Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
Mientras Santa Marta se consolida como escenario de discusión sobre transición energética, el debate relevante no es ambiental sino económico. La pregunta no es si el mundo reducirá el uso de combustibles fósiles, sino cómo se ajusta una economía cuya base fiscal, externa y energética depende de ellos. En el Caribe colombiano, y particularmente en el Magdalena, esta discusión conecta tres dimensiones: sostenibilidad fiscal, seguridad energética y estabilidad macroeconómica.
El punto de partida es estructural. Las economías intensivas en recursos naturales presentan mayor volatilidad y menor diversificación (Sachs & Warner, 1995). En Colombia, esto se expresa territorialmente. El crecimiento de las exportaciones no tradicionales no ha sido homogéneo, y departamentos como el Magdalena mantienen una baja participación relativa frente a economías más diversificadas (Morón, 2006). La limitación es persistente: dificultad para insertarse en mercados dinámicos con bienes distintos a los extractivos.
La transición energética modifica esa demanda global. Sin embargo, en el corto y mediano plazo, el sistema sigue requiriendo fuentes firmes que respalden la intermitencia de las renovables. En Colombia, ese rol lo cumple el gas natural. Según el Ministerio de Minas y Energía (2024), representa cerca del 30% del consumo energético final, mientras que la UPME (2024) estima reservas en horizontes de 7–8 años, lo que introduce riesgo de desabastecimiento sin nuevos proyectos.
Este punto es central en el debate de matriz. Las transiciones exitosas no eliminan de inmediato los combustibles fósiles, sino que reconfiguran su uso. El gas actúa como respaldo del sistema y reduce emisiones frente a otras fuentes. En contraste, sustituciones aceleradas sin soporte suficiente elevan costos, presionan inflación y afectan competitividad (IEA, 2024).
Ese canal macroeconómico ya es visible. El componente energético está presionando la inflación. El DANE (2025) muestra incrementos asociados a electricidad y gas, con transmisión superior al promedio del IPC. Se trata de un choque de costos: la energía encarece transporte, producción y alimentos, reduciendo ingreso real y competitividad. El Banco de la República (2024) ha señalado que los precios regulados, en particular energía, explican parte de la persistencia inflacionaria.
El riesgo es estructural. Sin expansión de oferta interna de gas, la dependencia de importaciones aumenta costos y volatilidad. La CREG (2024) advierte que este escenario implica incrementos tarifarios significativos. Además, se presiona la balanza de pagos: importar energía incrementa la demanda de divisas y deteriora la cuenta corriente (FMI, 2024).
El problema puede leerse como uno de sostenibilidad intertemporal. Menores ingresos futuros asociados a recursos extractivos y mayores costos energéticos en el corto plazo generan una doble presión. La inconsistencia temporal es evidente: decisiones actuales que no internalizan costos futuros de desabastecimiento o dependencia externa (Kydland & Prescott, 1977).
El Caribe enfrenta esta tensión con limitaciones adicionales. Aunque cuenta con ventajas en energías renovables, enfrenta restricciones en transmisión, infraestructura e institucionalidad. La UPME (2025) advierte que la expansión renovable depende de resolver estos cuellos de botella. Sin ello, la transición avanza en anuncios, no en resultados, y el sistema se vuelve más costoso y vulnerable.
El problema no es la transición, sino su diseño. La evidencia muestra que el crecimiento depende de productividad, encadenamientos y capacidades tecnológicas (Krugman, 1992). Sin integración local, las renovables pueden reproducir lógicas de enclave. A esto se suma una institucionalidad orientada históricamente a la captura de rentas, no a la diversificación (North, 1990), y una economía política donde los beneficiarios del modelo actual tienen incentivos para mantenerlo (Buchanan & Tullock, 1962).
El costo de la inacción ya es visible. El cambio climático afecta productividad, infraestructura y sectores como turismo y agroindustria (IPCC, 2023). En este contexto, la transición energética es también una estrategia de gestión de riesgos.
Aquí el turismo deja de ser un sector complementario y se convierte en un eje de transformación productiva para Santa Marta. A diferencia de las actividades extractivas, tiene mayor capacidad de generar empleo, encadenamientos y distribución del ingreso. Pero su potencial no es automático.
