BOGOTÁ_ A dos meses de la entrada en vigor de la norma que obliga a medir y pagar los tiempos de cargue y descargue del transporte de carga, el país comienza a sentir sus efectos en la economía cotidiana. Lo que nació como una medida técnica para corregir una deuda histórica con los camioneros hoy genera preocupación generalizada, al evidenciarse que el aumento en los costos del transporte se está trasladando al precio final de los productos que consumen los colombianos.
La regulación, establecida mediante la Resolución 20243040058015 de 2024 del Ministerio de Transporte, entró a regir el 30 de noviembre de 2025 y obliga a reportar de forma automática, a través del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), las horas que los conductores esperan para ser atendidos en puertos, centros logísticos y puntos de distribución. Desde entonces, cada minuto de espera debe ser reconocido económicamente dentro del valor del flete, según las tarifas del SICE-TAC.
De acuerdo con Satrack, empresa colombiana de tecnología especializada en transporte de carga, en Colombia se realizan más de 1,2 millones de viajes de carga al mes, lo que convierte a esta medida en un factor con impacto directo sobre la canasta básica, los medicamentos, los materiales de construcción y prácticamente toda la economía.
“Todo lo que una persona come, usa o tiene en su casa fue transportado por carretera. Cuando sube el costo del transporte, sube el precio final”, explicó Sergio Ramírez, gerente para empresas de Satrack, durante un balance sectorial realizado con camioneros, empresas de transporte y operadores logísticos.
Aunque la norma busca dignificar el trabajo del conductor, los camioneros aseguran que en la práctica poco ha cambiado. Conductores consultados advierten que continúan enfrentando largas esperas sin que estas sean reconocidas en el pago final, mientras deben asumir gastos de alojamiento, alimentación y seguridad de la carga.
“Ahora exigen citas para descargar y lo pueden tener a uno dos días esperando. Ese tiempo nadie lo paga”, afirmó Luis Portela, transportador con años de experiencia. Otros conductores coinciden en que muchas empresas no están aplicando las tarifas establecidas, y que los valores reconocidos por horas de espera resultan insuficientes frente a los costos reales.
Expertos del sector coinciden en que el RNDC ha logrado visibilizar por primera vez un costo históricamente invisible, pero no logra capturar la complejidad del trabajo en carretera. Situaciones como congestiones urbanas, inseguridad, bloqueos, mal estado de las vías o limitaciones físicas en los puntos de descarga generan registros que no siempre reflejan lo ocurrido en la práctica.
Además, empresas de transporte y operadores logísticos advierten que la presión por evitar sanciones está generando conflictos entre generadores de carga, transportadoras y conductores, en un sector clave para el abastecimiento nacional.
Analistas señalan que, aunque la medida tiene un objetivo legítimo, su implementación incompleta y las fallas operativas están provocando incrementos de costos que terminarán pagando los consumidores. “A mayores costos logísticos, mayores precios para todos”, coinciden empresarios y trabajadores del sector.
Mientras el Gobierno defiende la norma como parte de los compromisos adquiridos tras el paro camionero de 2024, los actores de la cadena logística hacen un llamado a usar la información para mejorar eficiencia y planificación, y no únicamente como un mecanismo sancionatorio.
Por ahora, el reloj sigue corriendo y el país observa cómo una regulación pensada para ordenar el transporte de carga empieza a redefinir precios, relaciones y tensiones en uno de los sectores más estratégicos de la economía colombiana.
