Hablar del presupuesto nacional en Colombia es hablar de un espejo que refleja la magnitud del gasto público y la fragilidad del acuerdo político que debería contenerlo. Como explicó Wiesner (2004), desde la Constitución de 1991 el país elevó el gasto a niveles insostenibles y sembró déficits que se han financiado más con deuda que con disciplina fiscal. El desequilibrio no es solo contable, sino institucional: un problema de incentivos, de asimetrías de información y de riesgo moral que convierte la estabilidad macroeconómica en un bien común mal protegido. Esa advertencia hoy se confirma con crudeza. El Presupuesto General de la Nación de 2025 tuvo que ser aprobado por decreto tras el desacuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, un hecho inédito desde 1991, y la propuesta de presupuesto para 2026 asciende a 556,9 billones de pesos, casi un tercio del PIB (Ministerio de Hacienda, 2025). Más del 80 % corresponde a funcionamiento, deuda y transferencias obligatorias, dejando a la inversión pública como variable de ajuste en un contexto de bajo crecimiento. El déficit del Gobierno Nacional Central cerró en 6,7 % del PIB en 2024 según el Ministerio de Hacienda, con estimaciones de Fedesarrollo que lo ubican más cerca del 7,5 % (Fedesarrollo, 2025; Portafolio, 2025). Desde el inicio del debate en el Congreso, el 12 de agosto de 2025, la oposición ha calificado el presupuesto de “irresponsable e insostenible” porque depende de ingresos contingentes por 26,3 billones de pesos que requieren de una reforma tributaria aún incierta. En la misma línea, El Espectador afirmó en su editorial del 11 de agosto de 2025 que “el presupuesto no suma y debe ser reducido”, subrayando la necesidad de ajustar el gasto a la realidad fiscal (El Espectador, 2025).
En un escenario así, cada peso mal utilizado erosiona la sostenibilidad de las finanzas y reduce el margen para atender prioridades sociales. No basta con señalar las presiones en pensiones, salud o deuda: también es imprescindible evaluar instituciones cuyo costo no se traduce en beneficios tangibles. Las Contralorías Territoriales son el ejemplo más claro. Concebidas para proteger el erario en departamentos y municipios, hoy exhiben una relación costo-beneficio tan desfavorable que se han convertido en sinónimo de gasto ineficiente. Según cifras de la Auditoría General de la República, de cada 1.000 pesos de responsabilidad fiscal apenas se logran recuperar 40, lo que equivale a una eficacia inferior al 4 %. En algunos departamentos esa tasa no llega ni al 2 %, lo que demuestra que sostener estos entes cuesta más de lo que devuelven al patrimonio público.
La teoría económica ayuda a explicar este fracaso. El modelo principal-agente, que supone que los ciudadanos delegan en las contralorías la vigilancia sobre los gobernantes, se distorsiona cuando los vigilantes son elegidos por quienes deben fiscalizar. La captura del regulador, descrita por Stigler (1971) y retomada por Laffont y Tirole (1991), se manifiesta de manera cruda en Colombia: las asambleas y concejos que designan a los contralores suelen estar dominados por fuerzas políticas interesadas en asegurar protección y cuotas. Como señaló Parada (2011), cuando las instituciones son permeables al poder local pierden su función de contrapeso y se integran a las redes clientelistas. Esto convierte a las contralorías en engranajes de los mismos aparatos que deberían vigilar.
El escándalo de Cartagena es un caso emblemático. En 2016, el hoy presidente del Senado, Lidio García, fue señalado de haber intervenido en la elección de la contralora distrital Nubia Fontalvo, pactando con concejales su nombramiento a cambio de cuotas burocráticas. La funcionaria ni siquiera había aprobado el examen de conocimientos requerido, pero una vez posesionada nombró a familiares y allegados del senador en cargos clave de la entidad. El caso, ventilado en medios y en investigaciones judiciales, mostró cómo un órgano llamado a defender el patrimonio ciudadano terminó colonizado por las maquinarias políticas locales. Y no fue un hecho aislado: en departamentos como Córdoba, Meta o Cundinamarca se han denunciado presuntas prácticas similares, con redes de políticos que convierten la elección de contralores en un mercado de favores.
