SANTA MARTA_ En atención a una multiplicidad de denuncias recibidas de la ciudadanía y varias organizaciones sociales, la Fiscalía General de la Nación dispuso de un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de un grupo especializado de policía judicial para verificar posibles actos de corrupción en distintos contratos realizados en Magdalena, entre 2013 y 2019.
En ese sentido, siguiendo el direccionamiento estratégico de lucha contra la corrupción en los territorios, se consolidó y priorizó el caso investigativo denominado ‘Robo de Magdalena’, que permitió obtener abundante material de prueba y evidencia física que dan cuenta de que en ese departamento habrían sido orientados de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco procesos de contratación que superaron en valor los 457.000 millones de pesos.
Adicionalmente, se identificaron diversas irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura; y sobrecostos o desembolsos injustificados que representaron un peculado de algo más de 74.779 millones de pesos, que corresponde a recursos públicos que se perdieron o quedaron en manos de terceros.
Ante este panorama de criminalidad, considerado como una de las mayores evidencias de corrupción y desviación ilegal de dineros en Magdalena, la Fiscalía solicitará ante la Judicatura audiencias de imputación. Una de las diligencias será contra el exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych; dos más contra la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga; y tres en contra del exalcalde de Santa Marta y actual gobernador del departamento Carlos Eduardo Caicedo Omar, por los siguientes hechos:
Millonario detrimento en la ‘Vía de la Prosperidad’
El 4 de octubre de 2013, Luis Miguel Cotes, en su condición de gobernador, suscribió un contrato para el mejoramiento de la vía Palermo – Sitionuevo – Remolino – Guáimaro (Magdalena), por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.
Posteriormente, la sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que significaron más recursos para el constructor.
Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos. Finalmente, está acreditado que la denominada ‘Vía de la Prosperidad’ pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el 34% de lo planeado.
Por lo anterior, los dos exmandatarios de Magdalena serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.
Contratos de contabilidad ‘amañados’
Rosa María Cotes de Zúñiga, gobernadora de Magdalena para el periodo 2016 – 2019, tramitó y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el trámite contractual se hizo de manera directa y sin concurso de méritos. También se constató que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una consultoría.
La exmandataria será imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Obras con retrasos, inconclusas o inutilizadas en Santa Marta
Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia encontraron mérito suficiente para presentar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al exalcalde de Santa Marta y actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, para que responda a las solicitudes de audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, por tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.670 millones de pesos.
Para la Fiscalía, la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público. Los casos son:
- Posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del 30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años.
La Fiscalía imputará al señor Caicedo Omar los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
- El 1 de abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos
- Adicionalmente, el contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022.
En este frente investigativo el exalcalde y actual gobernador de Magdalena será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.
La Fiscalía identificó presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por valor de 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fue detectado un posible peculado de 690 millones de pesos, materializado en sobrecostos. Asimismo, se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización.Por estos hechos, el entonces alcalde, Carlos Caicedo Omar, será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
