SANTA MARTA_ La Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía de Santa Marta ha iniciado varios procesos disciplinarios contra 18 exfuncionarios del gobierno de la exalcaldesa Virna Johnson Salcedo, debido a omisiones en el ejercicio de sus funciones, específicamente por no cargar información de manera oportuna en la plataforma Sia Observa.
Entre los investigados se encuentran destacados exsecretarios y exdirectores de institutos descentralizados, así como jefes de secciones y otras dependencias de la Alcaldía Distrital. Algunos de los nombres más relevantes en la investigación son los exsecretarios de Educación, Antonio Peralta Silvera; del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), Jaime Avendaño Camacho; de Infraestructura, Jonatan Nieto Gutiérrez; y de Salud, Enrique Toscano Salas.
Además de estos, también están siendo investigados Rubén Silva Gómez, Adriana Cristina Trujillo Arias, Álvaro Castillo Bolaño, Gloria Gómez Charris, Astrid Morán Rodríguez, Ingrid Llanos Vargas, Andrés Correa Sánchez, Isis Navarro Cera, Juan De León Moscote y Aura Herrera Martínez. Otros implicados incluyen a Raúl Pacheco Granados, Melissa Sánchez Vargas, Marlon Laborde Rivaldo, Greysi Ávila Campo y otros servidores que ocupaban cargos como jefes de división y profesionales universitarios.
Según la información suministrada por la entidad a cargo de la investigación disciplinaria, la omisión en la carga oportuna de datos a la plataforma Sia Observa, o en algunos casos la carga extemporánea, está relacionada con una serie de contratos realizados entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2020. Estos funcionarios tenían a su cargo la supervisión de dichos contratos.
La falta de actualización de esta información ha generado problemas en el proceso de empalme con la actual administración, lo que ha ocasionado retrasos en la consolidación de las bases de datos de algunas dependencias.
Se espera que en las próximas horas, las personas mencionadas sean citadas a descargos, y dependiendo de la responsabilidad que se determine, los casos podrían ser trasladados a la Procuraduría General de la Nación para una investigación disciplinaria y a la Contraloría General de la Nación para posibles sanciones fiscales.
