PLATO_ En un hecho trascendental para la reparación de víctimas y la transformación del campo en el Caribe colombiano, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— recuperó 506 hectáreas que estuvieron vinculadas a estructuras del paramilitarismo y el narcotráfico en el departamento del Magdalena.
Son siete predios, en los municipios de Plato y Sabanas de San Ángel, que hicieron parte de dinámicas de despojo y concentración de tierras asociadas a actores armados ilegales como Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, excomandante paramilitar que dirigió el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y José María Barrera Ortiz, alias Chepe Barrera, quien fuera el comandante de las Autodefensas del Sur del Magdalena.
De acuerdo con registros oficiales y procesos judiciales, estos territorios estuvieron bajo control de redes que combinaron violencia, economías ilícitas y apropiación irregular de la propiedad rural, generando desplazamientos forzados y afectaciones profundas a comunidades campesinas en una de las épocas más agudas del conflicto armado.
Uno de los casos más representativos corresponde al predio La Isla, cuya cadena de titularidad evidencia transferencias vinculadas a una empresa relacionada con el entorno familiar de Tovar. A este bien, objeto de medidas judiciales, finalmente se le registra la transferencia de dominio por enajenación temprana a la Unidad para las Víctimas.
“Estas tierras serán dispuestas para la Reforma Agraria en Plato y Sabanas de San Ángel, dándole así cumplimiento al Plan de Desarrollo del Gobierno nacional en lo que nos compete: distribuir la tierra para que más familias campesinas puedan trabajar y progresar con justicia social”, aseguró el asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, Javier Esteban Marín Gallego.
De igual forma, otros predios como Moyero y El Playón y lotes de terreno registraron antecedentes asociados a José María Barrera Ortiz, quien consolidó su poder territorial mediante la articulación entre narcotráfico y estructuras paramilitares en el sur del Magdalena. Entre 2019 y 2021, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizó depósito provisional y finalmente, en 2025, es hecha la anotación de autorización de enajenación temprana.
“La recuperación de los siete predios representa un avance significativo en la implementación de las políticas de Reforma Agraria y reparación integral, al permitir que tierras que fueron escenario de violencia y despojo sean hoy destinadas a proyectos productivos campesinos y al fortalecimiento del tejido social rural”, afirmó el coordinador de la ANT en el Caribe, Damián Marañón Romero.
Con estas acciones, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca restituir derechos y sentar las bases para una transformación estructural del campo en el Magdalena, históricamente marcado por la concentración de la tierra y el conflicto armado.
Entrega en Santa Ana
En el desarrollo del proceso de justicia agraria liderado por la ANT, la ANT formalizó la recuperación y entrega de 26 hectáreas del predio Sinaí, en Santa Ana, municipio en el sur del Magdalena. Este terreno, originalmente adquirido por la ANT a una familia como parte del programa de compra voluntaria, había sido ocupado de manera irregular por un hijo del antiguo propietario, quien desalojó a tres familias campesinas beneficiarias vinculadas a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anunc).
No obstante, la intervención institucional permitió restituir el uso legítimo de estas tierras, garantizando el retorno de las familias afectadas y reafirmando el principio de seguridad jurídica sobre los predios adjudicados en el cumplimiento de la Reforma Agraria.
“Esta ocupación indebida desconocía el alcance de la negociación inicial, que comprendía la totalidad del predio, 604 hectáreas, lo que obligó a la entidad a ejercer acciones administrativas para recuperar el dominio efectivo de las 26 hectáreas en disputa”, explicó el asesor de la Dirección General de la ANT, Javier Santiago Velásquez.
Este hecho no solo representa la restitución material de un activo productivo, sino también la protección de los derechos adquiridos por los campesinos.
“Este Gobierno nos ha tenido en cuenta y hoy estamos aquí en la parcela. Ya podemos decir que sí nos ha cumplido. El campo es el sustento de todo el mundo; no solo de los campesinos, sino también de los empresarios, porque de la tierra es donde sale la alimentación y sin alimentación no existiría el mundo”, expresó el beneficiario de la entrega, Jhon Wilson López Rincón.
Esta adjudicación se inscribe en un contexto histórico de alta desigualdad en la tenencia de la tierra en el Magdalena, donde durante décadas confluyeron conflictos agrarios, ocupaciones campesinas y violencia armada.
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