SANTA MARTA_ La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una pesquisa disciplinaria dirigida a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, y al exsecretario de Gobierno, Bayron Arrieta. Este proceso se lleva a cabo debido a posibles irregularidades en un contrato que supera los $970 millones, destinado a la implementación de un programa orientado a promover la participación ciudadana y fortalecer la democracia en la ciudad, según lo informado por el Ministerio Público.
Mediante un comunicado oficial, la Procuraduría sostiene que, al parecer, la administración distrital habría suscrito un convenio de asociación en el cual no se habría demostrado de manera clara que la mayor parte del presupuesto se destinaba a la adquisición de artículos de papelería u oficina y servicios logísticos, tal como lo solicitó la Registraduría.
«Los documentos presentados hasta el momento no respaldan la elección de una entidad sin ánimo de lucro y la contratación directa como la manera adecuada de satisfacer las necesidades de la entidad», señala el comunicado.
La entidad de control también destaca que no se ha identificado un estudio de mercado y sector adecuado que respalde la ejecución integral del objeto del convenio.
Adicionalmente, la Procuraduría General está investigando una posible adición al convenio por menos del 50%, sin los análisis y estudios de conveniencia necesarios, así como cambios en las condiciones técnicas, como alquileres de salones.
Ante esta situación, el ente disciplinario ha solicitado a la Alcaldía de Santa Marta toda la documentación relacionada con el convenio de asociación suscrito con la Asociación de Gente Joven A.G.J.
