SANTA MARTA_ La Contraloría General del Magdalena informó la realización de sendos procesos contra ex funcionarios y ex mandatarios de varios municipios del departamento del Magdalena.
Inicialmente se abrieron dos procesos ordinarios de responsabilidad fiscal contra el exalcalde de Salamina, José Nicolás Díaz Marchena, por presuntas irregularidades en la ejecución del Plan de Alimentación Escolar –PAE-.
Según la Contraloría, hay evidencia de un presunto incumplimiento que pudo acarrear en un detrimento patrimonial. Además de otras inconsistencias en un contrato de prestación de servicios cuyo propósito era pagarle a un tercero para que cumpliera funciones del tesorero municipal.
El exmandatario rindió versión libre en ambos procesos y, fue citado para el mismo fin el próximo 14 de julio, el extesorero de Salamina, David José Escalante Yejas.
Por otra parte, la Contraloría informó que sancionó al actual alcalde de esta municipalidad, Luis Ramón Orozco, con más de $17 millones por la rendición de información inexacta e irregularidades en la presentación de la cuenta anual consolidada 2021.
Adicionalmente, en el marco de un proceso de jurisdicción coactiva, se decretó el embargo de su salario por la suma de $7.102.733, debido a los múltiples incumplimientos en allegar información requerida por este órgano de control.
Asimismo, el ente de control profirió fallos en contra del exalcalde de Chibolo, José Darío De Ávila, por su gestión antieconómica que derivó en un detrimento patrimonial que supera los $50 millones.
Este fallo se produjo por los manejos irregulares y sobrecostos en la construcción de un puente metálico en el barrio 23 de abril y por la contratación para la construcción de un puente en el camino conocido como ‘El Mocho’ que nunca se construyó.
El exalcalde de Nueva Granada, Joaquin Alfonso Cortina, también fue sentenciado por la suma indexada de $240.737.238. Dicho fallo se produjo por una gestión fiscal irregular, que violó los principios de economía, eficiencia y eficacia, al adquirirse un sistema de cámaras de monitoreo para la seguridad ciudadana en el casco urbano del municipio, que en ningún momento entró en funcionamiento.
La Contraloría General del Magdalena emitió, finalmente, un fallo en contra de Adin Farid Barrios, exalcalde de Pedraza, por la inconclusa remodelación y ampliación de la sede administrativa de la Alcaldía Municipal que generó un detrimento patrimonial por valor más de $140 millones.
