SANTA MARTA_ El Gobierno del presidente Gustavo Petro desató una fuerte controversia al incluir al exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias “Taladro”, entre los 16 nuevos gestores de paz designados mediante la Resolución 327 de 2025, cuya vigencia se extenderá hasta el 6 de agosto de 2026.
La figura de los gestores de paz tiene como propósito facilitar diálogos, promover la reconciliación y contribuir a la implementación de garantías de no repetición en el marco de la política de “Paz Total”. Sin embargo, el nombramiento de Giraldo ha causado indignación debido a su prontuario criminal.
Giraldo fue comandante del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo responsable de homicidios, desplazamientos, narcotráfico y múltiples casos de violencia sexual contra mujeres y menores. Tras ser extraditado a Estados Unidos en 2008 y cumplir condena por narcotráfico, regresó al país en 2021, donde aún enfrenta investigaciones por delitos de lesa humanidad.
Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos rechazaron enérgicamente la decisión, al considerar que se envía un mensaje contrario a la reparación y la justicia. Para estos sectores, resulta inconcebible que alguien con condenas por crímenes tan graves asuma un papel de mediación en procesos de paz.
Desde el Ejecutivo, en contraste, se aclaró que la designación de gestores de paz no significa impunidad ni absolución judicial, sino una participación limitada en tareas de mediación y reconciliación. El Gobierno insiste en que este mecanismo es transitorio y busca facilitar escenarios de diálogo.
El debate ahora se centra en si este tipo de nombramientos fortalecen o debilitan la legitimidad de la política de paz y en qué medida respetan los derechos de las víctimas que han exigido verdad, justicia y garantías de no repetición.
