Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
La reciente muerte del filósofo alemán Jürgen Habermas ha recordado un principio central de las democracias contemporáneas: las decisiones públicas no se legitiman únicamente mediante el acto electoral, sino a través de la deliberación informada que lo precede. Habermas planteó que la legitimidad democrática depende de la calidad del debate público en el cual ciudadanos, instituciones y actores económicos confrontan argumentos sobre las reglas que organizan la vida colectiva (Habermas, 1996). En contextos electorales, esa deliberación se concentra en una discusión fundamental: el papel que debe desempeñar el Estado en la economía y el espacio que debe ocupar el mercado en la asignación de recursos.
Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia reflejan precisamente esa disputa. Aunque el tarjetón incluye catorce candidaturas, las propuestas económicas pueden agruparse en tres visiones relativamente definidas sobre la relación entre Estado y mercado. Este debate ocurre además en un contexto macroeconómico exigente. Colombia cerró 2025 con un déficit fiscal cercano al 7,5 % del PIB y una deuda pública que ronda el 65 % del PIB (The Economist, 2026; Bancolombia, 2026). A ello se suma una tasa de informalidad laboral de 55,8 %, asociada al aumento del empleo no asalariado (Banco de la República, 2026), y un sistema de salud con patrimonio negativo cercano a 15,8 billones de pesos (Así Vamos en Salud, 2026). En otras palabras, el próximo gobierno heredará restricciones fiscales y estructurales que condicionarán cualquier programa de política económica.
Desde la teoría de las finanzas públicas, el papel del Estado se analiza a partir de las funciones identificadas por Musgrave (1959): asignación de bienes públicos, distribución del ingreso y estabilización macroeconómica. Estas funciones, sin embargo, implican restricciones fiscales inevitables. Ampliar el gasto social requiere mayores ingresos tributarios; sostener la estabilidad macroeconómica exige disciplina fiscal; y fortalecer la provisión de bienes públicos requiere instituciones capaces de ejecutar el gasto con eficiencia. En términos simples, toda política económica implica decisiones sobre prioridades y costos de oportunidad.
Las propuestas económicas de los catorce candidatos pueden organizarse en tres enfoques. El primero corresponde a una visión más intervencionista del Estado, presente en sectores de izquierda y centro-izquierda. En esta perspectiva se plantea un Estado activo en la transformación económica y social mediante mayor gasto público, reformas redistributivas y una presencia estatal más fuerte en sectores estratégicos. Desde esta visión, el mercado por sí solo no garantiza resultados socialmente equitativos ni una asignación eficiente de oportunidades.
El segundo enfoque, asociado a sectores de derecha y centro-derecha, enfatiza el papel del mercado como principal mecanismo de asignación de recursos. En esta perspectiva el Estado debe concentrarse en garantizar estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y provisión de bienes públicos básicos, evitando intervenir excesivamente en la actividad productiva. Este enfoque parte de la premisa de que la inversión privada, la competencia y la innovación son los principales motores del crecimiento económico (Friedman, 1962).
Entre estas dos posiciones aparece una tercera visión, representada por candidaturas de centro político, que intenta combinar disciplina fiscal con políticas públicas orientadas a reducir desigualdades. Este enfoque propone fortalecer áreas como educación, innovación y productividad sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la literatura de economía política advierte que estas posiciones enfrentan dificultades cuando no explicitan los mecanismos fiscales que permitirán financiar sus propuestas (Alesina y Drazen, 1991).
La teoría de la elección pública ofrece herramientas para entender el comportamiento de las campañas electorales. Buchanan y Tullock (1962) argumentaron que los actores políticos responden a incentivos electorales que no siempre coinciden con el bienestar social agregado. En este contexto, los gobiernos tienden a prometer beneficios concentrados en el corto plazo, mientras que los costos de esas decisiones se distribuyen en el tiempo. Downs (1957) añadió que muchos votantes enfrentan lo que denominó ignorancia racional, lo que facilita la simplificación de debates complejos en las campañas.
Estas dinámicas han sido ampliamente documentadas en América Latina. Dornbusch y Edwards (1991) describieron el fenómeno del populismo macroeconómico, caracterizado por expansiones del gasto público sin fuentes claras de financiación, seguidas posteriormente por ajustes macroeconómicos inevitables. En estos escenarios, las restricciones fiscales terminan imponiéndose sobre las promesas electorales.
A estas restricciones económicas se suman limitaciones institucionales. Douglass North planteó que las instituciones constituyen las reglas formales e informales que estructuran los incentivos económicos y reducen la incertidumbre en las interacciones sociales (North, 1990). La evidencia empírica respalda esta interpretación. Acemoglu, Johnson y Robinson (2001) demostraron que las diferencias de ingreso entre países se explican en gran medida por la calidad de sus instituciones políticas y económicas. Rodrik, Subramanian y Trebbi (2004) concluyeron posteriormente que, una vez se controla por la calidad institucional, factores como la geografía o la apertura comercial tienen un impacto relativamente menor sobre el crecimiento de largo plazo.
En el caso colombiano, estas restricciones institucionales adquieren especial relevancia porque los programas de gobierno no son simples documentos programáticos. En el marco constitucional colombiano, los programas presentados por los candidatos constituyen el insumo fundamental para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que posteriormente se convierte en ley de la República. La Constitución establece el principio del voto programático, mediante el cual los ciudadanos eligen gobernantes con base en sus programas de gobierno (Constitución Política de Colombia, art. 259).
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) establece además que el Plan Nacional de Desarrollo debe construirse a partir de los compromisos programáticos del gobierno electo y debe mantener consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las proyecciones macroeconómicas del país. En términos prácticos, esto significa que los programas de gobierno constituyen la base sobre la cual se estructura el principal instrumento de planificación económica del Estado colombiano.
Por esta razón, la calidad técnica de las propuestas económicas de los candidatos es un elemento central del debate electoral. Un programa que promete aumentos significativos del gasto público sin identificar fuentes de financiación enfrenta dificultades evidentes para traducirse en un Plan Nacional de Desarrollo viable desde el punto de vista fiscal. De igual forma, propuestas de reducción significativa del tamaño del Estado pueden enfrentar restricciones institucionales y políticas que dificulten su implementación.
Los diagnósticos técnicos coinciden en varios puntos. La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales de la economía colombiana. Más de la mitad de los trabajadores del país se encuentran fuera de esquemas formales de protección social, lo que limita la productividad y reduce los ingresos fiscales (Banco de la República, 2026). Al mismo tiempo, el elevado nivel de endeudamiento público reduce el margen de maniobra para ampliar el gasto público sin nuevas fuentes de financiación.
En este contexto, el debate electoral enfrenta una tensión inevitable entre promesas políticas y restricciones económicas. Muchos candidatos proponen expandir el gasto social o reducir la carga tributaria, pero pocas campañas explican con claridad cómo se financiarán esas decisiones dentro del marco fiscal vigente.
Las elecciones presidenciales de 2026 representan, en ese sentido, algo más que una competencia política. Constituyen una decisión colectiva sobre el modelo de economía política que orientará al país en los próximos años. Y en una economía con restricciones fiscales significativas, altos niveles de informalidad y desafíos estructurales en sectores como salud, energía y productividad, esa decisión —conviene decirlo con claridad— no es menor.
