores —cultivos de economías de escala, clima y densidad poblacional— moldearon sociedades desiguales que luego condicionaron sus instituciones. Hall y Jones (1999) hablaron de la infraestructura social como motor de productividad, mientras Rodrik, Subramanian y Trebbi (2004) demostraron que, una vez se controla por instituciones, ni la geografía ni la apertura comercial explican el crecimiento. En sentido inverso, Glaeser et al. (2004) sostuvieron que es el capital humano el que antecede a las instituciones: son las sociedades educadas las que presionan por reglas inclusivas. Los aportes culturales ampliaron aún más el debate. Tabellini (2008, 2010) y Guiso et al. (2016) mostraron que valores como la confianza y las normas de cooperación, transmitidos históricamente, influyen en el desempeño económico actual. Valencia (2019) aportó evidencia concreta al demostrar que las misiones jesuitas en el sur dejaron un legado educativo que, 250 años después, aún se refleja en mayores niveles de ingreso. La teoría del crecimiento pasó así de ver el desarrollo como un asunto de máquinas y ahorro a entenderlo como un proceso donde la interacción entre capital humano, instituciones y cultura define la capacidad de converger o quedarse rezagado.
El desafío es cómo aterrizar esta discusión en el Magdalena. La OCDE ha advertido que la baja acumulación de capital humano sigue siendo la principal barrera del crecimiento en Colombia. Apenas el 26 % de los jóvenes de familias sin secundaria completa logra ingresar a la universidad, frente al 70 % de quienes tienen al menos un padre con estudios terciarios (OECD, 2025). Esa desigualdad de origen se refleja en el Departamento: solo el 34 % de los bachilleres accede a educación superior, muy por debajo del promedio nacional, cercano al 55 %. La deserción universitaria también es elevada: en el país, solo el 43 % de los estudiantes termina el pregrado a tiempo y un 70 % lo logra con tres años adicionales (OECD, 2025). En esas condiciones, los retornos de la inversión en educación se diluyen y la promesa de movilidad social se incumple. Los resultados del ICFES confirman el rezago: el promedio nacional en 2024 fue de unos 260 puntos, mientras que el Magdalena alcanzó apenas 232. Municipios como Zona Bananera no superaron los 212, y en Puebloviejo y Cerro de San Antonio rondaron los 200. En esas localidades, prácticamente ningún estudiante alcanzó niveles avanzados en matemáticas o lectura, y menos del 2 % logró un nivel B1 en inglés. Dicho sin adornos: los jóvenes del Magdalena están saliendo del colegio sin las competencias mínimas para competir en el siglo XXI. Son precisamente esos municipios los que exhiben las mayores tasas de pobreza multidimensional, donde el rezago educativo y la informalidad laboral explican la trampa que no se rompe.
La relación entre pobreza y educación quedó sintetizada en un análisis reciente: “en el Magdalena, mayor pobreza multidimensional (IPM, 2018) se asocia con menores puntajes Saber 11 (ICFES, 2025). Sin inversión en capital humano, el crecimiento se estanca. La educación sigue siendo la palanca para romper el círculo de pobreza y baja productividad” (Morón, 2025a).
La Universidad del Magdalena ha buscado revertir esta situación con programas como Talento Magdalena y Talento Santa Marta, que desde 2017 han beneficiado a 2.377 jóvenes destacados de municipios. Sin embargo, su alcance es limitado: en el primer semestre de 2025 ingresaron 1.961 estudiantes y solo 251 por esta vía. Nueve de cada diez acceden por canales tradicionales y miles quedan excluidos. A esto se suma un avance institucional clave: la creación de la Institución Universitaria del Caribe (Unicaribe), una apuesta transformadora para ampliar cobertura y pertinencia de la educación superior en el departamento (Morón, 2025b).
