Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
La movilidad social mide en qué grado la posición económica de una persona depende de la de su hogar de origen. En Colombia esa dependencia es alta. Según la OCDE (2018), a una familia ubicada en el diez por ciento más pobre le tomaría alrededor de once generaciones alcanzar el ingreso promedio del país, frente a un promedio de cinco generaciones en los países de esa organización; es la cifra más alta entre los países analizados. Con base en cálculos propios sobre los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE para 2023, 2024, 2025 y comienzos de 2026, se examinó ese fenómeno en el departamento del Magdalena. La hipótesis es que la ruralidad, la informalidad laboral y el género del hogar operan como mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza.
El marco de referencia es la teoría del capital humano. Becker y Tomes (1979, 1986) plantean que las familias invierten en la educación de sus hijos en función de los recursos del hogar: una familia con ingresos estables sostiene a un hijo en la educación superior, mientras que una que depende de un ingreso precario y sin protección social no puede hacerlo. A esto se suman las restricciones de crédito, ya que los hogares pobres y rurales carecen de las garantías necesarias para financiar una inversión educativa de retorno futuro. Un tercer factor es el territorio: Chetty, Hendren, Kline y Saez (2014), con registros de más de cuarenta millones de niños en Estados Unidos, estiman que la probabilidad de que un menor del quintil más pobre alcance el más rico varía entre 4,4 % y 12,9 % según la ciudad de residencia. Capital humano, crédito y territorio son los tres canales que la teoría identifica como determinantes de la transmisión de la desventaja.
La evidencia para Colombia es consistente con ese marco. Dávalos y Monroy Barragán (2025), en Where You Are Born Matters, estiman que cerca de la mitad de la desigualdad de ingresos del país se explica por circunstancias ajenas al individuo, y que el lugar de nacimiento es una de las más determinantes; documentan, además, brechas de género mayores en las zonas rurales. El Banco Mundial (2025), en Colombia: Disparidades regionales y el camino hacia la integración, reporta que el país registra el coeficiente de Gini más alto de América Latina y, junto con México, la mayor disparidad en las tasas de pobreza entre departamentos dentro de la OCDE, además de la brecha de PIB per cápita entre departamentos más amplia de la región. Galvis y Meisel (2014) confirman los bajos niveles de movilidad intergeneracional educativa en Colombia y una correlación negativa entre la desigualdad de una región y su movilidad, y la literatura sobre zonas urbanas y rurales coincide en que la movilidad ascendente es mayor en las primeras. Sobre la informalidad, la OCDE (2022) señala que las altas cargas no salariales encarecen el empleo formal y perpetúan la exclusión; más del sesenta por ciento de los trabajadores colombianos carece de protección social contributiva. La informalidad no es solo un atributo del mercado laboral presente: es un canal de transmisión de desventaja hacia la generación siguiente.
El tratamiento de la información exige una precisión metodológica. La GEIH es una encuesta de corte transversal y no permite seguir a los mismos individuos en el tiempo. Por esta razón, la movilidad intergeneracional se estimó emparejando, dentro de cada hogar, a los hijos de 18 a 25 años con el jefe del hogar; la educación y la condición laboral del jefe se utilizan como aproximación del origen socioeconómico. La informalidad se definió según el criterio oficial del DANE: trabajador ocupado que no cotiza a un fondo de pensiones. El análisis cubre 39 meses, entre enero de 2023 y febrero de 2026, con más de 113.000 registros para el departamento del Magdalena, y todas las estimaciones aplican los factores de expansión de la encuesta. Para aislar el efecto propio de cada factor se estimó un modelo de regresión logística sobre 5.916 pares hijo-jefe de hogar, cuya variable dependiente es la probabilidad de que el hijo alcance el nivel universitario.
