SANTA MARTA_ El humorista e influenciador barranquillero Juan David Muñoz, conocido artísticamente como Juanda Caribe, vuelve a estar en el centro de la controversia, esta vez por un supuesto proceso judicial que involucraría a su expareja sentimental, Sheila Gándara, quien habría solicitado medidas de embargo sobre algunos de sus bienes y productos financieros.
La información comenzó a circular luego de que la página de entretenimiento Babaditos divulgara un presunto documento judicial, posteriormente replicado en distintas plataformas digitales, en el que se mencionan medidas cautelares relacionadas con el patrimonio del creador de contenido.
De acuerdo con la información publicada por El Universal, el documento estaría vinculado a un procedimiento adelantado ante el Juzgado Segundo de Familia Oral de Barranquilla, en el que figuraría el nombre de Juan David Muñoz.
Entre las solicitudes conocidas se encontraría el embargo del 50 % de determinados recursos o productos financieros asociados al humorista. Asimismo, aparecen mencionadas entidades bancarias como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Itaú y Banco de Bogotá.
Otro de los aspectos que ha llamado la atención es que algunas medidas sobre determinados bienes no habrían sido concedidas debido a que estos figurarían a nombre de Caribbean Group Colombia S. A. S., y no directamente del reconocido comediante.
Según las versiones difundidas, el procedimiento estaría relacionado con la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial que habrían conformado Gándara y Muñoz durante su relación sentimental.
La situación se conoce varios meses después de que la pareja anunciara su separación, ocurrida en medio de la controversia generada por la cercanía entre Juanda Caribe y la influenciadora Mariana Zapata durante su participación en el programa La casa de los famosos Colombia 2026.
Tras la ruptura, el humorista había manifestado públicamente su intención de mantener una relación cordial con Sheila Gándara por el bienestar de la hija que tienen en común.
No obstante, hasta el momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado oficialmente sobre el supuesto procedimiento judicial, por lo que no se ha podido establecer si las solicitudes de embargo fueron presentadas directamente por Gándara ni cuál sería el alcance definitivo de las medidas.
También es importante precisar que la solicitud de una medida cautelar no implica necesariamente que esta haya sido aprobada o ejecutada por las autoridades judiciales.
Por ahora, el documento continúa generando reacciones y especulaciones en redes sociales, mientras se espera conocer información oficial que permita esclarecer la situación jurídica y patrimonial de la expareja.
