Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
Cuando Santa Marta cerró 2025 con una tasa de informalidad anual de 58,7 % y registró 55,9 % en el trimestre móvil octubre–diciembre, el resultado fue leído como un avance relevante dentro del contexto regional y nacional. Se trata del nivel más bajo desde que existen mediciones comparables del DANE para la ciudad y consolida una tendencia descendente iniciada en 2022 (ORMET Magdalena, 2026; Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, 2026). Sin embargo, una reducción estadística no equivale automáticamente a transformación estructural. La informalidad no es una variable puramente cíclica; es el resultado de la estructura productiva, del marco regulatorio laboral y tributario, de la calidad institucional y de la acumulación de capital humano en el territorio.
El análisis conceptual ayuda a entender la persistencia del fenómeno. El enfoque estructuralista latinoamericano, desarrollado por el PREALC y la OIT, plantea que la informalidad surge de la heterogeneidad estructural: un sector moderno, capital-intensivo y de mayor productividad convive con un sector tradicional de baja escala que absorbe el excedente laboral. La informalidad, en este marco, no es una desviación sino un componente inherente a economías que no han completado procesos de diversificación productiva e industrialización (PREALC, 1978; OIT, 2013; Tokman, 2004). El enfoque dualista, inspirado en Lewis, sostiene que el crecimiento del sector moderno debería absorber progresivamente la fuerza laboral del sector tradicional. La evidencia empírica latinoamericana muestra que esa transición no siempre ocurre con la intensidad esperada; el sector moderno puede expandirse sin integrar plenamente al tradicional, generando segmentación persistente (Lewis, 1954; Fields, 2005).
El enfoque institucionalista agrega una dimensión relevante: la informalidad puede ser una respuesta racional cuando el costo del empleo formal —salario mínimo, aportes a seguridad social, parafiscales y costos de despido— supera la productividad marginal del trabajador, especialmente en regiones con baja productividad promedio (Cárdenas y Mejía, 2007; Kugler y Kugler, 2009; Levy, 2008). Finalmente, el enfoque legalista enfatiza los costos de transacción asociados a la formalización: trámites, tiempos, incertidumbre regulatoria y debilidad en la garantía de derechos de propiedad (De Soto, 1989; Perry et al., 2007). Estas perspectivas no son excluyentes. En Santa Marta, la informalidad puede interpretarse como el resultado combinado de heterogeneidad productiva, regulación laboral uniforme en un país desigual y barreras institucionales que afectan de manera desproporcionada a micronegocios de baja escala.
La evidencia empírica reciente confirma esta lectura estructural. Entre 2022 y 2025, la tasa anual de informalidad en Santa Marta descendió de 64,9 % a 58,7 %, mientras el promedio nacional pasó de 58,2 % a 55,7 %, reduciendo la brecha territorial de 6,7 a 3 puntos porcentuales (ORMET Magdalena, 2026). En el trimestre móvil octubre–diciembre de 2025, la ciudad registró 55,9 %, con una tasa de desempleo de 9,8 % y una tasa global de participación cercana al 59,4 % (ORMET Magdalena, 2026). El mercado laboral no evidencia inactividad masiva; el problema radica en la calidad del vínculo laboral y en la estructura empresarial que lo sustenta.
El análisis por posición ocupacional es ilustrativo. El trabajo por cuenta propia concentra la mayor proporción de ocupación informal. A nivel nacional, más del 80 % de los ocupados en unidades productivas de hasta cinco personas se encuentra en condición informal (DANE, 2025). En Santa Marta, donde el tejido empresarial está conformado mayoritariamente por micronegocios vinculados a comercio, servicios personales y actividades turísticas, este patrón se replica (Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, 2026). Por tamaño empresarial, la relación es casi lineal: a menor escala, mayor informalidad. En empresas medianas y grandes, la incidencia se reduce sustancialmente (DANE, 2025). Esto confirma que la formalidad requiere economías de escala, capacidad administrativa, estabilidad en la demanda y acceso a financiamiento.
Por rama de actividad, comercio, alojamiento y servicios de comida superan el 60 % de informalidad en varios periodos recientes (DANE, 2025; ORMET Magdalena, 2026). La estructura económica local, con alta dependencia del turismo y marcada estacionalidad, refuerza este patrón. La proximidad a un centro industrial y logístico como Barranquilla acentúa dinámicas de especialización regional: mientras el área metropolitana del Atlántico concentra mayor diversificación productiva, Santa Marta opera principalmente como economía de servicios, puerto y turismo, con menor densidad industrial.
La dimensión demográfica profundiza el diagnóstico. La informalidad es mayor entre jóvenes de 18 a 28 años y trabajadores con educación hasta secundaria, con brechas superiores a 15 puntos porcentuales frente a quienes cuentan con educación superior (DANE, 2025). En el Magdalena, el 25,46 % de los jóvenes entre 14 y 28 años no estudia ni trabaja, lo que incrementa el riesgo de inserción futura en empleos informales. La evidencia del Banco de la República indica que cada año adicional de educación reduce en más de dos puntos porcentuales la probabilidad de informalidad (Galvis-Aponte, 2024). La brecha no es solo cuantitativa; es cualitativa. La transición a educación técnica y tecnológica pertinente resulta determinante para modificar trayectorias laborales.
