Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
Tres días después de la bomba del 6 de agosto de 1945, los tranvías de Hiroshima volvieron a circular (Gobierno de la Prefectura de Hiroshima, s. f.), y en 1950 nació su equipo de béisbol, los Carp, sostenido con los ahorros que los hinchas echaban en un barril (Kimura, 2023). Ocho meses después del terremoto del 19 de septiembre de 1985, México inauguró el Mundial de 1986 (Campos, 2026), el que Colombia había devuelto en 1982 por no poder costearlo (Raymond, 2021), y de los escombros surgieron los voluntarios Topos (Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, s. f.). Ninguno se compara en magnitud con el paro armado que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada impusieron en Santa Marta el 23 y el 24 de septiembre (Lozano, 2026), pero ambos enseñan que un choque destruye primero expectativas, y reconstruirlas exige que el Estado demuestre que las reglas son suyas.
El tamaño del choque merece precisión. La Cámara de Comercio estimó pérdidas de $39.590 millones diarios en el Distrito —$79.180 millones en dos días— y de $40.636 millones al incluir Ciénaga y Zona Bananera, con base en 22.435 establecimientos y tres sectores: comercio con 48.140 ocupados, transporte con 26.010 y hoteles y restaurantes con 25.280, cerca del 60 % informal (Gómez, 2026). Su presidente ejecutivo, Carlos Jaramillo Ríos, advirtió: «Para quien vive de la venta del día, no poder trabajar significa una preocupación inmediata por los gastos de su casa. Necesitamos que las medidas de seguridad tengan continuidad y permitan abrir los negocios, movilizarse y abastecerse con tranquilidad» (Gómez, 2026).
Los cálculos propios coinciden. El PIB distrital de 2025, $8,7 billones, equivalió a $23.835 millones diarios (CCSM, 2025; DANE, 2025). Con una parálisis del 74,8 % —95 % en comercio y transporte, 90 % en alojamiento y comidas, 30 % en administración pública—, la pérdida directa osciló entre $35.657 y $59.226 millones (Morón, 2026). Con un multiplicador de 1,6, cada peso perdido arrastra otros 60 centavos en proveedores y consumo, y la pérdida total llega a $94.762 millones, entre el 0,41 % y el 1,09 % del PIB anual. Fedetranscarga sumó $81.000 millones en la carga y 3.000 camiones represados (Herrera, 2026).
La distribución de esa pérdida importa más que su monto. Más de 25.000 personas dependen del mototaxismo, con ingresos de $35.000 diarios y sin afiliación a la seguridad social (Morón, 2025); según cálculos propios, el paro les restó cerca de $1.750 millones sin reposición. Para el asalariado formal el paro fue una jornada perdida; para el vendedor, el carpero, el lanchero o el mototaxista fue ingreso perdido y capital de trabajo consumido en el mercado. El choque fue simétrico en el cierre y asimétrico en el daño.
El turismo recibió el golpe en el peor momento. Según Cotelco, la ocupación cayó por debajo del 38 % en el casco urbano y al 15 % en la zona rural hacia el Tayrona y Palomino (Monsalve, 2026), cuando el gremio esperaba el 70 % para el receso del 2 al 12 de octubre (Bernal, 2026). Como lo advertí en entrevista radial, el turismo pierde además las reservas futuras, porque la demanda responde a la violencia con rezagos y se desplaza a destinos sustitutos (Enders et al., 1992).
La respuesta militar del Estado fue rápida. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizar la ciudad el 22 de septiembre (Presidencia de la República, 2026); llegaron 500 militares y 600 policías (Lozano, 2026), y el 25 presidió un consejo de seguridad con la gobernadora Margarita Guerra y el alcalde Carlos Pinedo, donde reportó 72 capturas y ordenó trasladar detenidos fuera del Magdalena (Sánchez, 2026). La Gobernación acompañó desde las 5:30 la reapertura del mercado público (El Colombiano, 2026). Es un reconocimiento merecido; sin embargo, las medidas fueron de orden público (Sánchez, 2026) y los alivios económicos los propusieron los empresarios (Escobar, 2026); la confianza no la devuelve un batallón, sino reglas que se cumplen.
