Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
La más reciente y ampliamente documentada controversia sobre las decisiones que ha tomado el Gobierno del presidente Petro frente a las decisiones del Banco de la República constituye una evidencia clara de la dificultad de transmitir información económica técnica en un lenguaje accesible y de entendimiento general. Este problema incide directamente en la forma en que la política monetaria, en particular, y la política económica, en general, son interpretadas por la opinión pública, los agentes económicos y los actores políticos, generando lecturas parciales que pueden derivar en cuestionamientos a la institucionalidad que la sustenta. La pedagogía de la economía como disciplina sigue siendo una tarea pendiente.
La Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) decidió incrementar la tasa de interés de política monetaria hasta 11,25 %, acumulando 200 puntos básicos en 2026, en un contexto de inflación persistente por encima de la meta, presiones inflacionarias derivadas de choques de oferta y expectativas que no han convergido completamente al objetivo del 3 % (Banco de la República, 2026). Desde la perspectiva del Emisor, esta decisión se fundamenta en la necesidad de evitar un desanclaje de expectativas, dado que la inflación básica y las proyecciones inflacionarias continúan por encima del rango objetivo, lo que exige una postura contractiva para garantizar la convergencia hacia la meta (Banco de la República, 2026).
Por su parte, el Gobierno ha sostenido que la inflación actual responde principalmente a factores de costos, particularmente al comportamiento de los alimentos, los precios regulados y los insumos importados, por lo que el aumento de tasas no solo sería ineficaz para corregir estos desequilibrios, sino que podría profundizar la desaceleración económica al encarecer el crédito y afectar la inversión (Redacción Economía, 2026; La Rotta, 2026). Es decir, las presiones inflacionarias son desde el lado de la oferta agregada. Esta interpretación se alinea con el enfoque estructuralista latinoamericano, que plantea que en economías periféricas la inflación puede originarse en restricciones estructurales, cuellos de botella productivos y choques externos, más que en excesos de demanda agregada (Prebisch, 1950; Furtado, 1961).
En este marco, factores como el encarecimiento de insumos importados, los choques energéticos y las limitaciones del aparato productivo explican una parte relevante de la dinámica inflacionaria, lo que implica que la política monetaria, al actuar sobre la demanda agregada, presenta limitaciones para corregir desequilibrios de oferta (Furtado, 1961). Sin embargo, este enfoque resulta insuficiente para comprender el funcionamiento completo de la política monetaria en economías modernas, donde la inflación es un fenómeno intertemporal que depende de la formación de expectativas (Barro y Gordon, 1983).
Este argumento se relaciona con el problema de la inconsistencia dinámica. Kydland y Prescott (1977) demostraron que las autoridades económicas enfrentan un dilema entre compromisos de largo plazo e incentivos de corto plazo: una autoridad puede anunciar una política orientada a mantener baja la inflación para anclar expectativas, pero posteriormente tiene incentivos para aplicar políticas expansivas que estimulen el producto o el empleo. Este comportamiento genera un problema de credibilidad, ya que los agentes anticipan la desviación y ajustan sus expectativas en consecuencia, afectando la efectividad de la política monetaria.
Barro y Gordon (1983) muestran que, en ausencia de mecanismos creíbles de compromiso, la economía converge a un equilibrio con inflación sistemáticamente superior a la deseable, sin mejoras sostenidas en producción o empleo. En este contexto, la inflación se convierte en un problema institucional asociado a la discrecionalidad de la política económica, cuya solución radica en diseñar arreglos que garanticen consistencia intertemporal. La independencia del banco central surge como respuesta a este problema, como lo establece la Constitución de 1991 al otorgar autonomía al Banco de la República y asignarle el mandato de preservar la capacidad adquisitiva de la moneda (Constitución Política de Colombia, 1991).
El tránsito hacia el esquema de inflación objetivo consolidó esta arquitectura, trasladando el foco hacia la credibilidad, la transparencia y la gestión de expectativas (Gómez, Uribe y Vargas, 2002). Este modelo requiere independencia institucional, dado que su efectividad depende de la confianza de los agentes económicos.
