BOGOTÁ_ El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) expresó su rechazo frente a los recientes ataques y hechos de violencia que afectan a comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde varias poblaciones han quedado confinadas en medio de combates entre grupos armados ilegales.
Según denuncias de autoridades indígenas, comunidades del pueblo arhuaco en el sector de Cerro Azul permanecen atrapadas por enfrentamientos y ataques con drones entre estructuras armadas conocidas como las Pachencas (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra) y el Clan del Golfo, lo que ha bloqueado las vías de acceso e impedido el ingreso de misiones médicas para atender a personas heridas o fallecidas.
El CNMH advirtió que esta situación representa una grave crisis humanitaria, ya que las comunidades quedan expuestas a la confrontación armada en su territorio ancestral. Además, los enfrentamientos se desarrollan en un corredor estratégico de la Sierra Nevada que coincide con la llamada Línea Negra, territorio sagrado que delimita los espacios espirituales y culturales de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo.
Para las autoridades tradicionales indígenas, la afectación de este territorio rompe el equilibrio espiritual entre el mar, los ríos y las montañas que, según su cosmovisión, sostiene el orden del mundo y la vida de las comunidades.
La entidad también expresó preocupación por otros hechos de violencia contra pueblos originarios en el país, como el asesinato del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, líder de la comunidad Alto Tarena en el Chocó, cuyo cuerpo fue hallado tras haber sido reportado como desaparecido días antes.
A través de su estrategia SaNaciones, el Centro Nacional de Memoria Histórica señaló que continúa realizando labores de acompañamiento, escucha y documentación de las afectaciones que sufren los pueblos indígenas en diferentes regiones del país, con el fin de visibilizar estas situaciones y contribuir a la construcción de la memoria histórica.
El organismo recordó que, aunque su función no es operativa en materia de seguridad, sí tiene la responsabilidad de alertar y registrar las violaciones a los derechos de los pueblos originarios, evitando que los hechos de violencia queden en silencio y promoviendo acciones institucionales para proteger a estas comunidades.
