Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
Cada mayo Colombia se llena de mensajes sobre el valor de las madres. Redes sociales, campañas comerciales y discursos institucionales exaltan la maternidad como uno de los pilares de la sociedad. Sin embargo, detrás de esa narrativa existe una realidad menos visible: para millones de mujeres, ser madre continúa representando un costo económico dentro del mercado laboral. Con base en cálculos propios a partir de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE para 2023, 2024, 2025 y comienzos de 2026, las colombianas con hijos menores de seis años enfrentan menores niveles de participación laboral, mayores tasas de informalidad y menores ingresos frente a mujeres comparables sin hijos.
La magnitud de las diferencias no es marginal. Mientras las mujeres entre 25 y 45 años sin hijos registraron tasas de participación laboral cercanas al 81,9 % en 2023, 81,4 % en 2024 y 82 % en 2025, aquellas con hijos menores de seis años apenas alcanzaron 60,6 %, 61,1 % y 61,5 %, respectivamente: una caída cercana a 20 puntos porcentuales. La brecha se reproduce a nivel territorial. En Santa Marta, la participación de mujeres sin hijos osciló entre 69,2 % y 77,8 %, mientras que para madres con hijos pequeños cayó entre 53 % y 58 %. En el resto del Magdalena la situación fue más severa: apenas 45,2 % de las madres participaba en el mercado laboral en 2023, frente a 71,3 % entre mujeres sin hijos.
La comparación con los hombres resulta reveladora: para ellos, la presencia de hijos pequeños prácticamente no altera su inserción laboral. El problema no es la existencia de hijos en el hogar, sino quién absorbe las tareas de cuidado. La literatura económica denomina este fenómeno child penalty. Kleven, Landais y Søgaard (2019) muestran que buena parte de las brechas laborales entre hombres y mujeres aparece tras el nacimiento del primer hijo: antes de la maternidad las trayectorias son similares; después, las mujeres enfrentan caídas persistentes en salarios, horas trabajadas y ascensos.
Las estimaciones econométricas mediante regresiones Mincer aumentadas y modelos de probabilidad lineal son consistentes con esa literatura. La penalización salarial femenina por tener hijos menores de seis años fue de -14,6 % en 2023, -13,7 % en 2024 y aumentó hasta -17,1 % en 2025. Controlando por edad, educación, estado civil y efectos temporales, las madres colombianas ganaron entre 14 % y 17 % menos por hora trabajada que mujeres comparables sin hijos pequeños. Tener un hijo menor de seis años redujo además entre 14 y 15 puntos porcentuales la probabilidad de participación laboral en Colombia entre 2023 y 2025; en Santa Marta, la reducción osciló entre 13,3 y 17,7 puntos porcentuales, y la maternidad aumentó entre 8 y 9 puntos porcentuales la probabilidad de informalidad femenina a nivel nacional.
El contraste con los hombres es contundente. Mientras las mujeres enfrentaron penalizaciones cercanas al 17 %, los hombres registraron efectos de apenas -3 % a nivel nacional. En Santa Marta apareció incluso una “prima por paternidad”: hombres samarios con hijos menores de seis años registraron incrementos salariales entre 3,1 % y 6,5 % frente a hombres comparables sin hijos. El mercado laboral envía una señal clara: la paternidad masculina se asocia con estabilidad y compromiso; la maternidad, con menor disponibilidad y mayores restricciones de tiempo.
El costo, sin embargo, no se distribuye de forma homogénea entre las mujeres. Por nivel educativo, la penalización salarial alcanzó 35,6 % entre mujeres con educación primaria o menor; 19,4 % con secundaria; 14,6 % con educación superior y universitaria; y 14,1 % con posgrado. El costo económico del cuidado no desaparece con mayor capital humano, aunque sí se reduce parcialmente: las mujeres con menores ingresos y menor capacidad de externalizar servicios de cuidado enfrentan los impactos más severos. La dimensión territorial refuerza esa desigualdad. En Santa Marta, la informalidad femenina entre madres con hijos pequeños se ubicó alrededor de 47 %; en las otras cabeceras del Magdalena alcanzó cerca de 78 %, y en las zonas rurales superó 84,5 %. Los ingresos reflejan brechas similares: mientras una mujer ocupada con hijos pequeños en Santa Marta registró ingresos medianos cercanos a $1,3 millones mensuales, en las zonas rurales del Magdalena apenas rondaron $400.000. En esos territorios, la maternidad consolida condiciones permanentes de vulnerabilidad: la economía del cuidado no solo reproduce desigualdad de género, también reproduce pobreza.
Las implicaciones macroeconómicas son profundas. La economía colombiana descansa sobre una enorme cantidad de trabajo de cuidado no remunerado realizado principalmente por mujeres. Cocinar, limpiar, cuidar niños, atender adultos mayores y sostener hogares constituye una transferencia silenciosa de tiempo y productividad hacia el resto de la economía. La Ley 1413 de 2010 incorporó la economía del cuidado al sistema de cuentas nacionales, y los ejercicios del DANE han mostrado que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representa una proporción del PIB superior a sectores como construcción, minería o actividades financieras. Aunque el país comenzó a medir el problema, no logra redistribuirlo entre hogares, mercado y Estado: millones de mujeres absorben costos individuales para compensar fallas estructurales de cuidado, que terminan apareciendo en menores salarios, menos participación laboral y trayectorias profesionales truncadas.
