SANTA MARTA_ En 2023, la economía del país estuvo marcada por la implementación de diversas reformas en el Congreso, entre las que destacaron las pensionales, laborales y de salud. Estas reformas se convirtieron en el foco central del debate económico, generando controversia debido a sus posibles impactos a mediano y largo plazo, así como a la falta de resolución de problemas estructurales, a pesar de sus nobles objetivos declarados.
En relación con la reforma pensional, el Congreso se encuentra en receso legislativo, y se espera que el 16 de febrero los senadores regresen para abordar la discusión y el debate de la reforma, que ya ha pasado por el primer debate en comisión y ahora se dirigirá a plenaria.
Un análisis titulado «Reforma al sistema de protección económica a la vejez: ¿De todos y para todos?» fue presentado por tres docentes, quienes evaluaron la propuesta de reforma pensional en discusión en el Congreso de la República. Aunque reconocieron aspectos positivos, como los cambios orientados a ampliar la cobertura del sistema, también propusieron modificaciones para hacerla más inclusiva, justa con las generaciones presentes y futuras, y acorde con la realidad fiscal del país.
Se destacó la necesidad de la reforma debido a la exclusividad, regresividad e ineficiencia del sistema pensional colombiano. Actualmente, solo una de cada cuatro personas mayores accede a una pensión contributiva, generando un gasto público significativo concentrado en personas de altos ingresos.
La competencia entre el régimen de prima media (Colpensiones) y el de ahorro individual con solidaridad (fondos de pensiones) ha resultado en beneficios sustancialmente diferentes para personas con historias laborales similares, dependiendo del régimen al que pertenecen.
El proyecto de reforma busca asegurar ingresos para personas mayores sin acceso a una pensión y transformar el funcionamiento del Sistema General de Pensiones mediante la implementación de pilares que determinarán condiciones de acceso y beneficios en la etapa de retiro.
Un aspecto polémico de la propuesta es la limitación de las contribuciones a Colpensiones a un máximo de 3 salarios mínimos, lo que implica restricciones en los subsidios, dejando a todos los pensionados bajo la responsabilidad de Colpensiones. Este enfoque ha suscitado debates sobre la sostenibilidad y equidad del sistema propuesto.
