Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
Colombia está entrando en una transformación silenciosa, pero estructural. No ocupa la agenda mediática con la misma frecuencia que la inflación o el desempleo, pero sus efectos serán más duraderos que cualquiera de esos fenómenos. En 2025, el país registró 433.678 nacidos vivos —la cifra más baja en una década—, una caída del 4,5% frente al año anterior, mientras las defunciones aumentaron un 2,8% (DANE, 2026). La tasa de fecundidad se ubica en 1,63 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1. En términos simples, Colombia dejó de reproducirse a sí misma.
La decisión de tener hijos pertenece, al ámbito privado. Pero cuando se observa de manera agregada, revela un patrón económico consistente. Criar un hijo en Colombia implica asumir costos crecientes en educación, salud, vivienda y tiempo de cuidado, en un mercado laboral con una informalidad del 55,1% a nivel nacional y del 83,3% en zonas rurales (DANE, 2026). Bajo estas condiciones, la maternidad y la paternidad se aproximan a una decisión racional condicionada por restricciones presupuestales. No es únicamente un cambio cultural: es el reflejo de un entorno económico que redefine los incentivos de los hogares.
La generación nacida en los años ochenta y noventa ha postergado el primer hijo hasta los 27 o 30 años en zonas urbanas, con lo cual reduce el número total de hijos a lo largo de su ciclo de vida y, en muchos casos, opta por no tenerlos. La Encuesta de Calidad de Vida del DANE (2024) certifica esa transformación desde otra óptica: casi uno de cada cinco hogares colombianos —el 19,8%— es hoy unipersonal, el doble de lo que registraba el censo de 2005. El promedio de personas por hogar cayó de 3,10 a 2,86 en apenas cinco años. Las familias no solo son más pequeñas: en un número creciente de casos, simplemente no se forman. El resultado es una modificación estructural de las preferencias sobre el cuánto y el cuándo de tener hijos —y, con creciente frecuencia, sobre si tenerlos en absoluto.
La teoría económica ha analizado este fenómeno con rigor. Solow (1956) establece que una desaceleración demográfica contrae la fuerza laboral y limita el crecimiento potencial, salvo que la productividad lo compense. Samuelson (1958) advierte que la sostenibilidad de las transferencias intergeneracionales —pensiones, salud, cuidado— depende de la relación entre activos y dependientes. Bloom, Canning y Sevilla (2003) señalaron que la reducción de la fecundidad genera inicialmente un bono demográfico, pero ese efecto es transitorio: una vez la pirámide se invierte, el crecimiento depende exclusivamente de la productividad. Conviene recordar aquí a Malthus, aunque en su formulación inversa: la trampa del siglo XXI no es la sobrepoblación, sino el envejecimiento prematuro en economías que aún no han alcanzado niveles altos de desarrollo.
Becker (1981) formalizó que las decisiones reproductivas responden a un análisis de costo-beneficio: a medida que aumenta el costo de oportunidad del tiempo —especialmente femenino—, los hogares sustituyen cantidad de hijos por calidad de inversión en cada uno. Morón (2008) documentó que el aumento en la participación laboral de las mujeres se asocia directamente con una reducción en la fecundidad. No es posible analizar la caída de la natalidad sin entender la transformación del mercado laboral femenino.
La teoría económica ha analizado este fenómeno con rigor. Solow (1956) establece que una desaceleración demográfica contrae la fuerza laboral y limita el crecimiento potencial, salvo que la productividad lo compense. Samuelson (1958) advierte que la sostenibilidad de las transferencias intergeneracionales —pensiones, salud, cuidado— depende de la relación entre activos y dependientes. Bloom, Canning y Sevilla (2003) señalaron que la reducción de la fecundidad genera inicialmente un bono demográfico, pero ese efecto es transitorio: una vez la pirámide se invierte, el crecimiento depende exclusivamente de la productividad. Conviene recordar aquí a Malthus, aunque en su formulación inversa: la trampa del siglo XXI no es la sobrepoblación, sino el envejecimiento prematuro en economías que aún no han alcanzado niveles altos de desarrollo.
Becker (1981) formalizó que las decisiones reproductivas responden a un análisis de costo-beneficio: a medida que aumenta el costo de oportunidad del tiempo —especialmente femenino—, los hogares sustituyen cantidad de hijos por calidad de inversión en cada uno. Morón (2008) documentó que el aumento en la participación laboral de las mujeres se asocia directamente con una reducción en la fecundidad. No es posible analizar la caída de la natalidad sin entender la transformación del mercado laboral femenino.
