BOGOTÁ_ El Gobierno nacional expidió un nuevo decreto que modifica las reglas de contratación pública en Colombia, con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en entidades estatales y en empresas que contratan con el Estado.
La medida quedó establecida en el Decreto 0287 de marzo de 2026, el cual fija obligaciones concretas tanto para las entidades públicas como para los contratistas, quienes ahora deberán cumplir condiciones específicas relacionadas con la vinculación de esta población.
Según la normativa, las entidades estatales deberán promover activamente la contratación de personas con discapacidad, incorporando criterios de inclusión en sus procesos contractuales. Esto implica que las empresas interesadas en contratar con el Estado deberán demostrar avances o compromisos en materia de inclusión laboral.
El decreto también establece que la participación de personas con discapacidad no será opcional, sino un elemento que podrá incidir en la evaluación de las propuestas dentro de los procesos de contratación pública, reforzando así el enfoque de responsabilidad social empresarial.
La iniciativa se enmarca en una política más amplia del Gobierno orientada a reducir las brechas de acceso al empleo para esta población, históricamente excluida del mercado laboral.
Expertos han señalado que la medida representa un avance importante, al trasladar la inclusión del plano normativo al ámbito práctico de la contratación estatal, obligando a empresas y entidades a adoptar acciones concretas.
Con este decreto, el Gobierno busca no solo ampliar las oportunidades laborales para personas con discapacidad, sino también generar un cambio estructural en la forma en que el Estado contrata y promueve la equidad en el país.