Los rezagos del capital humano se reflejan en la estructura productiva. El 27,4 % del PIB departamental proviene de la administración pública, otro 22 % del comercio y apenas un 14,8 % de la agricultura, muy por encima del promedio nacional (DANE, 2023). Sectores de alto valor agregado como industria, tecnología o servicios profesionales casi no existen. La informalidad laboral alcanza el 77,8 % en 2024, con 62 % de trabajadores por cuenta propia y 9,6 % de desempleo (CPC, 2025). Entre los jóvenes, la informalidad supera el 85 % (Orozco y Portillo, 2025). El empleo, en su mayoría, es de baja productividad. Mientras el PIB per cápita de Bogotá triplica al del Magdalena, la diferencia en estructura productiva y capital humano explica casi todo el rezago. Estudios recientes muestran brechas en cantidad, pertinencia y calidad del talento humano. En la construcción, las empresas deben traer profesionales de otras ciudades (Angarita, 2021). Algo similar ocurre en turismo, logística portuaria y salud, sectores con potencial que carecen de mano de obra calificada. Esto coincide con lo hallado por Güiza e Imbachí (2023), quienes señalaron que patentes, formación técnica y tecnológica y apertura comercial favorecen el crecimiento, mientras que la pobreza lo frena. El IDC 2025 confirma que el Magdalena figura entre los últimos lugares en educación básica y media, educación superior y formación para el trabajo, y ecosistema innovador (CPC, 2025). Bajos puntajes en Saber 11, baja cobertura universitaria, debilidad en inglés y escasa innovación muestran que el rezago de capital humano es una restricción estructural.
El fenómeno NEET —jóvenes que no estudian ni trabajan— es otra expresión de esa trampa. En el Magdalena, casi uno de cada tres jóvenes está desconectado del sistema educativo y laboral (Morón, 2025c). Esto significa pérdida de capital humano, trayectorias dominadas por la informalidad y menor probabilidad de acceder a ingresos sostenibles. Al mismo tiempo, incrementa la presión sobre los sistemas de protección y perpetúa la desigualdad intergeneracional. Superar la desconexión juvenil exige políticas focalizadas en formación técnica, inclusión laboral y protección social, articuladas con los sectores productivos.
La persistencia de la pobreza ha sido ampliamente documentada: en 2024 la incidencia de pobreza monetaria fue del 51,7 %, frente a un 31,8 % nacional (Morón, 2025d). La desigualdad, medida por el índice de Gini, alcanzó 0,487. Estos indicadores muestran que el departamento combina bajo crecimiento con desigualdad y precariedad laboral. Revertir esta tendencia requiere crecimiento inclusivo, inversión social focalizada y fortalecimiento institucional. El debate sobre convergencia territorial no puede ignorar que la dispersión poblacional y el rezago en infraestructura limitan la productividad y la atracción de inversión. Como se ha planteado en análisis previos, es urgente reescribir el contrato entre centro y periferia con un esquema de compensación regional que permita a los departamentos rezagados cerrar brechas frente al centro del país (Morón, 2025c).
El Magdalena enfrenta una encrucijada histórica. Carreteras y puertos no bastan si el capital humano continúa rezagado. El verdadero oro del departamento no está en su subsuelo ni en su bahía, sino en su gente. Mientras no se construyan trayectorias educativas completas —desde la primera infancia hasta la inserción laboral formal— el PIB per cápita seguirá siendo una fracción del de Bogotá y la brecha con Estados Unidos continuará pareciendo un abismo imposible de cruzar. Ese abismo puede cerrarse con inversión sostenida en educación de calidad, pertinencia y equidad. La OCDE señala que los retornos de la educación terciaria superan los 300.000 dólares en ingresos de por vida y reducen a la mitad la probabilidad de desempleo. La inversión en educación no es un gasto, sino la apuesta más rentable de desarrollo. El reto es político, social y cultural: pasar de administrar pobreza a generar oportunidades, de reproducir desigualdades a construir movilidad social.
El Magdalena necesita con urgencia una política integral de capital humano que lo saque de la trampa del rezago y lo ponga en la senda de la convergencia.