Las implicaciones sobre la economía colombiana son profundas y se manifiestan en cuatro frentes que el debate público suele tratar como problemas separados, cuando en realidad responden a un mismo fenómeno estructural. El primero es el sistema pensional. Colombia gasta hoy cerca del 3,4% del PIB en
Las implicaciones sobre la economía colombiana son profundas y se manifiestan en cuatro frentes que el debate público suele tratar como problemas separados, cuando en realidad responden a un mismo fenómeno estructural. El primero es el sistema pensional. Colombia gasta cerca del 3,4% del PIB en pensiones —aproximadamente 47 billones de pesos anuales— con una cobertura contributiva que no supera el 25% de los adultos mayores (Banco de la República, 2024). La Ley 2381 de 2024 amplió la arquitectura del sistema, pero no modificó las edades de jubilación —57 años para mujeres y 62 para hombres— pese a que la esperanza de vida superó los 77 años. Ese desfase es insostenible: la expectativa de vida aumentó entre seis y ocho años desde que se fijaron esas edades en la Ley 100 de 1993. El Banco de la República proyecta que la carga fiscal pensional podría multiplicarse por 2,3 para 2050, mientras Colpensiones reporta cuatro millones de afiliados que no cotizan activamente. La reforma introdujo además la redirección de aportes hacia el régimen de reparto público, con subsidios implícitos que, según los Andes (2024), elevarían el gasto total del sistema de 139% a 196% del PIB en valor presente neto entre 2023 y 2100.
El segundo frente es el sistema de salud. La cobertura de aseguramiento alcanza el 98,42% de la población, un logro incuestionable. Pero opera sobre una estructura ya fracturada. El informe de la Contraloría General de julio de 2025 reveló que 29 EPS acumulan una deuda de 32,9 billones de pesos, el patrimonio negativo del sistema cerró 2025 en -15,8 billones y las pérdidas operacionales ascendieron a 7,3 billones. Solo el 77% de las facturaciones de los hospitales públicos fue pagado. El Banco de la República estima que el gasto en salud deberá incrementarse en al menos 1,9% del PIB hacia 2030 —unos 26 billones adicionales anuales—. La presión demográfica llegará sobre una arquitectura que ya opera en quiebra técnica.
El tercer frente es el mercado laboral. Más de la mitad de los ocupados no cotiza regularmente a la seguridad social. A esto se suman 2,64 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan —el 23,5% de la población joven—, dos tercios de ellos mujeres, lo que refleja la interacción directa entre cuidado no remunerado, informalidad y exclusión laboral. Los adultos mayores representan el 27,6% de los ocupados, con ingresos medianos inferiores al salario mínimo. No es que desplacen a los jóvenes por vocación: es que no tienen pensión y no pueden retirarse. Esa es la trampa del reemplazo generacional truncado.
El cuarto frente es la economía del cuidado. El trabajo doméstico no remunerado representa cerca del 20% del PIB —unos 280 billones de pesos anuales— y recae en un 77% sobre las mujeres (DANE y ONU Mujeres, 2023). Con el envejecimiento, esa demanda crecerá aceleradamente. Al mismo tiempo emerge la economía plateada: en Colombia este segmento representa el 12,2% del PIB y las personas mayores de 50 años gastan más de 121 billones anuales. Es la cara de oportunidad del mismo fenómeno que genera presión fiscal: una población que vive más consume más y puede producir más, si se construyen las condiciones para ello.
Estos cuatro frentes configuran un embudo fiscal: menos nacimientos, menos cotizantes, más informalidad y más adultos mayores demandando salud, pensión y cuidado de manera simultánea. El fenómeno es especialmente relevante en territorios como el Magdalena y Santa Marta, donde la baja natalidad, la alta informalidad y la elevada proporción de jóvenes desconectados del sistema productivo profundizan las restricciones estructurales de largo plazo.
Las respuestas de política pública existen y tienen respaldo empírico. La primera es el ajuste paramétrico del sistema pensional: aumentar gradualmente la edad de jubilación, fortalecer el pilar no contributivo y rediseñar los subsidios implícitos para que no concentren los beneficios en los quintiles de mayor ingreso. La segunda es la formalización laboral como prioridad demográfica: cada punto porcentual de aumento en la cotización activa representa aproximadamente 1,2 billones de pesos adicionales de recaudo anual. La tercera es desarrollar la economía del cuidado como política deliberada: formalizar el mercado de cuidadores, reconocer semanas de cotización para quienes asumen esa carga a tiempo completo y expandir los centros de día para adultos mayores. La cuarta es gestionar los flujos migratorios —particularmente la comunidad venezolana— como política demográfica activa: regularizar y formalizar la población migrante en edad productiva ampliaría la base de cotizantes y compensaría parcialmente la caída en la natalidad. La quinta es la inversión en productividad: una mejora de un punto porcentual anual en la productividad total de los factores equivale a unos 14 billones de pesos adicionales de PIB.
La demografía tiene una característica singular: es el único campo donde el futuro es predecible con razonable certeza. Las personas que tendrán 65 años en 2050 ya forman parte de la población actual. El desafío no está en anticipar el fenómeno, sino en la voluntad institucional para gestionarlo. Cuando la población deja de crecer y la productividad no compensa, el resultado es menor crecimiento económico y mayores tensiones distributivas. En Colombia, esa compensación aún no aparece. Y el reloj no espera.