La teoría ordena el diagnóstico. El paro fue un choque de oferta y demanda: cerró la producción y suprimió el gasto. La covid-19 golpeó a todos los destinos a la vez, sin sustitutos (Gössling et al., 2021), y su reapertura liberó demanda represada: la ocupación hotelera llegó al 90,2 % a fines de 2021 (Iguarán, 2022). Un paro es local y el turista cambia de destino: esa es la dimensión reputacional. Davis y Weinstein (2002) hallaron que las ciudades japonesas bombardeadas se recuperaron por la geografía, y Santa Marta conserva el mar, la Sierra y el puerto; sin embargo, Blanchard y Summers (1986) advirtieron que un choque transitorio deja efectos permanentes —histéresis— cuando destruye capacidades, como el capital de trabajo del informal.
La confianza en un destino es un bien público (Samuelson, 1954), y esos bienes se subproveen porque cada actor espera que otro asuma el costo (Olson, 1965). La seguridad es el primero. Becker (1968) mostró que disuade más la certeza de la sanción que su severidad: la extorsión es un negocio y se desmonta con fiscales, jueces e inteligencia financiera, no con tropas. North (1990) definió las instituciones como reglas que reducen la incertidumbre, y Acemoglu y Robinson (2012) mostraron que la prosperidad exige un Estado que las haga cumplir. En consecuencia, un paro armado sustituye esas reglas, y la seguridad se gana con institucionalidad, no con operativos.
Ahí entra el presupuesto. El Presupuesto General de la Nación 2027, aprobado en primer debate por $634,9 billones, destina $86,9 billones a inversión y debe expedirse antes del 20 de octubre (Becerra, 2026). El presidente anunció que las desalinizadoras del CONPES 4159 de 2025 «no van» y que sus $786.032 millones para 2026-2030 están en el Confis (La Vibrante, 2026). Esa plata no debe regresar a la bolsa. El gobierno saliente dejó en marcha más de $1,6 billones en acueducto y alcantarillado, entre ellos El Curval y la EBAR Norte (Urieles, 2026), pero atienden el agua, no la reactivación. Según cálculos propios, la pérdida máxima equivale al 0,015 % del presupuesto: no es un problema de caja, sino de prioridad.
Las propuestas deben tener responsable, instrumento y plazo. En primer lugar, un CONPES que mantenga en Santa Marta los $786.032 millones, para agua e infraestructura, con cronograma este año. En segundo lugar, seguridad con institucionalidad: planes de seguridad y convivencia de Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera con metas de judicialización de la extorsión, que sumó 62 casos en el primer semestre, 50 % más que un año atrás (El Colombiano, 2026); una unidad de fiscales e inteligencia financiera contra el lavado, y claridad jurídica sobre la ley de sometimiento, anunciada el 20 de septiembre y aún sin radicar (El Heraldo, 2026). En tercer lugar, oferta institucional —juzgados, Registraduría, salud, escuelas y vías— en los corregimientos, Dibulla y los municipios de la Sierra, y el ordenamiento territorial del macizo, porque donde el Estado no llega, otro cobra.
En cuarto lugar, un plan de choque como los decretos del terremoto del 10 de agosto, que crearon el Fondo Milagro y obras por impuestos extraordinarias (El Espectador, 2026): periodos de gracia, líneas de Bancóldex vía microfinancieras, aplazamiento del ICA y extensión de las obras por impuestos a Santa Marta y la Sierra. En quinto lugar, que el gabinete sesione en Santa Marta durante el receso. En sexto lugar, la cadena de pagos: Distrito, Gobernación y grandes empresas deben pagar a tiempo, porque una factura pagada es liquidez sin costo. A la ciudadanía le toca comprar en el barrio y no reenviar el audio del miedo.
Lo más sensato es reconocer que Santa Marta no necesita un Mundial para demostrar que sigue en pie; a Hiroshima le bastó un tranvía, pero lo puso a andar una autoridad que funcionaba. Un batallón despeja la calle; una institución sostiene la confianza; y la factura que pagaron el tendero y el mototaxista es una cuenta pendiente del Estado.