Los resultados se ordenan en tres puntos. El primero se refiere a la informalidad: la probabilidad de que el hijo de un trabajador informal en el Magdalena alcance la educación universitaria es de 14,9 %, frente a 39,4 % para el hijo de un trabajador formal. La condición laboral del jefe de hogar, por sí sola, más que duplica la probabilidad de acceso. El segundo se refiere al territorio: esa desventaja se agrava en las zonas rurales, donde la probabilidad de acceso para el hijo de un trabajador informal desciende a 8,2 % y la condición formal apenas la eleva a 14,0 %. El mercado laboral rural remunera débilmente la educación, pues mientras en la zona urbana cada año adicional de escolaridad se asocia con un retorno salarial cercano al 11 %, en la zona rural ese retorno se ubica en torno al 3 %. La población adulta rural registra en promedio 6,7 años de educación, frente a 10,3 en Santa Marta. El campo del Magdalena combina un acceso reducido a la educación superior con un mercado que apenas retribuye la formación adicional.
El tercer resultado se refiere al género. Las cifras descriptivas no muestran diferencias entre hogares con jefatura masculina y femenina, pero el modelo de regresión logística sí las identifica una vez que se controla simultáneamente por la educación del jefe, la zona de residencia y la informalidad. Bajo esos controles, la jefatura femenina del hogar se asocia con una reducción significativa en la probabilidad de acceso universitario de los hijos, con una razón de probabilidad de 0,67. El efecto que las cifras simples no revelan, por estar compensado por otros factores, se identifica con claridad en el análisis multivariado, y es consistente con la mayor vulnerabilidad económica de los hogares encabezados por mujeres y con las brechas de género que Dávalos y Monroy Barragán (2025) documentan en las zonas rurales.
Los tres factores no actúan de forma aislada, sino acumulativa. El modelo permite estimar la probabilidad de acceso universitario por perfiles de hogar. Un hijo varón de un jefe de hogar formal residente en Santa Marta registra una probabilidad de 15,4 %; una hija de una jefa de hogar informal residente en zona rural registra 2,7 %. La razón entre el escenario más favorable y el más adverso es de casi seis a uno. Estos resultados revelan una paradoja: en el campo del Magdalena la movilidad educativa medida en años de escolaridad es alta, ya que cerca del 60 % de los hijos jóvenes superan el nivel educativo de sus padres, que parten de niveles muy bajos. Pero ese ascenso se detiene antes de la educación universitaria y no se traduce en mayores ingresos, por los reducidos retornos del mercado rural. Es movilidad en la cobertura y no en los resultados: la combinación de baja escolaridad de origen, alta informalidad y retornos casi nulos configura un mecanismo de reproducción intergeneracional de la pobreza.
El ejercicio tiene limitaciones. El emparejamiento intra-hogar excluye a los hijos ya emancipados, lo que introduce un sesgo de selección, dado que los jóvenes con mayor movilidad tienden a abandonar antes el hogar de origen. Los tamaños de muestra para zonas específicas, en particular los hogares rurales formales, son reducidos, por lo que algunas cifras deben leerse como órdenes de magnitud. Los datos de 2026 corresponden solo a enero y febrero y tienen carácter preliminar. Con estas salvedades, los resultados son coherentes entre sí y con la literatura nacional e internacional.
El desafío de política pública se ordena en los mismos tres ejes. En materia rural, se requiere ampliar la oferta de educación superior técnica, tecnológica y universitaria pertinente en los municipios distintos de Santa Marta, junto con políticas de desarrollo productivo que generen demanda efectiva por esa formación. En materia de informalidad, desligar el acceso a la protección social de la condición de formalidad del trabajador, como ha recomendado la OCDE, reduce uno de los canales más directos de transmisión de la desventaja. En materia de género, las políticas de cuidado y de protección a la jefatura femenina vulnerable deben integrarse a la estrategia de movilidad social y no tratarse como un componente sectorial separado. Estos factores se refuerzan entre sí, de modo que las intervenciones que abordan uno solo de los ejes tienen un alcance limitado. Mientras la ruralidad, la informalidad y la jefatura femenina sigan determinando, casi desde el nacimiento, la probabilidad de que un menor acceda a la educación superior, el Departamento continuará reproduciendo su estructura de desigualdad y desaprovechando una parte de su capital humano.
