SANTA MARTA_ La administración distrital de Santa Marta anunció su plena disposición a colaborar con los organismos de control tras la apertura de investigaciones por presuntos hallazgos fiscales y posibles irregularidades en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP).
La alerta fue emitida la semana pasada por la Contraloría General de la República, que detectó hallazgos fiscales por más de $21 mil millones de pesos con posibles implicaciones penales y disciplinarias en contratos relacionados con el sistema de transporte masivo.
En un comunicado oficial, el gobierno del alcalde Carlos Pinedo Cuello señaló que la actual administración ha cooperado de manera oportuna y diligente con las autoridades desde que la gerencia del SETP, dirigida por Sandra Britto Linero, identificó las irregularidades e informó a los órganos competentes incluso antes de que se iniciara la auditoría fiscal.
Además, la Alcaldía recordó que estos hallazgos se originan en un contrato suscrito en 2023, durante la administración de la entonces alcaldesa Virna Johnson Salcedo, y que no corresponden a hechos nuevos bajo la actual gestión. La situación también fue presentada detalladamente ante el Concejo Distrital en un debate de control político realizado el 14 de noviembre de 2025, según el documento oficial.
El Distrito aseguró que, frente a las deficiencias detectadas en la implementación del sistema de recaudo y control de flota, ya se han adoptado acciones administrativas y legales contra el contratista, la interventoría y la aseguradora involucrada, con el objeto de salvaguardar los recursos públicos de los ciudadanos samarios.
“La administración mantiene un compromiso inquebrantable con la legalidad, la transparencia y la cooperación con los organismos de control, para que se esclarezca la verdad y se determine las responsabilidades correspondientes”, concluye el comunicado emitido por el SETP y la Alcaldía.
El caso ha generado atención en la ciudad, y ahora se espera el desarrollo de las indagaciones por parte de la Contraloría y demás autoridades de control, a fin de esclarecer los procesos contractuales y administrativos relacionados con uno de los proyectos de movilidad más importantes para Santa Marta.
