Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
La teoría clásica de las finanzas públicas reconoce al Estado como agente corrector de fallas del mercado. Samuelson (1954) expuso la noción de los bienes públicos como aquellos que, por su naturaleza no rival y no excluyente, requieren de una provisión estatal. Musgrave (1959) profundizó en este marco al identificar tres funciones esenciales del Estado: asignativa, redistributiva y estabilizadora. Por su parte, Stiglitz (2000) planteó que el mercado, incluso en condiciones competitivas, no garantiza resultados socialmente deseables, por lo que la política pública debe asumir el rol de equilibrar eficiencia y equidad.
En Colombia, este marco teórico ha tenido desarrollo normativo con la Constitución de 1991, que estableció un Estado social de derecho basado en la descentralización y la planeación participativa (artículos 1, 2, 339–344). A esto se suman la Ley 152 de 1994, que regula el Sistema Nacional de Planeación, y la Ley 489 de 1998, que ordena la organización administrativa del Estado. Este andamiaje cobra relevancia al observar los retos estructurales del Magdalena.
A pesar de un crecimiento económico del 5,9 % en 2022 (DANE, 2023), el PIB departamental representa apenas el 1,4 % del total nacional. El mercado laboral muestra señales persistentes de precariedad: la informalidad laboral en el departamento del Magdalena supera el 60 % en el total departamental y alcanza niveles superiores al 84 % en las zonas rurales, donde el autoempleo y la ausencia de afiliación a seguridad social constituyen la forma predominante de inserción laboral (Orozco y Portillo, 2025).A esto se suma el incremento de la pobreza monetaria, que en 2024 se ubicó en 51,7 %, y la pobreza extrema, que llegó al 23,2 %, mientras que la desigualdad medida por el índice de Gini aumentó a 0,504. La competitividad también se ve limitada: el departamento ocupa el puesto 16 de 32 en el Índice Departamental de Competitividad (CPC, 2024), con debilidades en educación, infraestructura y entorno para los negocios.
Este panorama plantea exigencias complejas a la gestión pública territorial. Entre 2020 y 2023, el gobierno departamental ejecutó el Plan de Desarrollo “Magdalena Renace” (Asamblea Departamental del Magdalena, 2020), sustentado en ejes estratégicos como la equidad social, el desarrollo productivo y el fortalecimiento institucional. Algunos de sus programas más reconocidos incluyeron Médico en tu Casa, Agua al Pueblo, Becas del Cambio, Vías del Cambio y la promoción del poder popular. En términos de asignación presupuestal, la Revolución de la Equidad concentró cerca del 70 % de la inversión pública (Gobernación del Magdalena, 2020).
Para el periodo 2024–2027, el plan aprobado por la Asamblea se tituló “12+1 Ruta del Cambio para Superar la Pobreza” (Asamblea Departamental del Magdalena, 2024). Si bien la estructura programática introduce un nuevo lenguaje, varias de las iniciativas centrales del periodo anterior se mantienen, incluyendo los programas de salud domiciliaria, infraestructura vial, fortalecimiento del agro y participación ciudadana. Esta continuidad responde a una visión compartida sobre las principales brechas del territorio, pero también evidencia un reto en materia de gestión: mantener políticas en el tiempo no garantiza resultados si no se asegura su ejecución, seguimiento y evaluación efectiva.
La articulación con el gobierno nacional se ha visto afectada por tensiones políticas. A partir de 2023, se consolidó una ruptura entre el movimiento político departamental y el Ejecutivo nacional. Mientras la organización política dominante en el Magdalena ha sostenido una narrativa de independencia frente al Ejecutivo, el distanciamiento se profundizó con la precandidatura presidencial de Carlos Caicedo en 2026, que marcó su decisión de disputar el liderazgo de las fuerzas alternativas a nivel nacional. Esta ruptura institucional ha generado un ambiente de incertidumbre sobre la cooperación entre niveles de gobierno, especialmente en temas de cofinanciación y concurrencia de competencias.
La situación se agravó con la discusión del presupuesto de 2025. La Asamblea Departamental aprobó el plan de inversiones en medio de fuertes tensiones entre el gobierno seccional y las bancadas independientes, quienes criticaron la concentración de recursos en ciertos sectores y la supuesta falta de apertura a propuestas técnicas de la oposición. La aprobación del presupuesto se dio con mayorías ajustadas, tras sesiones prolongadas y controversias sobre el gasto social y la distribución territorial de los recursos.
Este contexto político evidencia que la disputa por el rumbo del Departamento no es solo ideológica, sino también institucional. La elección atípica de 2025, que dio la victoria a Margarita Guerra con más del 56 % de los votos, confirmó la capacidad electoral del movimiento que ha gobernado desde 2020. Sin embargo, la tensión con el Ejecutivo nacional ha limitado la articulación intergubernamental, lo que afecta temas clave como la financiación de infraestructura, la gestión ambiental, la salud y la seguridad alimentaria.
Según el DNP (2023), el Departamento mostró una baja ejecución de inversión en 2023 y acumuló un superávit de $435 mil millones a junio de 2024. Estos datos sugieren que, más allá del diseño de los planes, es necesario fortalecer la capacidad de gestión técnica y la articulación entre niveles de gobierno.
Desde una perspectiva técnica, la continuidad programática entre los dos planes puede valorarse como un intento de institucionalizar respuestas estructurales, pero también debe analizarse a la luz de los resultados. Programas como Médico en tu Casa o Becas del Cambio han logrado cobertura, pero requieren de evaluaciones rigurosas para determinar su impacto real en indicadores como salud preventiva o acceso a educación superior. La permanencia de estos programas en los planes debe venir acompañada de ajustes basados en evidencia y mecanismos de mejora continua.
El nuevo plan de desarrollo incorpora, además, componentes como la política de alfabetización masiva, la expansión de la infraestructura educativa y la promoción de la asociatividad campesina. También se incluyen programas de vivienda digna, sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo y fortalecimiento de las finanzas públicas. Estas apuestas, aunque ambiciosas, enfrentan restricciones de ejecución derivadas del bajo margen fiscal, la falta de articulación y las tensiones institucionales.
Una recomendación clave es fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación a través de indicadores SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con límite de tiempo) que permitan seguir el desempeño de cada programa y redirigir recursos oportunamente. La publicación periódica de informes de gestión, abiertos a control ciudadano y escrutinio técnico, también puede elevar la confianza institucional y reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones.
Otra medida necesaria es fomentar el diálogo Nación-territorio mediante esquemas estables de coordinación sectorial. Espacios como los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), Rap Caribe, las mesas de articulación con ministerios y la participación en la actualización del Plan Nacional de Desarrollo deben aprovecharse para destrabar proyectos estratégicos y blindar políticas sociales del vaivén político.
Asimismo, se requiere un mayor esfuerzo en la formación de talento humano público. Muchos de los cuellos de botella en la ejecución están ligados a limitaciones técnicas en formulación de proyectos, contratación y seguimiento. Una política de fortalecimiento de capacidades internas en planeación, presupuesto, evaluación y participación ciudadana sería una inversión estratégica para mejorar la gobernanza.
En lugar de deshojar margaritas entre continuidad y ruptura, el Departamento necesita consolidar una política pública orientada al largo plazo, con participación efectiva de la ciudadanía, articulación interinstitucional y responsabilidad fiscal. El bien común no se garantiza desde la confrontación ni desde la fidelidad partidista, sino desde la construcción de capacidades institucionales que respondan a las necesidades reales del territorio.
Solo así el Magdalena podrá avanzar hacia una gestión pública más efectiva, legítima y centrada en resultados.