Desde una perspectiva normativa, este arreglo puede interpretarse a partir del enfoque de Rawls (1971), según el cual las instituciones deben diseñarse bajo condiciones de incertidumbre respecto a la posición de los individuos. En este contexto, un banco central independiente reduce la discrecionalidad y protege a la economía de decisiones inconsistentes en el tiempo.
La estructura de la JDBR responde a esta lógica. Su diseño con períodos escalonados limita el control político y garantiza continuidad en la toma de decisiones (Banco de la República, 2026). No obstante, la evidencia sobre la alta dirección pública en Colombia muestra una fuerte concentración en perfiles técnicos provenientes de disciplinas como economía, derecho e ingeniería, así como en un grupo reducido de universidades, principalmente ubicadas en Bogotá, con alta presencia de estudios de posgrado en el exterior (Salas et al., 2022). Este patrón sugiere que la toma de decisiones económicas se encuentra mediada por redes académicas y profesionales específicas, lo que ha sido interpretado como una forma de tecnocracia con alta cohesión interna (Palacios, 2002; Caballero, 2016).
Históricamente, este arreglo institucional ha permitido gestionar discrepancias sin afectar la autonomía del Banco. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque se presentaron tensiones en torno a la política monetaria, pero estas se resolvieron dentro de los canales institucionales, manteniendo la legitimidad de la Junta Directiva (Clavijo, 2011; Villar y Rincón, 2018; Banco de la República, 2022).
El episodio reciente introduce un elemento diferenciador. La controversia ha trascendido el ámbito técnico y se ha trasladado al plano político, incluyendo cuestionamientos directos a la legitimidad del Banco de la República. En particular, la decisión del ministro de Hacienda de abandonar la sesión de la Junta Directiva el mismo día en que se adoptó la decisión de política monetaria constituye un hecho sin precedentes en el marco institucional vigente (El Espectador, 2026a). Este comportamiento representa una ruptura en la forma en que históricamente se han tramitado las diferencias entre el Gobierno y el Banco.
Desde una parte de la academia y de opinadores públicos, se ha advertido que el banco central no debe subordinarse a presiones políticas coyunturales, precisamente porque su función es garantizar la estabilidad macroeconómica de largo plazo (El Espectador, 2026b, El Tiempo, 2026, Revista Cambio, 2026). Este planteamiento es consistente con la literatura que destaca la independencia del banco central como un factor determinante en la reducción de la inflación y la estabilidad económica (Alesina y Summers, 1993).
Desde la perspectiva de la inconsistencia dinámica, estas tensiones son estructurales. Los gobiernos enfrentan incentivos para cuestionar políticas contractivas en el corto plazo, especialmente en contextos de desaceleración económica o coyuntura electoral (Kydland y Prescott, 1977). Sin embargo, la existencia de instituciones independientes busca evitar que estos incentivos se traduzcan en decisiones inconsistentes. Cuando estas instituciones se debilitan, la economía pierde su ancla de credibilidad (Barro y Gordon, 1983).
El incremento de tasas de interés tiene efectos contractivos sobre el crédito, la inversión y la actividad económica en el corto plazo. Sin embargo, la evidencia indica que los costos de una inflación elevada son mayores, particularmente para los hogares de menores ingresos (Friedman, 1968).
En este contexto, la agenda de transformación productiva y reducción de desigualdades requiere condiciones de estabilidad macroeconómica para ser sostenible. La autonomía del Banco de la República no constituye un obstáculo para estos objetivos, sino una condición necesaria para garantizar la credibilidad, la inversión y el crecimiento de largo plazo.
En síntesis, la autonomía de la política monetaria es un elemento estructural del sistema económico. Su preservación es fundamental para la estabilidad, la coordinación de expectativas y la sostenibilidad del crecimiento (Alesina y Summers, 1993). La discusión actual no debe centrarse en una decisión puntual de tasas de interés, sino en la defensa de un arreglo institucional que ha sido determinante para la estabilidad económica del país.