El primer reto es estructural y tiene que ver con la diversificación de la oferta turística. El modelo actual, centrado en sol y playa, presenta alta estacionalidad, baja permanencia del visitante y limitada captura de valor. La evidencia muestra que los destinos que logran aumentar el gasto por turista no dependen de un solo producto, sino de la integración de experiencias culturales, ambientales y gastronómicas (OMT, 2024). En Santa Marta, esto implica pasar de una oferta fragmentada a una lógica de sistema, donde el Centro Histórico, la Sierra Nevada, el Parque Tayrona, la Ciénaga Grande y los territorios rurales funcionen como una red articulada de servicios y experiencias. Sin esa integración, el turismo seguirá creciendo en volumen, pero no en valor, reproduciendo un patrón de bajo ingreso por visitante.
El segundo reto es de productividad y condiciones habilitantes. El turismo colombiano enfrenta limitaciones en calidad, diferenciación y gestión empresarial (DNP, 2024), lo que restringe su capacidad de competir en segmentos de mayor ingreso. Mejorar productividad no es un asunto marginal: implica formación del capital humano, estandarización de servicios, digitalización de la operación y fortalecimiento empresarial. A esto se suman los déficits en bienes públicos urbanos —movilidad, agua potable, saneamiento, seguridad y espacio público— que afectan directamente la experiencia del visitante y la competitividad del destino. En paralelo, la sostenibilidad ambiental deja de ser un atributo reputacional para convertirse en un determinante económico: la adopción de energías limpias en hoteles, transporte y servicios reduce costos operativos y mejora el posicionamiento internacional. La transición energética, en este sentido, no es ajena al turismo; es una condición para su eficiencia.
El tercer reto es de estructura económica e institucionalidad. La informalidad limita la productividad, el recaudo y la capacidad de generar encadenamientos, mientras que la débil articulación con sectores como agricultura, transporte y comercio reduce el impacto del turismo sobre la economía local. Superar esta restricción exige avanzar en formalización y en integración productiva. Al mismo tiempo, la gobernanza del destino es determinante: sin coordinación entre sector público, privado y comunidades, el crecimiento del turismo tiende a degradar el territorio y deteriorar la calidad del servicio. El turismo no sustituye de manera inmediata las rentas extractivas, pero sí puede consolidarse como un pilar de diversificación si se gestiona correctamente. La transición energética redefine los costos de la economía; el turismo puede redefinir sus ingresos. Entre ambos se configura no solo la estabilidad macroeconómica, sino la trayectoria de desarrollo de Santa Marta.
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En ese marco, la discusión deja de ser sectorial y se convierte en una decisión de modelo económico. Santa Marta no enfrenta la disyuntiva entre transición energética o crecimiento, sino entre una transición desordenada con mayores costos o una estrategia articulada que estabilice la economía y diversifique sus fuentes de ingreso. La energía define las condiciones de estabilidad; el turismo, si se gestiona con productividad, infraestructura y gobernanza, puede consolidar una senda de generación de valor sostenible. La evidencia es clara: los territorios que anticipan los cambios estructurales reducen sus costos de ajuste y amplían sus oportunidades. En el caso de Santa Marta, esa anticipación pasa por entender que la sostenibilidad no es una agenda ambiental, sino el eje sobre el cual se define su viabilidad económica en el largo plazo.
En ese marco, la discusión deja de ser sectorial y se convierte en una decisión de modelo económico. Colombia en general y Santa Marta en particular, no enfrentan la disyuntiva entre transición energética o crecimiento, sino entre una transición desordenada con mayores costos o una estrategia articulada que estabilice la economía y diversifique sus fuentes de ingreso. La energía define las condiciones de estabilidad; el turismo, si se gestiona con productividad, infraestructura y gobernanza, puede consolidar una senda de generación de valor sostenible. La evidencia es clara: los territorios que anticipan los cambios estructurales reducen sus costos de ajuste y amplían sus oportunidades. En el caso de Santa Marta, esa anticipación pasa por entender que la sostenibilidad no es una agenda ambiental, sino el eje sobre el cual se define su viabilidad económica en el largo plazo.
