SANTA MARTA_ El presidente Gustavo Petro anunció un giro en la estrategia para enfrentar la crisis de agua en Santa Marta, al confirmar la construcción de una planta desalinizadora en Taganga, pero dejando claro que su ejecución estará sujeta a condiciones sociales y a un cambio en las prioridades de distribución del recurso.
Según lo planteado por el mandatario, el proyecto de la desalinizadora solo avanzará con el aval de las comunidades étnicas de la zona, en un proceso que deberá garantizar concertación y respeto por el territorio.
Además, Petro indicó que se realizará un ajuste al documento Conpes relacionado con el abastecimiento de agua en la ciudad, con el fin de priorizar el suministro hacia los barrios más vulnerables y el centro urbano, antes que otros sectores.
La decisión marca un cambio en el enfoque de la política pública, al poner en primer lugar el acceso equitativo al agua potable como derecho fundamental, en una ciudad que históricamente ha enfrentado problemas de desabastecimiento pese a su cercanía al mar.
Desde el Gobierno se ha insistido en que la desalinizadora en Taganga hace parte de una solución estructural a la crisis hídrica de Santa Marta, aunque su desarrollo dependerá del consenso con las comunidades locales y de ajustes técnicos en la planificación del proyecto.
Funcionarios del sector también han señalado que esta infraestructura permitiría ampliar la cobertura de agua potable, especialmente en sectores con mayores dificultades de acceso, incluyendo instituciones educativas y población vulnerable.
El anuncio se da en medio de un debate creciente sobre las soluciones a largo plazo para el abastecimiento de agua en la ciudad, donde el Gobierno busca equilibrar la ejecución de grandes obras con criterios de justicia social y sostenibilidad territorial.
