BARRANQUILLA_ Organizaciones gremiales del Caribe colombiano anunciaron este domingo un respaldo condicionado al proyecto del Ministerio de Minas y Energía que plantea una sobretasa de 8 pesos por kilovatio/hora incluida en el componente de restricciones de las tarifas de energía, con el fin de atender la crítica situación financiera de la empresa prestadora Air-e, actualmente intervenida por el Gobierno nacional.
En un comunicado conjunto, los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena —junto con las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira— resaltaron que esta medida busca mitigar una posible crisis generalizada del Sistema Eléctrico Nacional, ante el riesgo que representa la acumulada mora de Air-e con generadores, transmisores y otros agentes del mercado.
Según los gremios, la crisis viene marcada por obligaciones financieras vencidas que, a diciembre pasado, sumaban cerca de 2,5 billones de pesos, con un incremento mensual cercano a 145.000 millones de pesos, datos que atribuyen al Ministerio de Minas y Energía.
Los líderes empresariales advirtieron que la insuficiencia de caja operativa de Air-e Intervenida ha empezado a trasladar presión financiera hacia las termoeléctricas y otros actores del sector, lo que podría limitar la compra de combustibles esenciales y, a la larga, desencadenar apagones en la región Caribe.
“Un colapso de Air-e y de las termoeléctricas expondría al país a un racionamiento generalizado”, señalaron los gremios, quienes además insistieron en que la situación financiera de la empresa no debe verse como un asunto regional aislado sino como un reto que amenaza la continuidad del suministro eléctrico nacional.
La propuesta de sobretasa ha generado debate en varios sectores. Aunque los gremios la respaldan condicionadamente —con la exigencia de que se fije con claridad el monto a recaudar y que exista un plan para pagar las deudas de Air-e— también han surgido voces que advierten sobre su impacto en las facturas de los usuarios en todo el país.
Las organizaciones pidieron que la aplicación del cargo transitorio tenga un tiempo definido
, que se establezcan datos técnicos medibles y verificables, y que se aclaren los argumentos jurídicos que justifican la sobretasa sin convertirla en un impuesto para los usuarios.
Además, solicitaron que el Gobierno garantice que estos recursos no financien gasto público ni subsidien a la región Caribe, sino que sean exclusivamente destinados a cubrir las obligaciones que mantiene Air-e con los agentes del mercado.
Finalmente, los gremios reclamaron que se utilicen todas las fuentes disponibles —como el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos— para dar liquidez a la operación de Air-e y evitar impactos mayores en el sector eléctrico.
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