El resultado de esta captura es visible en los indicadores de corrupción. Colombia se mantiene estancada con 39 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, ocupando el puesto 92 de 180 países (Transparency International, 2025). Transparencia por Colombia ha documentado que entre 2016 y 2022 se perdieron 21 billones de pesos por corrupción y apenas se recuperaron 9 (Transparencia por Colombia, 2023). Frente a estos números, sostener más de 60 contralorías territoriales que cuestan aproximadamente medio billón de pesos al año es un contrasentido fiscal. Más aún cuando, en la práctica, su labor no ha disuadido la malversación ni ha fortalecido la confianza ciudadana en el gasto público.
Sin embargo, no todo el control depende de las instituciones formales. Las veedurías ciudadanas, reconocidas en la Ley 850 de 2003, se han convertido en un complemento indispensable. En Cartagena, fueron los veedores quienes denunciaron ante la justicia la elección irregular de la contralora, ejerciendo presión para que se investigara a los concejales implicados. La Contraloría General ha intentado fortalecer estos mecanismos de participación a través de programas de control fiscal participativo y plataformas de datos abiertos. En términos de teoría de agencia, las veedurías incrementan los costos de colusión y aumentan la probabilidad de detectar a tiempo las irregularidades. Aunque carecen de sanciones formales, cumplen una función de alarma temprana que refuerza la rendición de cuentas.
El debate sobre las contralorías territoriales se ha intensificado con las propuestas de reforma. El Acto Legislativo 04 de 2019 introdujo el control concomitante y preventivo a nivel nacional, el Decreto 403 de 2020 delimitó competencias de la Contraloría General, y la Resolución 009 de 2023 creó un sistema de certificación anual de desempeño de las contralorías territoriales. Más recientemente, el Proyecto de Acto Legislativo 256 de 2024 plantea su eliminación total, transfiriendo las funciones a la Contraloría General de la República. Sus defensores argumentan que estas entidades convertidas en fortines políticos con baja eficacia y alto costo; sus detractores sostienen que suprimirlas debilitaría la descentralización y dejaría vacíos en la vigilancia local.
La primera conclusión es ineludible: las contralorías territoriales, tal como están concebidas y operan hoy, no cumplen con su propósito fundamental de garantizar transparencia ni eficiencia en el uso de los recursos públicos. Los indicadores de recuperación de dineros son mínimos, la politización de los procesos de elección de contralores ha sido constante y los episodios de captura local demuestran que, en lugar de contrapesos, muchas veces se convierten en engranajes de las maquinarias que deberían vigilar. En un país con un déficit estructural cercano al 7 % del PIB, sostener entidades que no justifican su costo es una contradicción que erosiona la credibilidad fiscal y política del Estado.
La segunda conclusión apunta a la necesidad de una reforma profunda y estructural, que no se limite a ajustes formales. Cualquier rediseño debe blindar la elección de contralores mediante mecanismos de meritocracia real, garantizar presencia efectiva de la Contraloría General en los territorios y abrir paso a esquemas regionales o centralizados que reduzcan la dispersión y la duplicidad institucional. La descentralización no puede ser excusa para mantener órganos ineficientes, pero la recentralización tampoco puede desconocer la importancia de una vigilancia cercana. El equilibrio está en encontrar un modelo que garantice independencia técnica, capacidad de auditoría y legitimidad democrática al mismo tiempo.
La tercera conclusión se refiere al papel de la ciudadanía y a la sostenibilidad fiscal. Sin fortalecer los mecanismos de control social, como las veedurías ciudadanas, cualquier reforma quedará incompleta. El control institucional debe complementarse con participación comunitaria, uso de tecnologías y auditorías abiertas que aumenten los costos de la corrupción y mejoren la confianza pública. En últimas, la sostenibilidad de las finanzas del país exige cerrar espacios a la ineficiencia y a la corrupción: no es posible exigir disciplina y sacrificios en inversión social mientras se financian entidades que devuelven menos de lo que cuestan. El reto es político e institucional: construir un sistema de control fiscal que deje de ser un fortín de clientelas y se convierta en un verdadero garante del patrimonio colectivo.