Goldin (2023), Premio Nobel de Economía, ha insistido en que buena parte de las desigualdades modernas no provienen exclusivamente de discriminación salarial directa, sino de cómo se estructuran las jornadas laborales y las exigencias de disponibilidad permanente. En mercados laborales rígidos e informales como el colombiano, las mujeres se desplazan hacia ocupaciones compatibles con el cuidado, aun cuando eso implique menores ingresos y menor estabilidad. Los datos confirman esa transición: la proporción de mujeres asalariadas cae de 62,7 % entre quienes no tienen hijos a 52,1 % entre aquellas con hijos menores de seis años, mientras el trabajo por cuenta propia aumenta de 29,4 % a 37,9 %. Las madres también reducen su presencia en sectores estables como administración pública, actividades profesionales y servicios financieros, y aumentan participación en comercio, alojamiento y comidas, caracterizados por mayor informalidad y menor productividad. El cuidado afecta incluso el tiempo disponible para trabajo remunerado: las mujeres ocupadas sin hijos trabajan en mediana 43,7 horas semanales, y aquellas con hijos pequeños 40,1 horas; para los hombres ocurre lo contrario: los padres trabajan 48,5 horas frente a 47,7 entre quienes no tienen hijos. Opera, en suma, como una transferencia sistemática de tiempo productivo femenino hacia trabajo no remunerado.
Esa transición tiene un costo adicional poco discutido: el desperdicio de inversión educativa. Colombia ha aumentado significativamente la cobertura educativa femenina durante las últimas décadas y cada vez más mujeres acceden a educación superior y técnica. Sin embargo, parte importante de ese capital humano termina subutilizado por las restricciones del cuidado. El país invierte en formación femenina, pero el mercado laboral reduce luego los retornos de esa inversión, generando una pérdida que recae a la vez sobre las mujeres y sobre las finanzas públicas.
Y ahí aparece una pregunta inevitable: ¿cuánto vale económicamente tener un hijo en Colombia para una mujer? Tomando como referencia la penalización salarial promedio estimada para 2025 (-17,1 %), una mujer ocupada formal urbana con ingresos cercanos a $2 millones mensuales podría perder alrededor de $340.000 mensuales únicamente por la penalización asociada a la maternidad. Eso equivale a más de $4 millones anuales y cerca de $20 millones en cinco años, sin incluir ascensos perdidos, interrupciones laborales, menor acumulación pensional o pérdida de experiencia profesional. Escalando esa pérdida a la población potencialmente afectada, el costo agregado podría superar los $11,4 billones anuales en Colombia a precios de 2026, $118 mil millones en el Magdalena y $52 mil millones en Santa Marta. El costo del cuidado no es únicamente individual ni doméstico; constituye una pérdida agregada de productividad y de capital humano para el país, consistente con la advertencia de la OCDE (2023) y el Banco Mundial (2024) sobre cómo las brechas de género y la subutilización del capital humano femenino reducen productividad, limitan innovación y disminuyen el crecimiento potencial, particularmente en economías emergentes.
La evidencia revela además una paradoja preocupante. Entre 2023 y 2025 aumentó modestamente la participación laboral de las madres y en algunos territorios disminuyó parcialmente la informalidad; sin embargo, simultáneamente aumentó la penalización salarial relativa femenina. Más madres están entrando al mercado laboral, pero muchas lo hacen desde ocupaciones peor remuneradas y menos productivas: el avance en cobertura no equivale a avance en calidad.
El ejercicio tiene limitaciones metodológicas importantes. La estimación no incorpora ascensos perdidos, interrupciones de trayectoria profesional, menor acumulación pensional, reducción de experiencia ni los efectos acumulativos sobre ingresos futuros. Tampoco incluye el valor monetario completo del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado medido por el DANE, ni los impactos asociados a informalidad y subempleo. Las cifras son una aproximación conservadora del costo total de la maternidad en Colombia.
El desafío para la política pública es enorme. La CEPAL (2023) y la OIT (2024) han insistido en que los sistemas nacionales de cuidado deben entenderse como infraestructura económica y no únicamente como programas sociales. Guarderías, jornadas escolares extendidas, cuidado infantil accesible, licencias parentales compartidas y trabajo flexible no solo mejoran bienestar; también aumentan productividad, participación laboral femenina y crecimiento. Colombia ha avanzado parcialmente con la Ley 2114 de 2021 y el fortalecimiento gradual del Sistema Nacional de Cuidado, pero los resultados son insuficientes frente a la magnitud del fenómeno. Mientras la economía continúe trasladando silenciosamente el costo del cuidado hacia las mujeres, las brechas laborales persistirán y el país seguirá desperdiciando una parte importante de su capacidad productiva y de su capital humano femenino.