El análisis de género también es relevante. Las mujeres presentan mayor concentración en comercio minorista y servicios personales, sectores con menor protección social y mayor volatilidad de ingresos (DANE, 2025). A esto se suma la sobrecarga de trabajo no remunerado, que limita la inserción en empleos formales de tiempo completo. La subocupación complementa el panorama: en ciudades intermedias del Caribe el subempleo subjetivo supera el 10 % en varios trimestres recientes (DANE, 2025), evidenciando la coexistencia entre informalidad y baja intensidad horaria o ingresos insuficientes.
El informe diagnóstico distrital reconoce esta estructura fragmentada y la caracteriza como un ecosistema productivo dominado por unidades de pequeña escala con limitada capitalización y baja incorporación tecnológica (Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, 2026). La reducción observada entre 2022 y 2025 indica un ajuste favorable, pero aún no altera la composición profunda del empleo.
En este contexto, el papel del ecosistema institucional resulta determinante. La Alcaldía Distrital ha incorporado en el Plan de Desarrollo 2024–2027 líneas estratégicas orientadas a empleo digno, desarrollo productivo y formalización como punto de llegada de la inclusión productiva. Entre las acciones implementadas se encuentran la Mesa Distrital de Formalización, la Ruta 500+ de emprendimiento, programas de asistencia técnica a unidades productivas, estrategias de capacitación laboral y articulación con aliados estratégicos (Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, 2026). Estas iniciativas buscan reducir fricciones administrativas y facilitar la transición hacia la formalidad empresarial.
El Observatorio Regional del Mercado de Trabajo del Magdalena (ORMET), operado con apoyo de la Universidad del Magdalena, ha desempeñado un rol central en el monitoreo técnico del mercado laboral. Sus boletines han permitido contextualizar la reducción de la informalidad, evitando interpretaciones simplistas y aportando insumos rigurosos para la toma de decisiones (ORMET Magdalena, 2026). La Universidad del Magdalena ha contribuido mediante estudios estructurales, análisis econométricos y formación de capital humano en áreas estratégicas. La Cámara de Comercio de Santa Marta ha fortalecido procesos de registro empresarial y acompañamiento a micronegocios en tránsito hacia la formalidad. Cajamag, a través de su Agencia Pública de Empleo y programas de capacitación, ha ampliado la intermediación laboral formal y la formación para el trabajo. La convergencia de estos actores ha permitido generar un entorno institucional más articulado.
Desde la perspectiva económica, este proceso puede interpretarse como una reducción de fricciones institucionales y una mejora en la asignación de recursos. Cuando el acceso a información, capacitación y simplificación administrativa converge, la formalización se vuelve más viable. Sin embargo, mientras la base productiva permanezca concentrada en actividades de baja productividad y micronegocios con márgenes estrechos, la informalidad mantendrá un componente estructural elevado.
La informalidad también tiene implicaciones fiscales. Una menor base contributiva reduce el recaudo asociado a seguridad social e impuestos locales, limitando la capacidad de inversión pública en infraestructura productiva y servicios sociales. Este círculo —baja productividad, baja formalización y limitada capacidad fiscal— condiciona el crecimiento potencial de la ciudad.
La discusión nacional sobre reforma laboral y aumento del salario mínimo añade complejidad. La evidencia del Banco de la República sugiere que incrementos en la relación salario mínimo/productividad pueden aumentar la probabilidad de informalidad, particularmente en regiones con menor productividad promedio (Arango et al., 2022). Esto no implica cuestionar la protección laboral, sino subrayar la necesidad de coherencia entre política salarial y estructura productiva territorial.
La reducción al 55,9 % debe interpretarse como punto de partida para una estrategia de transformación productiva. Las políticas públicas realizables para Santa Marta deben concentrarse en cuatro ejes articulados. Primero, formalización empresarial basada en productividad: acceso a crédito productivo, digitalización de micronegocios, fortalecimiento de encadenamientos turísticos y logísticos, y compras públicas locales con criterios de formalidad. Segundo, acumulación de capital humano pertinente: fortalecimiento de formación técnica y tecnológica alineada con turismo sostenible, logística portuaria, servicios empresariales y economía creativa; programas de transición escuela–trabajo; reducción sistemática de la tasa NiNi. Tercero, simplificación administrativa y gobernanza integrada: ventanilla única real, interoperabilidad entre registro mercantil, tributación local y seguridad social, y acompañamiento intensivo a unidades en tránsito hacia la formalidad. Cuarto, fortalecimiento de la articulación empresa–Estado–academia–caja de compensación, consolidando al ORMET como sistema permanente de evaluación y ajuste de políticas.
El mercado laboral samario ha demostrado capacidad de ajuste. Sin embargo, el verdadero indicador de transformación no será una variación marginal adicional en la tasa de informalidad, sino la ampliación sostenida del segmento formal mediante diversificación productiva, acumulación de capital humano y fortalecimiento institucional. La formalización sostenible no se logra únicamente con regulación; requiere productividad, encadenamientos y coherencia territorial. Mientras más de la mitad del empleo permanezca fuera del sistema contributivo, el desarrollo económico seguirá enfrentando límites estructurales. La reducción reciente abre una ventana de oportunidad. Convertirla en transición estructural dependerá de continuidad institucional, inversión estratégica y coordinación efectiva entre los actores locales.
