BOGOTÁ_ La Procuraduría General de la Nación solicitó a los directores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a 23 gobernaciones, cinco alcaldías de ciudades capitales y el Distrito de Buenaventura, tomar medidas urgentes para detener las muertes por y asociadas a la desnutrición en menores de cinco años, que según el último reporte del Instituto Nacional de Salud alcanzan 235 casos notificados por autoridades territoriales, de los cuales se confirmaron 124 por esta causa.
Los departamentos con las cifras que más preocupan al Ministerio Público son Chocó (21 casos confirmados), La Guajira (13), Cesar (13), Bolívar (12), Risaralda (5), Meta (5), Antioquia (4), Casanare (4), Magdalena (4), y ciudades como Barranquilla (3), Santa Marta (3), Bogotá (2) y Cartagena (1). También han fallecido por desnutrición 8 niños y niñas extranjeras. De acuerdo con el seguimiento que con especial énfasis realiza la Procuraduría desde el año 2021, dada la gravedad de la problemática y el aumento de casos, estas cifras reflejan la necesidad de que se priorice esta temática en las agendas y se busquen alternativas para evitar que estos casos se presenten.
“Tan solo un caso de muerte por desnutrición constituye un hecho grave que demuestra que las políticas formuladas en los territorios han sido insuficientes para detenerlas”, enfatizó el ente de control en comunicaciones oficiales enviadas a las autoridades territoriales, a las que pidió un informe detallado de las medidas adoptadas para enfrentar esta grave situación.
Agregó que estas situaciones deben ser atendidas con prioridad “desde la Procuraduría se hacen las alertas para que con eficacia y una debida planeación, exista una respuesta institucional urgente y coordinada, con miras a que, con un enfoque de derechos, territorial, diferencial y de gestión pública, se propenda por la protección que merece esta población infantil que resulta la más afectada por este flagelo”.
El ente de control también llama la atención por la situación que se presenta en las comunidades indígenas Tule, Wounaan y Embera de Chocó; Nasa de Valle del Cauca; Sikuani y Amorúa de Vichada; Nukak y Sikuani de Guaviare, y el pueblo Wayúu de La Guajira, y pide focalizar la atención integral de manera diferencial y territorial para estas poblaciones que históricamente han sido vulneradas.
