Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
En su año quincentenario, Santa Marta exhibe un relato distinto de progreso, dejando atrás rezagos históricos y articulando un nuevo ecosistema de desarrollo entre el sector público, el privado y la academia. No es casual que en 2024 la ciudad registrara la inflación más baja del país (1,4 %) y una de las menores tasas de desempleo entre las capitales (9,6 %) (DANE, 2025). Este logro, impensable hace un lustro, resume un proceso sostenido de ajuste fiscal, dinamismo portuario y fortalecimiento del tejido empresarial local. El Plan de Desarrollo Santa Marta 500+ destinó más del 60 % del presupuesto a sectores sociales y productivos (Alcaldía de Santa Marta, 2024), mientras el sector privado impulsó la diversificación económica y la formalización laboral. Asimismo, la Universidad del Magdalena se consolidó como actor académico clave, aportando investigación y capacitación técnica en materia de empleo, informalidad y desarrollo regional. Esta sinergia entre gobierno, empresa y academia ya se refleja en indicadores socioeconómicos más favorables.
La economía local muestra señales claras de recuperación estructural. La pobreza monetaria, que superaba el 42 % en 2020, bajó a 37,9 % en 2024; paralelamente la pobreza extrema cayó a 13,1 % y la desigualdad disminuyó (coeficiente de Gini de 0,481) (DANE, 2025). El mercado laboral sigue mejorando: el desempleo promedió 9,6 % (cerca de un punto por debajo del nacional), aunque la informalidad aún ronda el 59 % de los ocupados (Santa Marta CómoVamos, 2025). El turismo se consolida como uno de los motores del crecimiento local. En 2024 la ciudad recibió más de 60.000 visitantes internacionales y el aeropuerto Simón Bolívar movilizó 3,6 millones de pasajeros (Santa Marta CómoVamos, 2025; Aerocivil, 2025).
Este posicionamiento internacional se vio reafirmado en 2025, cuando Santa Marta fue elegida sede de la IV Cumbre CELAC–UE. Este encuentro birregional de alto nivel proyectó la ciudad en la escena global y dejó una derrama económica estimada en USD $3,5 millones (Observatorio Económico Distrital, 2025). La cumbre atrajo a unos 110.000 visitantes y generó más de 3.000 empleos temporales, dinamizando los encadenamientos productivos locales (Observatorio Económico Distrital, 2025). Políticamente, ser anfitriona de este evento fortaleció la imagen de Santa Marta como ciudad capaz de articularse en la agenda internacional, evidenciando el trabajo coordinado entre la Alcaldía, el Gobierno Nacional y el sector privado para un operativo logístico impecable.
También en 2025 se dieron pasos firmes para resolver retos de infraestructura básica. En septiembre, el CONPES 4159 declaró de importancia estratégica la construcción de dos plantas desalinizadoras para el suministro de agua potable en Santa Marta (Departamento Nacional de Planeación, 2025). La inversión total asciende a $786.000 millones, y el proyecto beneficiará a más de 766.000 personas a partir de 2030 (Departamento Nacional de Planeación, 2025). Esta solución estructural busca asegurar la sostenibilidad hídrica de la ciudad a largo plazo, afrontando un rezago histórico en materia de abastecimiento de agua.
En el ámbito social se observan avances notables. La cobertura de salud se mantiene por encima del 100 % de la población, evidencia de la universalización del aseguramiento médico (Santa Marta CómoVamos, 2025). En educación, la cobertura bruta en básica supera el 118 % y la media alcanza el 82 %, mientras el puntaje promedio de las pruebas Saber 11 se situó en 290 puntos en 2023 y mantuvo una tendencia ascendente durante 2024–2025 (MEN–ICFES, 2025).
En suma, Santa Marta atraviesa un punto de inflexión en el que las cifras respaldan un discurso de progreso. Los avances recientes —desde el fortalecimiento fiscal y la atracción de eventos internacionales hasta la reducción de la pobreza, la mejora de servicios públicos y el impulso turístico— dibujan un panorama alentador. Con planificación estratégica, rigor técnico e institucionalidad sólida, la ciudad sienta las bases de un desarrollo más competitivo, inclusivo y sostenible. A cinco siglos de su fundación, Santa Marta demuestra que su historia sigue escribiéndose con visión de futuro, sobre pilares concretos de bienestar y prosperidad compartida.
No obstante los avances recientes, Santa Marta encara serios desafíos estructurales. Persiste el acceso precario al agua potable en varios sectores, con racionamientos prolongados pese a que el CONPES 4159 de 2025 declaró de importancia estratégica la construcción de dos plantas desalinizadoras (Departamento Nacional de Planeación, 2025). Estas obras —previstas en Taganga y en el sur de la ciudad— prometen sumar cientos de litros por segundo al suministro, pero sus beneficios no serán inmediatos. De igual forma, la cobertura y operación del alcantarillado sigue siendo deficiente: existen zonas sin conexión y frecuentes vertimientos de aguas residuales. Ante ello, el Distrito anunció la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, un proyecto de largo plazo que se está estructurando con apoyo nacional (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2025). Esta hoja de ruta busca soluciones integrales tanto al déficit hídrico como al saneamiento, modernizando redes obsoletas y reduciendo pérdidas técnicas.
En materia de seguridad ciudadana, las cifras reflejan un panorama inquietante. En 2024 se registraron 208 homicidios en el Distrito, el número más alto del periodo reciente (Instituto Nacional de Medicina Legal, 2024). A la par, los casos de extorsión aumentaron un 49 % con respecto al año anterior (Santa Marta CómoVamos, 2025). Por su parte, el hurto a personas se ha mantenido en niveles altos: en 2023 se denunciaron más de 4.000 robos, con incrementos sostenidos desde 2022. Esta escalada delictiva se refleja en una percepción de inseguridad generalizada: la mayoría de los samarios se siente insegura en su ciudad.
Asimismo, la economía local enfrenta retos persistentes. Santa Marta registra una de las mayores informalidades laborales del país, con cerca del 59 % de ocupados en la informalidad (DANE, 2025). Esta situación limita el crecimiento inclusivo y merma la productividad, a la vez que incide en unas finanzas públicas frágiles. El Distrito depende en gran medida de transferencias nacionales y exhibe un Índice de Desempeño Fiscal bajo (52,85 sobre 100 en 2022), lo que lo ubica en situación de riesgo fiscal (Departamento Nacional de Planeación, 2023). Según el DNP, Santa Marta gasta más de lo que genera y ha incrementado su dependencia de los giros centrales (Departamento Nacional de Planeación, 2025). Tal fragilidad financiera ha encendido alertas sobre la sostenibilidad del gasto público y la urgencia de fortalecer la gestión fiscal local.
Para consolidar los avances y enfrentar estos rezagos estructurales, Santa Marta necesita avanzar con mayor velocidad en cinco líneas de acción. Primero, aumentar la eficiencia y progresividad de su sistema tributario local, fortaleciendo la generación de ingresos propios con herramientas tecnológicas y catastrales. Segundo, acelerar la ejecución rigurosa de los proyectos estratégicos como las plantas desalinizadoras y el plan maestro de acueducto y alcantarillado, con esquemas de supervisión ciudadana que aseguren transparencia y calidad técnica. Tercero, consolidar la estrategia de internacionalización de ciudad, capitalizando el legado institucional de la Cumbre CELAC–UE para atraer inversión, cooperación y talento. Cuarto, construir una política pública de seguridad y convivencia ciudadana centrada en la prevención, con inversión sostenida en justicia, inteligencia y fortalecimiento de la Policía Metropolitana. Y finalmente, diseñar programas territoriales para la transición hacia la formalidad laboral, en coordinación con el sector privado y las instituciones de formación para el trabajo.
A cinco siglos de su fundación, Santa Marta tiene la oportunidad histórica de consolidar su desarrollo sobre bases técnicas e institucionales. Su éxito reciente no radica solo en las cifras, sino en haber comprendido que el progreso se construye con visión compartida, cooperación efectiva y gobernanza basada en resultados. Esta es su buena hora: el momento de transformar las oportunidades en estructuras duraderas de bienestar, con el liderazgo de una sociedad que ha aprendido a reconocerse como protagonista de su propio destino.
